Talgo ha perdido un 25% de su valor en bolsa, en las últimas semanas, desde el anuncio del Gobierno de vetar la oferta pública de adquisición (opa) lanzada por Magyar Vagon (o Ganz-MaVag). El consorcio húngaro ofrecía cinco euros por títulos a los actuales accionistas de Talgo, cuantía que valoraba la compañía en 619,3 millones de euros. En su última sesión bursátil, la acción cotizaba a 3,74 euros, que sitúa la capitalización bursátil en 463,2 millones, una pérdida de 156,1 millones.
Antes del 16 de noviembre de 2023, día que Talgo confirmó en un hecho relevante a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) que estaba en negociaciones con un inversor para vender la compañía, la cotización se movía por debajo de los cuatro euros, tras haber registrado sus mínimos históricos en 2,35 en octubre y noviembre de 2022. La noticia disparó la acción casi un 12% en una sola jornada, hasta los 4,4 euros por acción.
Meses más tarde, el 8 de febrero de este año, una vez confirmada la identidad del potencial oferente, Magyar Vagón, los títulos volvieron a dispararse hasta alcanzar su máximo de los últimos dos años, en 4,8 euros. Rápidamente, tal y como adelantó en primicia ACTIVOS, el vertical económico de Prensa Ibérica, el Gobierno hizo público sus discrepancias con la oferta, provocando que, desde las cotas mencionadas, la capitalización de Talgo se haya menguado en 131,29 millones de euros hasta el cierre del pasado miércoles.
Sin ir más lejos, desde el pasado 27 de agosto, fecha en la que el Ministerio de Economía confirmó el veto a la opa del consorcio húngaro, jornada en la que las acciones se derrumbaron un 8,8%, la ‘sangría’ se ha elevado hasta un desplome del 13% en solo siete jornadas bursátiles.
Los accionistas minoritarios, contra el Gobierno
La Asociación Española de Accionistas Minoritarios de Empresas Cotizadas (AEMEC) trabaja ya en acciones legales contra el veto del Gobierno para «defender los derechos de los más de 8.000 accionistas de Talgo que se encuentran en una situación de indefensión ante la limitación de una oferta voluntaria efectuada por un grupo empresarial de la Unión Europea e iniciará las acciones que correspondan tanto en vía administrativa, contencioso-administrativa, civil y la penal, para resarcir los daños que se produzcan a los accionistas», señalaron en un comunicado nada más conocerse el veto del Gobierno
Esta asociación considera que «no se dan los supuestos legalmente establecidos para la suspensión de la opa», recogidos en el ‘escudo antiopas’ «Recurriremos cualquier decisión del Consejo de Ministros, del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo y de la Junta de Inversiones Exteriores que impida a los accionistas ejercer su legítimo derecho de venta en un proceso de oferta y que no se ajuste a la Ley o que resulte arbitrario o injusto u obedezca a razones políticas o ideológicas, recordando que las decisiones de las administraciones públicas no pueden resultar arbitrarias, tal como establece la propia Constitución Española», anunciaron en la misiva.
Los sindicatos exigen un plan industrial
Desde que se conoció el veto, los sindicatos han exigido al Gobierno ayuda para resolver el problema industrial de Talgo. El último ha sido la Federación de Industria, Construcción y Agro de UGT, que ha denunciado que «no haber hecho las inversiones apropiadas a tiempo están poniendo en riesgo los empleos de los trabajadores», ya que las fábricas están llenas y las entregas a los clientes apremian. UGT ha pedido soluciones a la actual dirección del fabricante ferroviario, mientras Comisiones Obreras (CCOO) la pasada semana una reunión urgente con la dirección de Talgo y el Gobierno para aclarar el futuro del fabricante y las potenciales soluciones a su falta de capacidad para atender toda la carga de trabajo.
