El informe final sobre el incendio de la torre Grenfell de Londres, en el que murieron 72 personas el 14 de junio de 2017, ha señalado este miércoles al Gobierno británico y a las empresas proveedoras de los materiales de construcción como principales responsables de la tragedia. Unas conclusiones que llegan siete años después del incendio y que también han puesto el foco sobre las autoridades locales, los servicios de inspección de edificios y en la deficiente respuesta y coordinación de los bomberos de Londres. Todos ellos tuvieron parte de responsabilidad, asegura el informe, en el que ha sido uno de los episodios más grises de la historia reciente del Reino Unido.
“Todas las muertes ocurridas eran evitables. Los responsables de garantizar la seguridad del edificio fracasaron estrepitosamente durante años y de muchas maneras”, ha asegurado el presidente de la comisión de investigación, Martin Moore-Bick, en la lectura de las conclusiones. “No todas las partes tienen el mismo grado de responsabilidad en la catástrofe, pero tal y como muestra nuestro informe, todas contribuyeron de una forma u otra. En la mayoría de los casos lo hicieron por incompetencia, pero en otros casos fue por deshonestidad y por avaricia”, ha añadido.
Mentiras deliberadas
Entre las principales responsables está la empresa Arconic, encargada de fabricar los paneles de revestimiento instalados en una reforma del edificio y que acabaron provocando la rápida propagación del fuego. Según el informe, la compañía “ocultó deliberadamente” el riesgo para la seguridad que suponían estos paneles rellenos de poliuretano, un material altamente inflamable. “Hemos descubierto que hubo una deshonestidad sistemática por parte de los fabricantes, incluidas manipulaciones deliberadas de los procesos de tests e intentos calculados de engañar a los compradores para hacerles creer que los materiales inflamables cumplían con las directrices legales”, ha asegurado Moore-Bick. Otras empresas implicadas, entre ellas Kingspan y Celotex, también han sido acusadas de “engañar”.
La investigación ha atribuido parte de la responsabilidad a los sucesivos gobiernos en los años 90 y principios de los 2000, a los que ha acusado de “décadas de fracasos”, con especial mención al Gobierno de coalición del exprimer ministro David Cameron, quien contribuyó a que los asuntos relacionados con la seguridad en la construcción fuesen “ignorados, retrasados o desatendidos”, en un intento por estimular la economía en plena crisis financiera. Los distintos gobiernos también pasaron por alto durante décadas las pruebas que demostraban que el revestimiento utilizado en la torre Grenfell “ardía de forma violenta”.
Además de la atribución de responsabilidades al Gobierno y a los fabricantes de los materiales de construcción, la investigación señala que la respuesta de los bomberos de Londres fue inadecuada y contribuyó al elevado número de víctimas mortales. “Hemos detectado que hubo deficiencias en la organización de la sala de control y en el entrenamiento de sus responsables. También hubo deficiencias en la recolección de la información necesaria para preparar a los equipos y para responder de forma efectiva a los incendios en edificios concretos”, ha señalado Moore-Bick, quien ha atribuido el problema a una “falta de liderazgo crónica” y a una “actitud de complacencia”. El informe también responsabiliza a los ingenieros que aprobaron el uso de estos materiales y a las principales empresas constructoras.
Asunción de responsabilidades
El primer ministro, Keir Starmer, ha pedido disculpas en nombre del Estado a las víctimas afectadas por la tragedia. “Nunca debería haber ocurrido. El país no cumplió con su deber más fundamental, protegerlos a ustedes y a sus seres queridos. Lo lamento profundamente”, ha asegurado en su intervención semanal en la Cámara de los Comunes. Unas disculpas a las que se ha sumado el líder de la oposición y exprimer ministro Rishi Sunak, quien ha apoyado la implementación de las recomendaciones fijadas en el informe para evitar que se repita la tragedia, entre ellas la creación de un regulador que controle a la industria de la construcción. Starmer ya ha anunciado su intención de prohibir que las empresas señaladas reciban contratos públicos.
Además de la toma de posibles decisiones a nivel político, la conclusión de la investigación abre la puerta ahora al procesamiento por la vía judicial de los máximos responsables. La Policía Metropolitana de Londres aseguró el pasado mayo estar investigando a al menos 58 personas y 19 organizaciones por distintos delitos, entre ellos homicidio por negligencia, fraude y mal ejercicio de cargos públicos. La asociación de víctimas Justice 4 Grenfell ha recordado a las autoridades su “obligación de examinar las pruebas” y ha pedido que los máximos responsables se enfrenten a la justicia “sin ningún velo corporativo o estatal tras el que esconderse”, aunque todo apunta a que los eventuales juicios no comenzarán hasta 2027.
