Ya está. Hace días que los vocales conservadores sugerían a los progresistas el nombre de la magistrada Isabel Perelló Domènech -cualquiera aunque sea una afiliada a Juezas y Jueces para la democracia, menos Pilar Teso– propusieron. Perelló, muy amiga de la exmagistrada y ministra Margarita Robles, contaba con el respaldo del líder de los vocales conservadores: el magistrado de la Sala Tercera José Antonio Montero. «Hemos tenido una reunión a las 12:00 horas, que reanudamos ahora [16:13], antes del Pleno. Ellos siguen enrocados y aseguran que de haber pacto político, no les vincula», dijo a El Periódico una fuente del sector progresista consultada antes de iniciarse el Pleno. Otra fuente, del sector conservador, apuntó sobre las 16:28 horas. “Nada que comentar estamos negociando”. ¿Qué es lo que se negociaba?
Después de votar en dos sesiones de Pleno, en dos días, con dos votaciones el primer día y tres el segundo, en el último pleno de votación, el pasado 5 de agosto, los 20 vocales se limitaron a recuperar la lista de siete candidatos finalistas. No se sometió a votación la presidencia.
Lo que teóricamente se negocia es que en atención a la mayoría legislativa -socialista- y al Gobierno existente desde 2018 -progresista- el sector de vocales progresistas propone a la persona – o la terna- que va a presidir el Tribunal Supremo y el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y el sector conservador elige. ¿Por qué? Porque ha sido así con Felipe González, José María Aznar, José Luis Rodríguez Zapatero y Mariano Rajoy. Aquí se termina la tradición. Porque Rajoy propuso a Carlos Lesmes en 2013, los socialistas aceptaron la propuesta -el PP ganó las elecciones de 2011 y el gobierno era conservador- y duró no los cinco años que debió durar sino nueve y medio. Porque la elección del presidente del Supremo y CGPJ, que debía tener lugar en diciembre de 2018, abortó. Y desde entonces, bajo el Gobierno de Pedro Sánchez, el CGPJ, bloqueado, duró hasta julio de 2024.
Candidato de consenso
No se trata de proponer un candidato progresista. Se trata de que la propuesta, para respetar la mayoría legislativa y gubernamental, como se ha hecho durante la transición, debía venir ser planteada por el Gobierno. En noviembre de 2018, el Gobierno, que llevaba seis meses tras la moción de censura, no aplicó esa tradición. En cambio, aceptó la propuesta del PP -del exministro Rafael Catalá– y lo convirtió en “candidato de consenso”: Manuel Marchena, presidente de la Sala Segunda. Una operación que fue dinamitada.
El sector progresista ha propuesto a la magistrada Pilar Teso Gamella para presidir el Tribunal Supremo y el CGPJ – la primera autoridad judicial de España- y el sector conservador la rechaza. No hay objeción que se conozca a su larga carrera judicial.
Quienes han presidido el Tribunal Supremo y el CGPJ han sido, salvo alguna excepción, magistrados de la Sala Tercera, de lo Contencioso-Administrativo, la más numerosa de dicho tribunal. Y tanto es así que, a la hora de oponerse a Pilar Teso, el sector conservador ha propuesto a Pablo Lucas, también de la Sala Tercera, siendo actualmente su presidente en funciones.
Primera candidata posible
En las negociaciones entre el ministro Félix Bolaños y el Partido Popular -primero con Teodoro García Egea y después con Esteban González Pons– el nombre de Pilar Teso -magistrada con un perfil profesional ajena a cualquiera de las asociaciones judiciales- parecía reunir las condiciones de una “candidatura de consenso”.
Tanto es así que Bolaños, según fuentes judiciales consultadas, asumió que dicho pacto, tras el acuerdo firmado en junio pasado con González Pons, no impediría que los 10 vocales conservadores finalmente apoyaran la candidatura de Teso. Bolaños explicó al sector progresista, tras el pacto con el PP, que el nombre de Teso era el que se había planteado en las negociaciones. Y González Pons se lo informó a los vocales conservadores.
Pero los vocales conservadores, según señaló uno de ellos a este periódico, informaron al sector progresista, al comenzar las negociaciones, después del 25 de julio pasado, que de haber pactado el PP con el Gobierno un nombre para la presidencia ello no les comprometía en absoluto. Fuentes progresistas señalan que, en efecto, se les hizo saber que de haber algún pacto no se sentían obligados a acatarlo. El punto sexto de ese acuerdo estipula: “El presidente del CGPJ y del Tribunal Supremo será aquel que decidan los miembros del CGPJ, tal y como dispone la ley”.
Pero este acuerdo no tiene lugar en el vacío. Es la mayoría legislativa y gubernamental progresista -como antes la del PP- la que debe hacer la propuesta. Bolaños creyó, según las fuentes consultadas, que precisamente por no ser Pilar Teso afín a los socialistas o a la asociación Juezas y jueces para la democracia, podría ser, con su intachable carrera profesional, “candidata de consenso”.
