El Gobierno asegura que no piensa moverse más con la ley de amnistía, aunque eso suponga una ruptura de la mayoría que propició la investidura de Pedro Sánchez el pasado noviembre. En un momento en el que la relación entre el Ejecutivo y Junts pasa por horas bajas, el secretario general del partido independentista, Jordi Turull, ha condicionado este martes el apoyo de sus siete diputados en el Congreso a que la Fiscalía se querelle contra el Supremo por no aplicarle a Carles Puigdemont la medida de gracia. La respuesta de la Moncloa ha llegado poco después, cerrando a las claras esa vía.
“Tanto el Gobierno como el Parlamento han hecho su trabajo”, ha señalado la portavoz y ministra de Educación, Pilar Alegría. La Moncloa, por lo tanto, no tiene intención de llevar a cabo nuevos gestos con los posconvergentes para atar su respaldo en la Cámara baja. La posición del Ejecutivo sigue siendo que ahora toca “esperar”. Primero, a los recursos planteados ante el Supremo, que a principios de julio, en una decisión muy polémica y que según los socialistas va en contra del contenido literal de la propia ley, no aplicó la amnistía al ‘expresident’, al considerar que el delito de malversación no cabía dentro de la medida de gracia. Y después, al Tribunal Constitucional, cuya composición de mayoría progresista hace en teoría más probable que dé la razón a Puigdemont.
Pero Alegría ha añadido algo más. “Ahora toca aplicar la ley”, ha señalado la portavoz, en un mensaje directo al Supremo para que se avenga a los argumentos de la Fiscalía y la Abogacía del Estado, que han presentado sendos recursos contra la decisión del alto tribunal.
Presupuestos y financiación
La creciente distancia entre el Gobierno y Junts llega en una coyuntura especialmente sensible. Tras un inicio de legislatura marcado por las continuas citas con las urnas (elecciones gallegas, vascas, catalanas y europeas) y por la sequía legislativa, la Moncloa se dispone ahora a presentar los Presupuestos del año que viene. Sin el concurso de los siete diputados posconvergentes, las cuentas públicas no saldrán adelante. Tampoco la reforma de la ley orgánica de financiación de las comunidades autónomas para que se haga realidad el acuerdo entre el PSC y ERC, que incluye una suerte de concierto económico para Catalunya, con la comunidad recaudando todos los impuestos que se generen en su territorio, a cambio de la reciente investidura de Salvador Illa.
“Somos conscientes de nuestra minoría. Pero hemos sido capaces de aprobar numerosas leyes: reforma de las pensiones, reforma laboral, Presupuestos…”, ha enumerado Alegría. Pero se trata en todos los casos de iniciativas de la legislatura pasada, no de la actual. Es decir, de un periodo en el que la coalición del PSOE y Sumar no dependía de Junts. Ahora todo es mucho más complicado.
