El fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, ha advertido este jueves sobre lo «perturbador» de los efectos que puede generar la figura penal de la acusación popular «cuando se pretenden utilidades privadas, políticas, religiosas, corporativas, económicas, mediáticas, e incluso meramente procesales». De este modo, ha arremetido contra «el acceso directo a los órganos judiciales de investigación sin filtro alguno«, se aumente «el riesgo de investigaciones prospectivas».
