El juez de la Audiencia Nacional Ismael Moreno ha expulsado del procedimiento a la Abogacía del Estado que actuaba en defensa del que exnúmero 3 en Transportes Jesús Manuel Gómez García, pese a haber sido imputado en el conocido como caso Koldo, en el que se investiga la presunta trama corrupta de compra de mascarillas en pandemia. El magistrado ha adoptado esta decisión después de que los Servicios Jurídicos del Estado no aportaran la correspondiente autorización de la Dirección General de lo Contencioso, imprescindible para asumir la representación y defensa del investigado.
En una providencia a la que ha tenido acceso este diario, el magistrado se ha visto obligado a aplazar la declaración de Gómez García, que estaba prevista para el próximo lunes hasta el día 23 de septiembre, ya que la primera citación tenía por personada a la Abogacía del Estado, pese a que todas las acusaciones personadas en el procedimiento entendían que la misión de esta institución debía ser defender el interés general y no a un alto cargo que había resultado imputado en un presunto caso de corrupción.
Tras el informe de Auditoría reclamado por el juez al actual ministro, Óscar Puente, este procedió a cesar al que hasta entonces había sido su subsecretario. Al no haber sido autorizada la representación por la Dirección General de lo Contencioso, tal y como había solicitado una de las acusaciones, Liberum, el titular del Juzgado Central número 2 ha decidido tener «por apartada a la Abogacía del Estado para asumir la representación y defensa del investigado Jesús Manuel Gómez García en el presente procedimiento».
En un principio el juez era partidario de mantener la personación «sin perjuicio de lo que proceda acordar si a lo largo de la instrucción se produce un conflicto de intereses de comprobarse la eventual existencia de un delito contra la Hacienda Pública». El magistrado se reservaba la posibilidad de ofrecer acciones a la Agencia Tributaria de determinarse la existencia de cuota defraudada en el ejercicio fiscal 2020 por parte de algunos investigados en esta causa.
En sus escritos, las acusaciones recordaban una petición del propio juez a la Agencia Tributaria y a la Oficina Nacional de Investigación del Fraude (ONIF) respecto de determinadas actuaciones inspectoras realizadas a la empresa que lideró las adjudicaciones por más de 50 millones de euros -Soluciones de Gestión y Apoyo a la Empresa- y a diversas entidades vinculadas al presunto comisionista Víctor de Aldama, como son MTM 180 Capital y Deluxe Fortune con respecto a ese ejercicio fiscal.
En marzo Moreno apuntaba en una providencia a la «conexidad subjetiva y objetiva entre los expedientes inspectores de la AEAT-ONIF y los hechos que se investigan en las presentes actuaciones», relativos a la posible comisión de delitos contra la Hacienda Pública. A este respecto, el PP advertía de que, «pese a ser público y notorio el impacto que la presente causa tiene para los intereses del Estado por investigarse hechos de relevancia penal que, entre otras, habrían podido afectar a las arcas del estado, la Agencia Tributaria, a través de la Abogacía del Estado», este departamento no ha instado aún su personación en el caso Koldo.
La imputación de varios cargos del Ministerio de Óscar Puente había sido instada por Anticorrupción a finales del pasado mes de mayo y el juez Moreno los citó una vez que el Supremo falló a favor de cederle la competencia principal de la causa el pasado 26 de julio. Concretamente, serán escuchados en calidad de investigados Gómez García, el director general de Gestión de Personas del Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (ADIF), Michaux Miranda Paniagua y el ex secretario general de Puertos del Estado Álvaro Sánchez Manzanares, ‘Alvarito’, que fue destituido por el ministro Puente.
