Aún no se ha abierto formalmente el nuevo año judicial, pero los principales casos en manos de los tribunales no han interrumpido su investigación. Este mismo lunes la acusación popular que ejerce Iustitia Europa ha pedido al Juzgado Central de Instrucción número 2 que impute y tome declaración como investigado en el caso Koldo al exministro de Fomento José Luis Ábalos, para lo que el ahora diputado debería estar dispuesto a declarar voluntariamente en la Audiencia Nacional, porque dada su condición de aforado solo puede ser imputado por el Tribunal Supremo.
Iustitia Europa considera que existen indicios racionales y suficientes de la presunta comisión de los delitos de prevaricación, organización criminal, malversación de caudales, blanqueo y fraude administrativo, según entiende que se desprende del Informe de la Auditoria del Ministerio de Transportes, de fecha 19 de agosto.
En su escrito, la organización presidida por el abogado Luis María Pardo argumenta que de dicho informe «se desprenden indicios que señalan como se pudieron aprovechar de la normativa de emergencia durante el covid, y se pretendió burlar el derecho administrativo con resoluciones que eran objetivamente contrarias a derecho, en un doble sentido: primero porque se aumentó la orden ministerial de adquisición de mascarillas en 4.000.000 millones de euros más, utilizando el derecho de emergencia del art. 120 dela Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público».
Añade que «una vez conducida la adjudicación a Soluciones de Gestión se prostituyo ésta, a través del fraude consistente en encargar a un único contratista, seleccionando caprichosamente, en los que el arbitrariamente elegido debía procurar las condiciones por él ofrecidas«. Y, en tercer lugar, porque «se desconoce el destino de millones de mascarillas y por consiguiente, de millones de euros de los españoles, al no constar, actas, albaranes, o comprobantes de entrega de las mismas».
A partir de ahí, Iustitia Europa considera que Ábalos abusó de su cargo y actuó de forma desleal sobre el patrimonio administrado, al adjudicar los contratos indebidamente a la empresa utilizada por la trama del caso Koldo. En su opinión, el informe de la auditoría encargada por el ministro Óscar Puente señala «decenas de evidencias que ‘las decisiones y conocimiento eran a nivel ministro, de gabinete del ministro, habilitado por el ministro, con conocimiento del ministro, avalado por el ministro, que dichos movimientos se realizaban al más alto nivel de ministro y que en definitiva las decisiones se tomaban a nivel ministro». El informe ya ha hecho que otra acusación popular, la que ejerce Liberum, haya solicitado que se tome declaración como testigo al actual ministro.
Luis María Pardo argumenta que “el hecho de que haya podido existir semejante fraude a la ciudadanía, durante el covid, con respecto a las mascarillas y las decenas de millones de euros hurtados a los ciudadanos españoles, hace todavía más criminal todo lo que se esta investigando por parte de la autoridad judicial.”
