«Hola, soy Marina. Me dedico a la gestión de citas. El pago no es por adelantado». Este es uno de los mensajes que una vendedora de citas de Extranjería ofrece a través de un canal de Telegram. Ella ofrece cada reserva a 35 euros. «Me puedes enviar tu número de Whatsapp y te pido los datos que necesito para obtenerla», indica en una conversación privada. Como Marina hay decenas de pícaros que pretenden hacer de la necesidad negocio en un espacio de la red de mensajería Telegram con casi 1.500 miembros, cientos de ellos migrantes que necesitan hacer gestiones, a veces urgentes.
Así funcionan chats como CITAS POLICÍA/EXTRANJERÍA TODA ESPAÑA, uno de los canales que mercadean con huecos libres para toma de huellas, asignación del Número de Identidad de Extranjero (NIE) o del Certificado de Registro de Ciudadano de la Unión Europea (CUE), trámites de asilo o de la Tarjeta de Identidad de Extranjero. También ofrecen reservas de horas para gestiones de la Dirección General de Tráfico (DGT).
Estos negociantes del mercado negro obtienen las suyas a través del uso de nuevas tecnologías, con bots que colapsan la web del Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática, apropiándose de todas las horas disponibles y habilitándolas después de venderlas. Los migrantes se enfrentan a diario con mensajes de «en este momento no hay citas disponibles». El departamento que encabeza Ángel Víctor Torres no ha respondido hasta la publicación de este reportaje a las peticiones de información que ha formulado El Periódico de España.
Lucía trabaja en un despacho legal especializado en asuntos migratorios y trámites de Extranjería. Ella conoce bien el funcionamiento de estos grupos, de los que es miembro desde hace años. «Los comerciantes tienen citas ya agarradas a nombre de terceros, con el número de su DNI, con el número de la hermana, del primo, el pasaporte de este, del otro… Ellos pueden tener decenas de citas agarradas y alguien llega al chat y les dice: ‘Mira, necesito una’. Y ya. Solo anulan y la vuelven a tomar para él».
«En Telegram, se volvió un negocio. Ya tienen grupos montados para unos trámites o para otros y tienen el negocio tan bien montado que adquieren bots y, dependiendo del grado de dificultad de la cita, pueden conseguir entre 50 y 150 citas diarias», explica Lucía, que asegura que ocurre lo mismo con citas de la DGT, el SEPE y la Seguridad Social.
La Policía Nacional, que desmanteló un entramado de este tipo en mayo de 2023, reflejaba que el bot informático desarrollado por la red criminal tenía la capacidad de evitar los mecanismos de seguridad instalados en la página web destinada a la solicitud de citas online. Era capaz de librar los llamados captcha dirigidos a detectar la presencia de este tipo de programas informáticos. Asimismo, se instruía a los intermediarios sobre la utilización de una conexión VPN (Red Privada Virtual), cuya finalidad era la ocultación de la dirección IP real del intermediario y la posibilidad de acceder a un mayor número de citas.
Lucía afirma que hay algunos comerciantes que, «de pronto y entre comillas, son honestos: te proporcionan tu cita, llegas y en la oficina te atienden sin problema». Sin embargo, otros rizan la triquiñuela y «revenden la misma cita a tres o cuatro personas». «Quienes la compran van a llegar con ese papel y el funcionario les va a decir: ‘Lo siento, aquí no hay nada'», añade.
Un sistema «perverso»
«Es un sistema perverso que te condena a acudir al mercado paralelo», cuenta Susana, ciudadana argentina que tras semanas tratando de conseguir una cita para pedir el asilo compró la suya en el mercado negro. Ella llamaba a los teléfonos de la Oficina de Asilo de Madrid o a las comisarías encargadas de dar las citas y nadie cogía el teléfono.
Afectado por la falta de citas para los trámites de Extranjería, ya en 2017. / CARLOS VALBUENA
«Tu vida al final está condicionada a que tienes que hacer esa llamada constantemente. Hay quien te dice que te puedes bajar una app para que funcione como un call center, y siga llamando al número, pero nadie te lo coge», revela, añadiendo que incluso los funcionarios con los que hablaba le invitaban a comprar la cita a alguien que ya la tuviera. También les animan a «conectarse a la plataforma de madrugada» para conseguir sus citas, agrega Lucía. Los precios varían dependiendo del trámite pero pueden alcanzar, según la urgencia, hasta 500 euros.
«Es un sistema perverso que te condena a acudir al mercado paralelo»
Incluso las ofrecen, avisa el letrado experto en Extranjería y Nacionalidad Española Vicente Marín en un vídeo en su canal de YouTube, «a través de abogados, porque saben que tenemos a esos clientes que necesitan las citas». «Les usan como intermediarios para la venta», sostiene este profesional, que asegura que esta problemática se lleva produciendo desde el periodo inmediatamente posterior a la pandemia.
Situaciones de urgencia
En Madrid, Barcelona y Valencia es casi imposible conseguirlas porque nadie responde al teléfono. En otras ciudades, los trámites administrativos son una carrera de obstáculos. Y todo ello, muchas veces, en una situación de urgencia, ya que la visa de turista solo permite estar en España 90 días y muchos de esos solicitantes tienen riesgo serio de perder la vida si vuelven a sus países de origen.
«El sistema de citas está imposible porque está sobrecargado. Son dos números de teléfono que siempre comunican, por lo que se están generando estafas donde se están cobrando 50, 100 o 200 euros, incluso más, por conseguir la cita, cuando todo el servicio de petición de asilo es gratuito», afirma Álvaro Sánchez, responsable de Jurídico, Traducción e Interpretación en de CEAR (Comisión Española de Ayuda al Refugiado) en Melilla, que asegura que cada año se aumenta el número de peticiones, por lo que la situación empeorará.
El colapso en Venezuela, «con el mayor éxodo humanitario de la época moderna» por la crisis humanitaria, que afecta también a los países del entorno por la presencia de bandas internacionales como el Tren de Aragua, ha disparado el número de peticiones de asilo en nuestro país. El año pasado más de 163.000 personas solicitaron asilo en España, un 37% más que el año anterior. De estas, solo se aceptó el 12%, un 4,5% menos que el año anterior.
Hace tiempo que las instituciones públicas pusieron en marcha un plan de choque para destaponar el colapso de las juras de nacionalidad, que se gestionan a través del Ministerio de Justicia. «Hay una cantidad de expedientes sin fin sin resolver desde 2015 a 2016 y en adelante, por lo que el Ministerio ha tenido trabajando a los funcionarios a destajo para que resuelvan más expedientes y puedan desatascar las oficinas que se ocupan de los expedientes de jura de nacionalidad«, refleja Lucía, trabajadora de un despacho especializado en asuntos migratorios que prefiere no dar su apellido.
Esta situación, dice, «ha mejorado un poco, pero al final la gente, en su desespero de haber obtenido su nacionalidad y sin resultados inmediatos, opta por pagar entre 80 y 200 euros por las reservas para poder realizar estos trámites». Los registros civiles suelen ofrecer horas y días y quienes necesiten hacer una gestión de este tipo emprenden una «carrera maratoniana» para obtenerlas sin éxito. «Estas personas con sus bots lo van a tener más a la mano. Una persona del común que necesita su cita no puede estar a las 10 horas en punto buscando las citas en que cuestión de 10 segundos ya se agotan». «Es un negocio redondo», zanja Lucía.
