El Rey Felipe VI preside este jueves la Apertura del Año Judicial, el acto de mayor relevancia institucional del mundo de la justicia, y por primera vez en la historia de nuestro país será una mujer, la recién nombrada presidenta del Consejo General del Poder Judicial, Isabel Perelló, quien le reciba a las Puertas del Tribunal Supremo junto al fiscal general del Estado, Álvaro García.
El año judicial que echa hoy a andar no tiene agendados juicios de gran calado para los próximos meses, pero sí decisiones aún pendientes e investigaciones en marcha de gran impacto político y que afectan especialmente a decisiones adoptadas por el Gobierno de Pedro Sánchez y al propio entorno del presidente.
La más cercana, la que afecta a su esposa. El juez Juan Carlos Peinado ni siquiera esperó a que terminara agosto, y en las últimas semanas ha reactivado el caso por presunto tráfico de influencias y corrupción en los negocios contra Begoña Gómez mediante un registro en las oficinas y la vivienda del empresario al que presuntamente benefició, Juan Carlos Barrabés, y la toma de declaración de los financiadores de su cátedra en la Universidad Complutense, altos directivos de Fundación La Caixa y Reale Seguros.
En una reciente providencia, el titular del Juzgado de Instrucción número 41 llegó a sugerir que el silencio del presidente del Gobierno Pedro Sánchez durante su interrogatorio en Moncloa a finales de julio permite sacar «conclusiones». Ello llevó a Sánchez a ampliar la querella por prevaricación que ya había presentado contra el juez –algo insólito en democracia– a la que se suma la presentada en el mismo sentido por su mujer. Queda pendiente conocer cuál será la postura de la Fiscalía ante ambos movimientos, y si la justicia los admite al menos a trámite.
Mientras tanto, la continuidad del propio caso se encuentra a expensas de que la Audiencia Provincial de Madrid comience a deliberar, el próximo 30 de septiembre, sobre los recursos de la Fiscalía y la defensa de Gómez que ponen en cuestión la instrucción de Peinado. Una parte sustancial de la causa, en todo caso, sigue en manos de la Fiscalía Europea al afectar a contratos de la entidad pública Red.es financiados con fondos de la UE.
El otro frente contra el entorno de Sánchez es el que afecta a su hermano, David Sánchez, por supuestas conductas corruptas relacionadas con su puesto de alta dirección en la Diputación de Badajoz. En esta causa, la jueza Beatriz Biedma desconfía del informe de Hacienda que exoneraba al músico de cualquier tacha de carácter tributario porque no venía firmado, y exige que se identifique a su autor
Koldo y Fiscal general
Otro de los casos más relevantes que afectan al Gobierno es el que apunta a una posible responsabilidad del exministro de Transportes José Luis Ábalos en la presunta trama corrupta para la compra de mascarillas conocida como caso Koldo, que lleva el nombre del exasesor de Ábalos que hizo de contacto con los empresarios que dieron un pelotazo de más de 50 millones al inicio de la pandemia.
La instrucción que inició el pasado mes de febrero el juez de la Audiencia Nacional Ismael Moreno ha dado un fuerte impulso gracias al informe de auditoría realizado por el actual responsable del Ministerio, Óscar Puente, que señala directamente a su predecesor y a otros altos cargos, como el exsubsecretario Jesús Manuel Gómez, recientemente imputado y cesado. Moreno ha impedido que la Abogacía del Estado siga representando a este ex alto cargo e comienza septiembre con una ronda de declaraciones que incluye como testigo al exCEO de Globalia Javier Hidalgo.
Pero una de las causas que puede poner en un mayor brete al Gobierno es la iniciada por la pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, el empresario Alberto González Amador, contra los fiscales que, a su vez, le investigan por presuntos delitos fiscales y de falsificación de documentos. Les imputa revelación de secretos mediante una nota de prensa y el asunto ha terminado salpicando al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, pendiente de que el Tribunal Supremo admita la petición del juez del caso para imputarle por revelación de secretos. Algo también inédito en nuestra historia reciente.
Además, la pareja de Ayuso ha puesto en marcha una ofensiva ante los tribunales para defender su honor frente a lo que considera una estrategia política del PSOE y Más Madrid, que ejercen la oposición contra su pareja Isabel Díaz Ayuso en la Comunidad de Madrid. Las demandas afectan a la vicepresidenta María Jesús Montero, a la que acusa de difundir sus datos tributarios, a la ministra Diana Morant y al diputado socialista José Zaragoza, además de al dircom del PSOE, la concejala Rita Maestre y su partido Más Madrid.
Amnistía con recorrido
Como trasfondo de este frente judicial contra el Gobierno, los recursos que el Tribunal Supremo aún tiene pendiente resolver tras su decisión de no aplicar la amnistía al expresident por dos veces huido Carles Puigdemont y a los condenados por el procés, al considerar que el delito de malversación que les fue atribuido se lo impide. Tanto la Fiscalía como la Abogacía del Estado y las defensas de los dirigentes independentistas han recurrido, y una vez hable el Tribunal Supremo tendrán oportunidad de continuar litigando en el Constitucional.
La otra batalla pendiente de la Amnistía, la próxima semana, el Pleno del órgano de garantías ya incluye la posible admisión a trámite del recurso de inconstitucionalidad que el propio Tribunal Supremo ha presentado sobre el primer artículo de la ley. El tribunal espera que después vayan llegando, además de los recursos derivados de la aplicación o no de la norma, los recursos de inconstitucionalidad que han anunciado Vox, el PP y varias autonomías gobernadas por este partido.
