Correos electrónicos que obran en el sumario del caso del despacho de Cristóbal Montoro –que investiga un juez de Tarragona sobre las actividades presuntamente irregulares de la consultora Equipo Económico, que el exministro fundó en 2006–, y cuyo contenido reveló este periódico en exclusiva, pueden ser clave para la resolución final del caso Bárcenas, pendiente de sentencia firme en el Tribunal Supremo.
La acusación que ejercen las exdiputadas socialistas Carmen Ninet y Cristina Moreno en la causa que juzgó el pago en ‘b’ de la sede del PP en Génova ha pedido al Tribunal Supremo que reclame estos documentos, cuya importancia entiende que afecta al corazón del caso y vician de nulidad la sentencia dictada en octubre del 2021 por la Audiencia Nacional, hasta el punto de ser necesario que otro tribunal diferente los tenga en cuenta en una repetición del juicio para elaborar una nueva sentencia.
Según la información publicada el pasado mes de abril por el equipo de investigación de EL PERIÓDICO DE ESPAÑA y EL PERIÓDICO, los correos electrónicos incluidos en el sumario que instruye bajo secreto el juez de Tarragona Rubén Rus Vela evidencian las presuntas maniobras que desplegó la cúpula de Hacienda para evitar que el juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz atribuyera al Partido Popular un delito fiscal en el caso de los papeles de Bárcenas.
Estas maniobras tuvieron su reflejo en el intercambio de correos electrónicos entre los responsables de la Agencia Tributaria y los inspectores a los que correspondía contestar al juez Ruz. De hecho, los investigadores de Hacienda adscritos a la Fiscalía Anticorrupción señalaron en un informe remitido al juez número 2 de Tarragona que podría hablarse de una «eventual intervención sobre decisiones de funcionarios públicos». Por el momento, Anticorrupción rechaza que estas misivas formen parte de la investigación al despacho que fundó Montoro.
Que el Supremo los valore
En su escrito a la Sala de lo Penal del alto tribunal, al que ha tenido acceso este diario, esta acusación insta a se que reclame al Juzgado de Instrucción número 2 de Tarragona la entrega de los correos electrónicos, así como la elaboración por parte de la Oficina Nacional de Investigación del Fraude (ONIF) y por la Unidad de Auxilio de Fiscalía Anticorrupción sendos informes para «valorar la relevancia y certeza de estos documentos».
En caso de que se estime dicha relevancia, reclaman que se anule la sentencia dictada en su día por la Audiencia Nacional, que condenó al extesorero del PP a dos años de cárcel por pagar las obras de Génova con más de un millón de euros «al margen de la facturación y la contabilidad oficial y no declarados a la Hacienda Pública». El PP fue penado como responsable civil subsidiario en la misma cuantía.
Si la sentencia se anula al valorar el contenido de los correos del caso del despacho que fundó Montoro, la causa sería devuelta a la Audiencia Nacional «para que su enjuiciamiento le corresponda a una Sala con una composición distinta», según reclama esta acusación.
Control tras la orden del juez
Los correos publicados en su día dan cuenta de un control por parte de la cúpula de Hacienda sobre las respuestas preparadas para contestar al requerimiento del Juez Ruz. De hecho, el PSOE apunta que el auto del magistrado tenía fecha del 10 de marzo y las misivas se intercambian tan solo dos días después, teniendo acceso a los documentos elaborados por el auxilio judicial. «Tales documentos nunca debieron pasar por las autoridades responsables de Hacienda, y menos que dependiera de ellas las decisiones y alcance de los informes», informa la acusación al Tribunal Supremo.
Estas unidades, por su propia naturaleza, son órganos especializados de carácter judicial, es decir, dependen de la autoridad judicial que cursa un determinado requerimiento, y tras la orden del juez solo deben responder ante el órgano judicial concernido. Por ello, su actividad es autónoma de la organización administrativa en la que está inserta «y no puede ni debe recibir instrucciones, sugerencia y menos aún mandatos u orientaciones», según recuerda esta parte en su escrito al Supremo.
Así debe ocurrir también con los funcionarios de las unidades de auxilio judicial de la Agencia Tributaria, que solo responden ante el juez y deben «servir con objetividad a los intereses generales con sujeción a la ley», defienden en su escrito ante el Supremo.
En este caso, sin embargo, el 12 de marzo de 2015 el jefe de gabinete de Montoro, Felipe Martínez Rico, remitió un email al ministro con las alternativas que creían tener respecto a la posible implicación del PP en el caso: «Si se quiere dar contenido en la respuesta al juez, el plazo vence el domingo, (pero se podría solicitar una prórroga, y se contestaría la semana que viene); si se quiere plantear un conflicto de jurisdicción, el plazo vence el lunes».
Recreación del correo electrónico de 12 de marzo de 2015 enviado por Felipe Martínez Rico a Cristónal Montoro. / Nacho García
«Ya están redactadas las respuestas fáciles»
Después, Martínez Rico avisa al ministro de que, “de momento, ya están redactadas las respuestas ‘fáciles’ (te adjunto los textos): lo que quiere contestar ese auxilio, dando contenido a la petición del juez (hay cuota de delito, por importe de 220.000), y lo que quiere responder la directora de la Oficina Nacional de Investigación del Fraude ONIF (conflicto)”. Al final, Hacienda optó por considerar que el PP, como organización política, no había cometido ningún delito fiscal.
La acusación recuerda que «cualquier intromisión de otro órgano está vedada y supone una injerencia que tiene su correlativa ilicitud incluso penal», añaden, apuntando al delito de tráfico de influencias. De hecho, en otra de las misivas se alerta al propio ministro Montoro de los diversos escenarios que se producen según se apliquen unos criterios u otros: «Si se aplican gastos no hay delito, si no se aplican gastos delito», se dice expresamente.
Recreación del correo electrónico enviado el 11 de marzo de 2015 por Felipe Martínez Rico a Cristóbal Montoro. / Nacho García
La acusación recuerda que también este periódico advertía de la existencia de más correos, ya analizados por Unidades Auxiliares de la Fiscalía Anticorrupción y por la ONIF, que revelan maniobras del Ministerio de Hacienda tendentes a evitar la imputación del PP en el caso de la contabilidad B del Partido Popular «introduciendo argumentos tributarios para lograr la exculpación del PP del delito fiscal del Impuesto de Sociedades ejercicio 2008, por el que finalmente la Sentencia de la Audiencia Nacional absolvió y que es objeto de casación» ahora ante el Supremo.
Ausencia en el juicio
El informe final que fue elaborado por un único funcionario de la Unidad de auxilio, que además no compareció en el juicio por enfermedad, aplica rigurosamente las donaciones ilícitas como no exentas y da una cifra de delito, siguiendo las órdenes del juez. Pero además, introduce una alternativa no pedida, «sino elaborada al margen del requerimiento judicial por la que cabe deducir gastos en aplicación de la ley de mecenazgo que no da cuota delictiva».
Según la acusación del PSOE, si se acordase la nulidad porque se considera que esta arbitrariedad vició al tribunal de instancia y se ordenara un nuevo juicio, todos estos correos podrían ser introducidos en la vista y sometidos a contradicción. «La ignorancia de su existencia no permitió adentrarse en una línea de interrogatorio que abordara la posible falta de objetividad de los peritos y su falta de servicio a los intereses generales para defender unos particulares».
Dada la relevancia del asunto, que reconocen que puede constituir una «grave decisión» para el Supremo, le piden «dar un paso más acerca de la certeza y relevancia de los correos», solicitando al juez de Tarragona testimonio de todo lo actuado para poder valorarlo.
