Ninguno de los argumentos de las acusaciones populares personadas en la causa de Tsunami Democràtic han sido suficientes para convencer a la magistrada del Tribunal Supremo Susana Polo de la necesidad de revocar el archivo y tomar declaración al expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont y al diputado de ERC Ruben Wagensberg. La jueza se ha ratificado en su resolución y en el argumento que le llevó a ella: la invalidez de las diligencias acordadas por la Audiencia Nacional a partir del momento en que se prorrogó un día tarde la instrucción, lo que obliga a archivar la causa.
En su resolución, Polo afirma que «la invalidez de diligencias acordadas por la Audiencia Nacional a partir de período de instrucción, que concluyó el 29 de julio de 2021″, le impide «fundar la decisión de continuar el procedimiento contra los aquí investigados con base en las mencionadas diligencias», porque no fue hasta el 6 de noviembre de 2023 cuando el juez Manuel García Castellón acordó seguir adelante con la instrucción y tomar declaración de los investigados mediante comparecencia voluntaria, dado que al ser aforados solo podían ser imputados por el Supremo.
Añade que «no existe constancia alguna en las actuaciones seguidas en la presente causa especial, relativa a diligencias de investigación determinante de la participación de los investigados en los hechos que se les imputa, adoptadas con anterioridad al día 29 de julio de 2021, por lo que no resulta procedente la continuación del procedimiento», sentencia la magistrada, que procedió a archivar la causa en cuanto García Castellón hizo lo propio con la matriz.
