El golpe sobre la mesa del Gobierno de Canarias por el colapso de la red de acogida de menores migrantes no acompañados es fruto de la desesperación. Tras más de un año clamando ayuda al Estado, poniendo soluciones sobre la mesa, negociando con los grupos parlamentarios, la respuesta a la emergencia humanitaria no llega. Quienes pueden poner remedio a la urgencia, miran hacia otro lado y se enzarzan en una bronca política yerma. Ante este escenario, en el que los principales perjudicados son niños y adolescentes extremadamente vulnerables, el Ejecutivo canario ha decidido plantarse y no admitir la acogida de más menores migrantes.
El presidente Fernando Clavijo anunció el lunes que, ante la sobresaturación de los recursos de las Islas, dejaba en manos del Estado a los niños que llegaran a partir de ahora al Archipiélago, al considerar que no están en desamparo, pues al cruzar la frontera están provisionalmente bajo custodia policial. Pero, ¿en qué se basa Canarias para tomar esta decisión? ¿Tiene alguna base jurídica la medida?
Atendimiento mutuo
El doctor en Derecho y profesor de Derecho Constitucional en la Universidad de La Laguna (ULL) Gerardo Pérez sostiene que Canarias puede estar sintiéndose «desamparada» por la falta de solidaridad interterritorial, pues tanto el Estado como el resto de comunidades autónomas deben auxiliar al territorio que esté atravesando por una situación excepcional que, en este caso, es de índole migratoria y humanitaria.
Varios artículos de la Constitución recogen los principios de «solidaridad y atendimiento y socorro mutuo» ante situaciones de emergencia. El experto explica que esta norma funciona «relativamente bien» ante emergencias climáticas como, por ejemplo, un incendio. Cuando, tanto el Gobierno central como los autonómicos, ponen a disposición sus medios materiales y humanos para combatir frente a las llamas.
Expertos ven en la pasividad estatal por el control migratorio una baza para el Ejecutivo regional
El experto destaca que entre Estado y comunidad autónoma debe haber una «coordinación» para que el ejercicio de las competencias sea efectivo y eficaz. Así, sostiene que el Estado es el único responsable del control de la inmigración y de las fronteras y que la comunidad autónoma debe asumir la asistencia sociosanitaria de los menores migrantes- Por esto, entiende que el Ejecutivo regional denuncia la «dejación de funciones» o la «pasividad» del Gobierno de España con respecto a la fiscalización de las fronteras, porque afecta directamente a la llegada irregular de niños y jóvenes no acompañados. Es decir, son dos competencias que van vinculadas y que si una falla la otra se ve perjudicada. «Solo si el Estado ejercita bien sus funciones en el control de fronteras, Canarias podrá ejercer bien su función de asistencia de los niños», aclara.
El órdago que lanzó el Ejecutivo de Clavijo ha sido espoleado por la impotencia ante el colapso de los centros y la falta de infraestructuras y recursos para seguir atendiendo a más niños. Actualmente, Canarias tiene bajo su tutela a 5.283 niños y adolescentes que están acogidos en 80 centros, de los que 50 han sido abiertos en el último año. En ellos una sobreocupación que ronda las mil plazas. «El Archipiélago no puede asumir en solitario la atención e integración de todos los menores que llegan de África de forma irregular. No por un tema competencial, sino por una cuestión de imposibilidad material y física», advierte Pérez.
En tela de juicio desde 2022
La decisión de Canarias de dejar a los niños bajo la tutela estatal, advierte el doctor en Derecho, podría acarrear consecuencias jurídicas para el Ejecutivo autonómico, al igual que este podría denunciar al Estado si entiende que no ha ejercido correctamente sus competencias en inmigración y extranjería. «Se pueden acusar mutuamente y pueden hacerse reproches en ambos sentidos», señala el experto. A su juicio, «Canarias podría tener gran parte de razón», pero apunta que «lo difícil es establecer qué porcentaje de responsabilidad tiene cada una de las partes implicadas», algo que debe determinar un tribunal. En este sentido, recuerda que la vía judicial no es rápida y la situación es «lo suficientemente preocupante como para que haya una solución política a corto plazo».
Gerardo Pérez (ULL): «Canarias y Estado se pueden acusar mutuamente por las competencias»
Esta no es la primera vez que Canarias pone en duda que la comunidad autónoma sea la única responsable de los menores migrantes. En la reunión de la Conferencia Sectorial de Infancia y Adolescencia celebrada en marzo de 2022, el Ejecutivo canario, en ese momento liderado por Ángel Víctor Torres, ya puso sobre la mesa un informe jurídico en el que se ponía en tela de juicio esta responsabilidad. Los servicios jurídicos del Gobierno Canario consideraban entonces que, al menos, «son competencias concurrentes con el Estado» en aplicación del artículo 35 de la ley de extranjería, que indica que, «hasta que los menores no sean documentados, son responsabilidad del Estado».
Canarias alegaba entonces que los menores en frontera son competencia de extranjería. Una vez documentado, la Fiscalía lo pone a disposición de los servicios competentes de la comunidad autónoma. Además, los abogados del Ejecutivo canario defendían que no tiene sentido que las comunidades tengan que asumir a los menores desde su entrada en el territorio español y apuntaban que hecho de que los ministerios de Migraciones y del Interior no tengan recursos de primera acogida para estos niños no quiere decir que sean directamente competencia de las autonomías.
