La responsabilidad de la subida del canon es del “Gobierno central”. El modelo que propone la Sociedade Galega do Medio Ambiente, Sogama, “es el de Europa”, y es el Ejecutivo de Pedro Sánchez del que depende que la tasa que han de pagar los municipios gallegos suba lo que está previsto.
Ese incremento se sitúa en más del 60% y las palabras son de Javier Domínguez Lino, presidente desde hace casi una década de esta entidad pública dependiente de la Xunta de Galicia. Las ha repetido en los últimos días en varias ocasiones en diferentes medios de comunicación.
En todas y cada una de esas entrevistas no ha dejado de repetir que Pedro Sánchez y su Gobierno es el culpable de esta subida, al tiempo que ha criticado a los concellos que, a través de la Fegamp -Federación Galega de Municipios e Provincias- también se han mostrado en contra del canon. Domínguez Lino, en la entrevista de ayer en Ser Pontevedra, echó balones fuera cuando fue preguntado acerca de la posibilidad de que sea la Xunta la que asuma esa tasa.
Pero sus afirmaciones, eludiendo la responsabilidad tanto de la Sociedade que él preside, como de la administración autonómica, no encuentran el respaldo por parte de los concellos gallegos y de los partidos políticos de la oposición en el Parlamento regional.
Los primeros, a través de la Fegamp, ya advirtieron en julio pasado de forma mayoritaria a través del documento ‘Consideraciones y propuesta canon Sogama 2024’ su posición en contra. En este informe se recogen las alegaciones y propuestas que la Federación ha hecho llegar a Sogama y la Xunta, con el objetivo de que se resuelva “la subida del canon sin agravar la situación económica” de los municipios.
Precisamente, Domínguez Lino ha insistido estos días para justificar el traslado de la responsabilidad al Gobierno central que se trata de un impuesto estatal. Sin embargo, como recordó en su momento la Fegamp, a través de la Ley 36/2022 se materializó la cesión de dicha tasa y, “como consecuencia, la Xunta de Galicia, socia mayoritaria de Sogama, tiene previsto ingresar en 2024 la cantidad de 12.150.039 euros”, en virtud de la misma.
El presidente de la Sociedade Galega do Medio Ambiente ha presumido estos días de que hasta ahora no se ha repercutido el dinero en los ayuntamientos sino que se ha hecho cargo Sogama del mismo. Sin embargo, lo que ha obviado, pero recordó ya en julio la Fegamp, es que la Sociedade asumió este impuesto estatal en 2023 y aunque no lo abonaron los concellos, lo que desde Sogama “no indican es que fue ingresado en su totalidad” por la propia Xunta.
Más del 60% en un año
También el Bloque Nacionalista Galego ha arremetido contra el Gobierno de Alfonso Rueda, acusándolo de poner en marcha un “nuevo sablazo” a través de este canon, que supondrá una subida el año que viene del 30 por ciento en la factura de la gestion de residuos, lo que se sumará a otro 30% de incremento de este año.
La líder del BNG, Ana Pontón, ha anunciado una “intensa” campaña contra lo que ha denomiado “tasazo” de Sogama, que consistirá en iniciativas en el Parlamento regional y en los propios municipios.
A su juicio, “un aumento del 60% hasta colocar en 108 euros el precio” por tonelada de residuos entregada a Sogama no es más que un “nuevo atraco” del Ejecutivo de Alfonso Rueda a los concellos. Según sus palabras, con esta subida “quiere hacer pagar a los vecinos un sistema de gestión de residuos obsoleto, antiecológico, contaminante y caro”.
En una línea similar se ha situado el PSdeG. Los socialistas se han mostrado contrarios al modelo actual que propone la Sociedade Galega do Medio Ambiente.
En este sentido, la diputada Paloma Castro denunció hace unos días que la insistencia de la Xunta con el aumento del canon de recogida de residuos persigue únicamente que Sogama “siga manteniendo sus beneficios millonarios”.
Asimismo, los socialistas acusan al Ejecutivo gallego de “mentir” al atribur esa “subida brutal”, en palabras de Castro, de hasta 108 euros por tonelada a un impuesto estatal, cuando en realidad las motivaciones tienen que ver con la “deficiente gestión de los residuos” por parte de la empresa pública.
Explicó la parlamentaria del PSdeG que, en contra de lo afirmado por el presidente de Sogama, Javier Domínguez Lino, lo que en realidad grava el tributo es la incineración y el almacenamiento en un vertedero. Responde el canon a un directiva europea que “penaliza una forma de gestión altamente contaminante, como la que se lleva a cabo” en Galicia.
El propósito de la norma comunitaria es, precisamente, propiciar el uso de sistemas que prioricen la reutilización y el reciclaje, algo que el PP no ha seguido en Galicia y estos incrementos son la consecuencia.
Para concluir, Paloma Castro, debido a que el dinero que llegue a través de este canon irá a parar directamente a la Xunta, al ser esta la administración encargada de su recaudación, señaló que los socialistas “nos preguntamos qué va a hacer con el dinero que obtenga, si no lo va a dirigir a compensar los sobrecostes en la gestión de la basura”.
