Los pescadores gallegos, bajo el nombre de PLADESEMAPESGA y conocidos ya por ser unos de los principales críticos contra la gestión del líder del PP, Alberto Núñez Feijóo; su mujer, Eva Cárdenas, y la Xunta de Galicia ahora bajo la gobernabilidad de Alfonso Rueda.
A vueltas con el chalet que Cárdenas posee en Moaña (Pontevedra) -y que lleva años siendo objetivo de la asociación por, presuntamente, estar ubicado en un sitio de dominio público que no debería y por realizarse en él obras que, aseguran, son ilegales-, la asociación incide en que el actual líder del PP usó durante su estancia en el Ejecutivo autonómico la presidencia para “despojar al dominio público” en la localidad dentro de un ejercicio de “corrupción descarada”.
“Es un claro ejemplo de cómo se utiliza el poder para beneficio personal, ignorando y manipulando las leyes que deberían proteger el dominio público”, dicta el presidente de la asociación, Miguel Delgado. En sus explicaciones, cuenta que Feijóo “autorizó una resolución que permite la construcción de una piscina y otras infraestructuras” sobre la playa del municipio, que no deja de ser un rincón de “alto valor ecológico”.
En concreto, mantiene que la finca en la que se encuentra el chalet, adquirida en 2018, “linda directamente con el dominio público marítimo-terrestre”, lo cual “debería haber impedido cualquier tipo de edificación sin los permisos correspondientes”. Pero, nada más lejos de la realidad, una resolución firmada por la Xunta aquel entonces “otorgó la autorización”, procediendo así a una “violación flagrante de las normativas ambientales y urbanísticas”.
Y añade Delgado que, lo más llamativo, es que la autorización se otorga “dejando a salvo el derecho de terceros”, un” cláusula que parece escrita para cubrirse las espaldas” a sabiendas de que las obras eran de carácter ilegal: “Se trata de un claro ejemplo de cómo se redactan documentos oficiales con ambigüedades premeditadas para proteger a los responsables en caso de futuras acusaciones”.
“Mentira” del letrado de Feijóo
La finca se encontraba edificada, catastrada e inscrita en el registro desde hace más de 80 años. Este es un punto que defiende el letrado de Feijóo y Cárdenas, dice el presidente de PLADESEMAPESGA, pero que obedece a una “mentira descarada”, pues la construcción data de 1970.
“No solo pone en evidencia la falsedad de sus argumentos, sino también la complicidad de las instituciones que permitieron esta farsa (…) El abogado incluso llega a afirmar que la información sobre esta propiedad no tiene interés público, en un intento burdo de ocultar la verdad y manipular la Ley de Transparencia, que claramente establece que el acceso a la información pública es un derecho de los ciudadanos”, refleja.
Salpica a Rajoy
La organización de pescadores se centra asimismo en un informe de Costas emitido en 2017 y que “también está plagado de irregularidades”.
“Este informe certifica la no invasión del dominio público a pesar de que existía una orden de demolición desde 1993 que nunca se ejecutó. ¿Cómo es posible que se haya emitido tal certificación cuando Feijóo ya tenía en la mira la adquisición de la finca?”, pregunta, llegando incluso a señalar al expresidente del Gobierno, Mariano Rajoy: “La coincidencia de fechas entre mandatos no puede ignorarse. La influencia política claramente jugó un papel crucial en la concesión de permisos que, de otra manera, se habrían denegado”.
Informe de urbanismo favorable
En la misma línea, PLADESEMAPESGA apunta que bajo la presidencia de Feijóo se emitió un informe favorable de urbanismo que iba en detrimento de los documentos técnicos que advertían sobre la legalidad de las obras.
El hecho, inciden las fuentes que aportan la información a este medio, se corresponde con un “claro ejemplo de cómo las instituciones públicas son manipuladas para servir a los intereses de quienes están en el poder, mientras que los ciudadanos son ignorados y el medio ambiente devastado”.
A la asociación de pescadores no le falta un nombre que poner sobre la mesa. Lejos de ello, dicta que la alcaldía de Moaña “también tiene su parte de responsabilidad”, ya que, al parecer “ocultó deliberadamente la información sobre las alegaciones y recursos que los ciudadanos podían haber presentado”.
Sumado todo, mantiene Delgado, la cuestión obedece a “una de las manifestaciones de corrupción más descaradas de la política española” que “pone de relieve la necesidad urgente de una revisión profunda” sobre el Estado de Derecho en nuestro país. “Feijóo, quien debería haber sido el garante de la legalidad y la protección del patrimonio público, utilizó su posición para enriquecerse personalmente, destruyendo un área protegida y burlándose de las leyes que supuestamente defendía (…) La impunidad no puede ser la norma en un país democrático”, concluye.