El hecho de que en sus negociaciones el PP así lo asumiera le llevó a pensar que tras la renovación los vocales conservadores no pondrían obstáculos. Pero tras sus conversaciones con González Pons, los vocales conservadores la tildaron de la “candidata de Bolaños”.
La mejor candidata posible
Hicieron “como si” aceptaban el pacto, pero transformándolo en «búsqueda del mejor candidato progresista». Por eso no propusieron a alguien que les representara directamente. A “uno de los nuestros”. No. Propusieron al magistrado Pablo Lucas: este es el progresista que queremos. Con la etiqueta del progresismo se cargaban el pacto. A saber: es el gobierno -como había ocurrido con el PP- quien propone y los vocales disponen. En realidad: eligen de la terna del sector progresista (reflejo de la mayoría legislativa y gubernamental).
«Pero es que el asunto no va del candidato progresista, sino que va de quién debe hacer la propuesta. Y después prácticamente de una década de Carlos Lesmes los conservadores lo saben. Han encontrado en Pablo Lucas el ardid para conseguir que quien hace la propuesta, el sector progresista, a través de una terna de candidatos, quede descalificado”, señaló un magistrado consultado.
Los progresistas apuntaron que aparte de Pilar Teso había una magistrada en la terna que era realmente a quien hubieran preferido más porque representaba incluso más directamente sus posiciones: “su” candidata ideal. Se trataba de Ana Ferrer, magistrada de la Sala Segunda del Tribunal Supremo. Una juez afiliada a la asociación Juezas y Jueces Para la Democracia.
Durante nueve años y medio, y después de dejar el poder y perder varias elecciones generales, el PP siguió controlando el CGPJ con una mayoría conservadora desfasada, tanto la presidencia, a través de Carlos Lesmes (presidencia de 2013 a 2022), extendiendo un mandato de cinco años prácticamente hasta el presente, lo que rentabilizó el sector con el nombramiento de jueces y magistrados de talante mayoritariamente conservador y de derechas en tribunales superiores de justicia, audiencias provinciales y en el Tribunal Supremo.
Presidencia neutral
El Gobierno, ante la posibilidad de nombrar una presidencia neutral, que visualizó en la personalidad de Teso, aceptó en julio pasado sin regañadientes la propuesta de nombrar al exvocal del Consejo General del Poder Judicial José María Macías como candidato para ocupar la vacante del Tribunal Constitucional. Macías se convirtió en los últimos años en la mano derecha de Lesmes y el hombre que lideró al sector conservador en la sistemática denuncia del gobierno de Pedro Sánchez, con una militancia activa durante todo el procés y recientemente contra la ley de amnistía. El TC le dio, sin ambages, a Macías. Y la mayoría progresista no le vetó. Podía, pero no lo hizo.
El sector conservador, pues, se mantiene en su posición de que no aceptará a la “candidata de Bolaños”, una estrategia de “sanchificar, sin fundamento, a Pilar Teso, y provocar así un varapalo político y mediático a Bolaños y a Sánchez.
Fuentes progresistas recibieron estos días una propuesta del sector conservador: nombrar presidenta a Isabel Perelló Domènech, magistrada también de la Sala Tercera de lo Contencioso-Administrativo del Supremo, afiliada en su día a la asociación Juezas y jueces para la democracia, pero muy alejada de la orientación progresista que alguna vez abrazó y hostil al gobierno de Pedro Sánchez, ley de amnistía mediante. El sector conservador ha encontrado en Perelló la versión femenina, por así decir, de Pablo Lucas. Es decir: elegimos el progresista que yo te diga.
Pero es que legalmente no sería posible, porque no figura en la lista de siete candidatos, reafirmada en el Pleno del 5 de agosto. Y una maniobra de este tipo podría dar lugar a recursos por incumplimiento de la ley.
Fuentes conocedoras de la Sala Tercera señalan que también hay un componente personal que no se debería apartar. Y son las relaciones personales entre los magistrados de la Sala Tercera, que tienen en el nombramiento especial protagonismo.
El desenlace, Perelló
Es el caso de uno de los líderes del sector conservador, el magistrado de la Sala Tercera, José Antonio Montero Fernández, miembro de la sección segunda de la Sala Tercera, compañero de Esperanza Córdova Castroverde, magistrada muy próxima a Carlos Lesmes, a quien los conservadores proponían para la presidencia del Supremo y CGPJ. “A nadie se le escapa que la relación personal entre Montero y Pilar Teso es pésima”, señaló la fuente.
Pero la maniobra de la derecha ha sido redonda. Han conquistado a los dos vocales que propuso Sumar: Carlos Preciado e Inés Herreros. Con estos doce votos de este lunes 2, Perelló ya es presidenta electa. Ahora, para arroparla se intentará que salgan algunos votos más del sector progresista.
La derecha judicial siempre gana aunque coloque a su “progresista preferida”. Porque en este caso Perelló no es María Luisa Segoviano, la magistrada que propusieron los conservadores liderados por Macías para el Constitucional y se integró en la mayoría progresista. Se equivocaron. Pero ahora es diferente. Al parecer, Perelló asumirá el día 6 de octubre, un día después del acto de apertura del año judicial.
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