Vox condiciona las cuentas regionales del PP a un giro migratorio

Primera comparecencia del curso político, y primera amenaza. El presidente de Vox, Santiago Abascal, estrenaba nuevo horario de comparecencias semanal, a las doce y media de la tarde, para mostrar músculo ante el PP como segunda etapa de la ruptura regional protagonizada a mediados de julio. Entonces, la aceptación de los populares para distribuir en la Península 347 de 400 menores extranjeros no acompañados que estaban pendientes de esos traslados desde abril, hizo a Vox abandonar los gobiernos de Castilla y León, Aragón, Murcia, Extremadura y la Comunidad Valenciana, así como dejar de prestar apoyo en Baleares. Sí continuaron en los gobiernos municipales, en cambio.

Desde la sede nacional de Bambú, Abascal condicionó el apoyo al PP para iniciativas tan relevantes en este último cuatrimestre del año como aprobar los nuevos presupuestos de cada región a un cambio de postura migratoria. A aceptar las condiciones de Vox que en la firma de las alianzas, aunque no de forma textual recogido, se daba por claro, apuntan. Tras tachar la actuación del PP con su electorado de «una gran estafa«, el líder de Vox ha perfilado un papel de oposición. Compara, como hasta la fecha, a PP y PSOE como partidos con objetivos similares, algo que refuerza con el pacto en Bruselas para auspiciar a Ursula von der Leyen. Preguntado por si habrá posibilidad de entendimiento para las cuentas presupuestarias u otros asuntos de calado, Abascal lo condicionó: «Hay que preguntarles si van a cambiar algo en relación con eso y están dispuestos a pasar a la oposición [lo ven como aliado de Sánchez]. Que nos lo digan y que nos lo expliquen muy bien, pero que nos den garantías, porque es muy difícil creer al PP«.

Las declaraciones tenían eco minutos más tarde en la rueda de prensa que Génova ofrecía después de la reunión del comité de dirección, centrado en la financiación autonómica y en los preparatorios para la cita de presidentes que Alberto Núñez Feijóo tendrá con ellos para posicionarse en contra del cupo catalán y las cesiones, dicen, del Gobierno al separatismo. En una comparecencia dual, con el vicesecretario de Economía, Juan Bravo, para abordar esta cuestión, el portavoz nacional, Borja Sémper, respondía a Abascal.

«Vox no inicia el curso atacando al PP», reaccionó Sémper preguntado por el endurecimiento de Abascal en este comienzo de ciclo de sesiones parlamentario. «Vox lo acabó así», matizó. «Venimos detectando que para Vox y para el PSOE, somos el adversario a batir«. Ante ello, reivindicó la marca nacional como «oposición y alternativa» a Sánchez y el PSOE. Alentado para reflejar la postura migratoria del partido, que Abascal tacha de laxa, el PSOE de extremista y que ha vivido giros en los últimos días a la par que el presidente del Gobierno efectuaba su gira por África, mostrándose partidario de las deportaciones de inmigrantes ilegales pero a la vez defendiendo la inmigración «circular» y temporal, Sémper fue conciso. Negó «bandazos» y quiso atajar la confusión ante posicionamientos muy centrados como el del líder ceutí Juan Jesús Vivas, y el alcalde de Badalona, Xavier García Albiol, más extrema. Lo reflejó a finales de agosto con un polémico tuit.

«Nuestra posición es conocida. No cambiamos en función de los acontecimientos. Queremos una inmigración ordenada y asociada al mercado de trabajo, con control de las fronteras y trato humanitario. Nos gustaría que este Gobierno tuviera un plan, una política migratoria. Pero no la tiene después de seis años con Sánchez como presidente. Queremos algo parecido a lo que hace nuestro entorno europeo», demandó el político vasco y también diputado.

Dialogar, pero con atención a sus exigencias

Frente a un Gobierno que hace oídos sordos a las, al menos, trece sugerencias hechas por los populares en julio, y ahora registradas como iniciativa en el Congreso, Génova exige que, como al independentismo, se tenga al PP en consideración para sentarse a negociar. Entre esas demandas está la creación de un fondo de contingencia para que las comunidades puedan afrontar las acogidas, el incremento de personal e instrumentos para combatir la inmigración irregular en origen, la intervención de la UE o la convocatoria de la Conferencia de Presidentes para empezar a dialogar de manera multilateral. Ello, pese a que el propio Sémper, este viernes, dio por «imposible materialmente» llegar a acuerdos con el PSOE en políticas de Estado. Al menos con Sánchez al frente. Frente a ello, se mostró este lunes abierto al diálogo. «Hablamos con todo el mundo, con quien sea necesario, pero reclamamos que las reivindicaciones del PP se tengan en cuenta. Si no, no habrá acuerdo«. «Lo que proponemos es lo que España necesita. Si miran a otro lado, es porque viven ensimismados», dijo Sémper del Gobierno.

Este planteamiento afecta, además, a la Iniciativa Legislativa Popular (ILP), ya planteada como proposición de ley, para la regularización de extranjeros con estancia irregular en el país que, sin embargo, ya trabajan. Se plantea una regularización de entorno al medio millón de personas. Solo Vox enmendó la proposición a la totalidad sin éxito. Pero el PP recalca, si no se atiende la enmienda parcial que presentó el partido, para que no se incluya en esa regularización a las personas que hayan cometido delitos. Si el PSOE no negocia, difícilmente aprobarán la norma.

Frente al bloqueo nacional en materia de inmigración, y con el principal agravio territorial en las Islas Canarias y en Ceuta, el presidente canario Fernando Clavijo anunció esta jornada que su Gobierno iniciará actuaciones legales contra el Ejecutivo central por su «dejación de funciones» ante la ausencia de medidas o planteamientos mientras el PP no muestre un apoyo a una futura reforma del artículo 35 de la Ley de Extranjería, que permitiría trasferencias peninsulares de jóvenes migrantes para desaturar los centros de acogida. Desde el Gobierno, el ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, en cambio, afea a Clavijo la ausencia de presión al PP, su socio de coalición en el Gobierno canario.

Sobre negociaciones también habló Bravo sobre el relevo y la elección de nuevo gobernador y subgobernador del Banco de España, un trámite pendiente con el Gobierno. Mencionando que ese diálogo lo efectúa la secretaria general del partido, Cuca Gamarra, Bravo puso condiciones a la vez que se descartaba la posibilidad de que fuesen a aceptar a José Luis Escrivá, actual ministro de Transformación Digital. Piden que se garantice «la independencia institucional» y que se elija a una persona «de trayectoria». «Cuando conozcamos la propuesta del Gobierno, veremos. Pero no cambiaremos cromos. Si la propuesta es pasar de un sillón en el ministerio a otro sillón, ya hemos dicho que no», dijo vetando a Escrivá. Sobre todo, tras llegar a un acuerdo con el PSOE para la renovación del CGPJ en esos términos, evitando saltos de la política a la judicatura.