El Gobierno prevé aprobar este martes en el Consejo de Ministros un paquete de 20 millones de euros destinados a las comunidades autónomas para la financiación de la acogida de menores migrantes. Estos fondos corresponden al segundo reparto del crédito destinado a la financiación en 2023, según lo aprobado el pasado mes de julio en la Conferencia Sectorial de Infancia y Adolescencia. Entonces se pactó el reparto voluntario de cerca de 400 menores migrantes. Para este ejercicio se sumó otro crédito de 15 millones de euros. Según fuentes del Ejecutivo, se aprobará otro paquete de financiación para Canarias, aunque esta comunidad autónoma cuenta con partidas diferenciadas y el pasado año recibió un total de 50 millones. Euskadi y Navarra quedan excluidos de estos fondos por financiarse sus plazas de acogida a través de sus conciertos económicos.
El paquete se destinará a cofinanciar la acogida, alojamiento, manutención e integración socioeducativa por parte de las comunidades autónomas de los menores migrantes acogidos. Asimismo, se consignará una cantidad fija que refleje el esfuerzo de acogida realizado por las CCAA y destinado a cofinanciar las inversiones necesarias en el sistema de protección para la atención de estos menores. Este es el caso de infraestructuras, medidas educativas, personal de protección de infancia dedicado a dicha acogida, atención u otros servicios. Por otra parte, se establecerá una cantidad fija para Canarias y Ceuta de cara a atender los gastos derivados de la ejecución de los traslados.
El rechazo del Congreso a la reforma de la ley de extranjería para hacer obligatorio el reparto de menores migrantes llegados a las costas canarias elevó la presión sobre el Gobierno para buscar un plan B. Desde el Ejecutivo se sigue defendiendo que esta es la única vía tanto para atender la urgencia que vive Canarias como para dar una solución estructural, habida cuenta del fracaso de los mecanismos voluntarios utilizados hasta ahora.
Sobre la mesa hay otras opciones, aunque en el propio Ejecutivo se asume que serán una suerte de parches. Entre ellos, incrementar la financiación para Canarias o convocar a las comunidades autónomas a otra Conferencia Sectorial de Juventud e Infancia para abordar otras salidas, en línea con el reparto voluntario.
La tensión entre el Ejecutivo central y el canario escaló este lunes con el anuncio del presidente Fernando Clavijo de llevar al Gobierno a los tribunales por «dejación de funciones» en la acogida de menores migrantes. «En el caso de Canarias, está haciendo dejación de funciones. El Gobierno de España no sé si lo tiene claro o no. Yo sí tengo claro que el Gobierno de España está dejando abandonada a Canarias y eso es algo que hay que transmitir», alertó Clavijo.
El portavoz del Gobierno canario, Alfonso Cabello, también endureció la amenaza para asegurar que «a quien le toca mover ficha y acción de gobierno es al PSOE a nivel nacional». Tras ello concluyó que el Gobierno canario, «en algún momento, se tiene que plantar frente a una situación que «ha quemado» al Gobierno central.
Amenaza de Coalición Canaria
El ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, desdeñó la vía judicial al argumentar que la tutela a los menores migrantes es una competencia autonómica, por lo que no cabría un conflicto con el Estado. Torres lamentó que se pretenda utilizar la vía judicial con el único fin de atacar políticamente al Gobierno, al mismo tiempo que Coalición Canaria buscaría “proteger a su socio” de coalición. “Quien votó en contra fue el PP”, recordó durante una entrevista en RNE respecto a la reforma de la ley de extranjería para hacer obligatoria la acogida de los menores migrantes por parte del resto de las comunidades autónomas.
La gestión de la crisis migratoria por parte del Ejecutivo central está azuzando las voces de un sector de Coalición Canaria que se inclina por retirar el apoyo parlamentario a Pedro Sánchez. “El debate está abierto en la organización”, avisan fuentes parlamentarias respecto a la opción de romper con el Ejecutivo. Según las mismas fuentes de los nacionalistas canarios, son dos las cuestiones que marcarán su posición en las próximas votaciones clave en el Congreso. Por un lado, “las acciones del Gobierno para la distribución de los menores migrantes no acompañados”. Por otro, la celebración de una reunión entre Clavijo y la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, todavía sin confirmación, para abordar las inversiones comprometidas en la denominada agenda canaria.
