El empresario Alberto González Amador ha acudido a los tribunales contra lo que considera una “estrategia” política del PSOE, y también de Más Madrid, dirigida a difamarle por su condición de pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, y de utilizar para ello la información que obtienen como partes personadas en la causa que se instruye contra él por delitos fiscales y falsedad documental. Mediante la interposición este mismo lunes de varias demandas, busca que la oposición se retracte de las manifestaciones y mensajes en redes que ha realizado en las últimas semanas y, en caso de negativa, anuncia la interposición de querellas.
Así se deduce del contenido de las demandas, a las que ha tenido acceso este diario, y que van dirigidas contra el director de Comunicación del PSOE, Ion Antolín; la ministra de Ciencia, Innovación y Universidades, Diana Morant; el diputado socialista José Zaragoza, la concejal de Más Madrid Rita Maestre y también contra este partido, por sus mensajes en la red social X y el contenido de notas de prensa y manifestaciones realizadas contra el empresario.
Estas acciones suponen un paso previo para la presentación de querellas por injurias y calumnias por la defensa de González Amador, que ejerce el letrado Gabriel Rodríguez Ramos. De momento, ha presentado las papeletas de conciliación que obligarán a llamar ante el juez a los denunciados para que se retracten y le indemnicen con cantidades que oscilan entre los 10.000 y los 30.000 euros por los daños morales producidos.
El pasado mes de julio ya se conoció que un juzgado había citado a la vicepresidenta María Jesús Montero a un acto de conciliación con la pareja de Ayuso, que reclama a la ministra 40.000 euros por unas declaraciones que ella realizó sobre su persona, como acto previo a la posible presentación de una querella por revelación de secretos. Las actuaciones conocidas este martes siguen la misma estrategia.
Quirón, la vivienda y el honor
El documento más extenso es el que se presenta ahora contra el PSOE y su director de comunicación, que apunta que el partido de Pedro Sánchez utilizó su personación en la causa por delito fiscal para apuntalar los mensajes contra el novio de la presidenta madrileña que éste considera que vulneran su honor, como que es comisionista de Quirón Salud o que su domicilio -en el que convive con Díaz Ayuso- está vinculado al cobro de comisiones de esta empresa del sector médico, a testaferros y a préstamos en metálico.
Todas las demandas presentadas buscan que aquellos que aprovecharon su imputación para arremeter contra la presidenta en redes se retracten ante el juez y le reparen por daños morales. De no hacerlo -como es habitual en los actos de conciliación, donde en la mayoría de las ocasiones los citados ni siquiera comparecen- se abre el plazo para la presentación de querellas, que anuncia para los casos del PSOE, Más Madrid y Rita Maestre; o demandas por vulneración del honor en los de Zaragoza y Morant.
Estrategia de comunicación
En el caso del PSOE, la defensa del empresario busca también que su jefe de comunicación se avenga a reconocer que la difusión y publicación de notas informativas relacionadas con este asunto se efectuó en el marco de una estrategia de comunicación que incluyó la revelación a otros miembros del partido de datos del procedimiento judicial y de actuaciones de instrucción penal que eran reservadas, entre las que se encuentra el expediente tributario de González Amador.
Únicamente con la revelación de estos datos, según se señala en las demandas, el PSOE pudo afirmar que las empresas Maxwell Cremona y Masterman&Witaker podrían estar siendo como empresas pantalla para la deducción indebida de gastos, incluso personales del empresario, tal y como señalaban dichas notas, o anunciar la petición a la juez de determinadas diligencias judiciales.
Además de retractarse, piden a Antolín que se comprometa a retirar todo lo publicado de cualquier red social y renuncie a realizar manifestaciones similares en el futuro, al considerarlas difamatorias, vejatorias, e injuriosas. De no hacerlo, que le indemnicen con 30.000 euros, ya que de otro modo se formalizarán las querellas.
