El viaje del presidente de Rusia, Vladímir Putin, a Mongolia, país que forma parte del Tribunal Penal Internacional (TPI), pone a prueba la política de neutralidad del pequeño Estado asiático y el alcance de las instituciones internacionales. El mandatario ruso aterrizó el lunes en Ulán Bator, la capital de Mongolia, y terminará este martes sin que se haya producido el arresto.
La visita de Putin se produce en el marco de la conmemoración de una victoria militar de Rusia y Mongolia en la Segunda Guerra Mundial (el 85º aniversario de la batalla del río Khalkh, en la que tropas soviéticas y mongolas se enfrentaron a fuerzas japonesas).
Es la primera vez que el presidente ruso visita un país miembro del Tribunal Penal Internacional desde que el organismo emitió una orden de arresto en su contra en 2023 como «presunto responsable» de la deportación ilegal de niños ucranianos y su traslado de zonas ocupadas en Ucrania a Rusia, lo que supone un crimen de guerra según el tratado de este tribunal, el Estatuto de Roma.
Los delitos de los que se le acusa ocurrieron al menos desde el 24 de febrero de 2022 en el «territorio ocupado de Ucrania», según el TPI, que considera que hay «motivos razonables» para creer que Putin tiene «responsabilidad penal individual» por el crimen de guerra que supone la deportación de menores.
Desde ese momento, Putin ha limitado mucho sus viajes al extranjero, evitado los países que habían ratificado el Tratado de Roma, que fue el origen del TPI. Mongolia firmó el tratado de la CPI en 2000, lo ratificó en 2002 y es un Estado miembro desde 2003. El pasado junio, el país reafirmó su apoyo «inquebrantable» a esa corte, junto con otros 92 miembros.
El Estatuto de Roma, establece que los Estados miembros del mismo deben actuar si una persona que es objeto de una orden de arresto entra en su territorio. El TPI recordó la semana pasada que sus países miembros tienen la «obligación» de detener a los individuos contra los que existe una orden de detención. Pero, en la práctica, el tribunal carece de un mecanismo de ejecución eficaz y los estados miembros pueden estar exentos de realizar detenciones si hacerlo entra en conflicto con ciertas obligaciones del tratado o con la inmunidad diplomática.
Si Mongolia no reacciona, la CPI podría remitir el caso a la Asamblea de los Estados Partes. Esa asamblea, que se reúne una vez al año, a su vez podría condenar la violación de Mongolia a través del llamado «procedimiento de incumplimiento». Sin embargo, las eventuales sanciones de la asamblea se limitan esencialmente a una amonestación verbal. Otra opción sería que el tribunal lo remita al Consejo de Seguridad de la ONU, lo que implicaría consecuencias desde el punto de vista jurídico, diplomático y de reputación.
El Kremlin dijo la semana pasada que no temía que el presidente Putin fuera detenido en Mongolia durante su visita oficial debido a la orden de arresto del TPI en su contra y que el país asiático debía ejecutar. «No, no estamos preocupados (…) Tenemos un magnífico diálogo con nuestros amigos de Mongolia», zanjó el portavoz de la presidencia rusa, Dmitri Peskov, al ser preguntado si existían temores al respecto.
Amnistía Internacional alertó de que cualquier viaje a un Estado miembro del TPI que no termine en un arresto alentará la actual línea de acción del presidente ruso y debe considerarse parte de un esfuerzo estratégico para socavar la labor del tribunal para procesar a los presuntos criminales de guerra: «Proteger a un fugitivo de la justicia internacional no solo equivaldría a obstruir la justicia, sino que, en la práctica, convertiría a Mongolia en cómplice de la impunidad para algunos de los crímenes más graves según el derecho internacional».
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