El exministro de Transportes ha pasado al contraataque en el ‘caso Koldo’ sin que esté todavía ni siquiera imputado. José Luis Ábalos ha enviado un escrito a la Audiencia Nacional este mismo viernes en el que pide anular el informe pericial –encargado por su sucesor Óscar Puente— que lo señala directamente como responsable de la dudosa gestión de las mascarillas y que se ha incorporado a la investigación como prueba. Además, Ábalos, que pide que se le admita en la causa como perjudicado, ha pagado una pericial propia para desmontar los argumentos de ese documento.
«A día de hoy el juzgado al que me dirijo no ha realizado intimación o petición de información alguna a mi representado ni por supuesto se le ha llamado en ninguna condición. Lo cierto es que sin estar afectado […] ha solicitado al Ministerio de Transporte y Movilidad sostenible, un documento elaborado por los servicios de inspección del citado Ministerio, bajo la cobertura de una pretendida autoría«, dice el escrito a la que ha tenido acceso El Independiente.
Para él, este informe «debería tener sólo la virtualidad de control interno a efectos de recomendar mejoras en la gestión del servicio» y, en cambio, el departamento de Puente «de forma deliberada» le ha dado difusión pública que ha logrado que el Juzgado lo incorpore al sumario. Este análisis, que Transportes publicó a finales de agosto, venía a señalar el descontrol en la compra de mascarillas, cómo Ábalos duplicó la orden de compra a la empresa que ahora está acusada de corrupción (Soluciones de Gestión S.L.) pagándole el doble o cómo en el Ministerio se almacenaron palés de material sanitario que nadie recepcionó debidamente o que se escondieron en un almacén.
Este es precisamente el objeto de la investigación conocida como ‘caso Koldo’ y que el magistrado de la Audiencia Nacional Ismael Moreno tiene encima de su mesa: la compra de millones de mascarillas durante la pandemia con una trama de empresarios que presuntamente se nutría de comisiones ilegales beneficiándose de su relación con Koldo García, el que fuera asesor de Ábalos en el Ministerio. Por el momento la causa no a escalado hasta él, pero tal y como avanzó este medio, la Fiscalía Anticorrupción está esperando un informe de la Guardia Civil para pedir su imputación.
El exministro ha pagado un perito para «analizar y valorar» la «falta de metodología como auditoría» de este informe de Puente y «desvirtuar todas y cada una de las afirmaciones» que acusan al exsecretario de organización del PSOE. «Esta incorporación al proceso, y la falta de legalidad y legitimidad del documento aportado es la que le ubica en la condición de afectado por el presente proceso, habida cuenta que dicho documento se focaliza de forma directa en su actuación y con el solo ánimo de perjudicarme», señala Ábalos a la Audiencia Nacional. Por eso, solicita al juez que le deje entrar en el procedimiento como perjudicado.
