La jueza Beatriz Biedma, que investiga al hermano del presidente del Gobierno, David Sánchez, por supuestos delitos relacionados con el puesto de trabajo que desarrolla en la Diputación de Badajoz, considera raro que el informe de Hacienda que no encuentra problema tributario alguno en el hecho de quel músico tenga la residencia fiscal en Portugal no lleve la firma digital del funcionario que lo elaboró, y tampoco se indique el cargo que éste ostenta.
Por esta razón, la titular del Juzgado de Instrucción número 3 de Badajoz ha librado oficio a la Agencia Tributaria «para que sea facilitada dicha información e incorporada al procedimiento a los fines oportunos», según señala en una providencia dictada con fecha del pasado lunes 2 de septiembre, a la que ha tenido acceso ese diario. Según detalla, este informe clave fue entregado sin firma «a diferencia del resto de informes presentados por dicho Organismo en investigaciones de Delitos contra la Hacienda Pública».
Según informó en su día el diario The Objetive, el informe de Hacienda acredita que el hermano del presidente del Gobierno no ha estado en territorio español durante más de 183 días en 2021, 2022 y 2023, por lo que no es residente fiscal desde hace cuatro años.
También hace mención al convenio para evitar la doble imposición que tienen suscrito España y Portugal «prevé que las remuneraciones pagadas por un Estado contratante o una de sus entidades locales a una persona física por razón de servicios prestados a ese Estado o Entidad, sólo pueden someterse a imposición en ese Estado, aunque fuera residente en el otro Estado». Por esta razón, su residencia fiscal en el país vecino sería compatible con su condición de empleado de la Administración pública.
La juez investiga al músico, cuyo nombre artístico es David Azagra, por presuntos delitos contra la Hacienda pública, tráfico de influencias, prevaricación y malversación relacionados con su puesto en la administración extremeña.
Contra las acusaciones
En la providencia, Biedma da cuenta de otros asuntos menores, como el desistimiento por parte de Sánchez del recurso que presentó contra la personación de Abogados Cristianos en esta causa. Respecto a otro de los escritos de la defensa, oponiéndose a que otra de las acusaciones poulares sea Liberum –una asociación que se describe como impulsora de iniciativas en pro de los derechos hurtados a los ciudadanos durante la pandemia de Covid–, la juez quiere comprobar si la impugnación se presentó en plazo.
Por otra parte, y a «petición expresa» del hermano de Pedro Sánchez, la juez recuerda a las acusaciones que sin necesidad de que acuerde formalmente el secreto de sumario las diligencias deben tener carácter reservado «y no tendrán carácter público hasta que se abra el juicio oral«.
Respeto a la inocencia
Por ello, advierte que el abogado o procuador de cualquiera de las partes «que revelare indebidamente el contenido del sumario será corregido con multa de 500 a 10.000 euros». En este punto, apela «a la ética profesional y buena fe procesal de todos los intervinientes en aras al cumplimiento de dicho mandato legal y al respeto máximo a la presunción de inocencia de todos los investigados».
Finalmente, sobre la petición para que declare en la causa Kaori Matsumoto, trabajadora de Naciones Unidas y pareja de David Sánchez, la jueza afirma que resolverá sobre la pertinencia, necesidad y utilidad de esta diligencia y de otras solicitadas por Manos Limpias «una vez sea puesto en conocimiento de este Juzgado el resultado de la investigación encomendada a la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil».
