Una pieza clave en el mantenimiento y financiación del estado de bienestar español es el sistema fiscal: un entramado que se apoya en una serie de impuestos que gravan diversas transacciones económicas, incluyendo la compra y venta de inmuebles.
Estos impuestos no solo garantizan que funcionen bien los servicios públicos esenciales, sino que también buscan evitar el fraude y la evasión fiscal. En este contexto, la Agencia Tributaria ha aumentado la vigilancia sobre las operaciones inmobiliarias, imponiendo severas sanciones a quienes vendan sus viviendas por debajo del valor de mercado.
La presidenta del PSOE, Cristina Narbona; el secretario general del PSOE y presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y la ministra de Hacienda y Función Pública, María Jesús Montero, durante una reunión de la Comisión Ejecutiva Federal en Ferraz. / EP
Multas de Hacienda a los propietarios
Hacienda ha puesto en marcha un nuevo enfoque de control: una estrategia que se focaliza en las transacciones de bienes inmuebles que se realizan a precios reducidos. Este tipo de operaciones, que pueden parecer inofensivas a simple vista, están siendo minuciosamente revisadas para detectar posibles intentos de evasión fiscal. Concretamente, Hacienda ha establecido multas que pueden alcanzar hasta los 100.000 euros para aquellos propietarios que vendan sus propiedades por debajo del valor catastral o de mercado.
Junio se ha cerrado con una fuerte caída en la compraventa de viviendas en Balears. | B. RAMON / .
Estas multas que propone Hacienda se dividen infracciones leves y graves. En el caso de las ifnracciones leves, cuando una vivienda se vende un 10% por debajo del valor real del inmueble, las sanciones van de 1.000 y 10.000 euros. Mientras que en el caso de las infracciones graves, cuando el precio de venta está por debajo del 5% del valor de mercado, la infracción se clasifica como grave y está entre 20.000 y 100.000 euros que pueden ir acompañados de 6 a 2 años de prisión en función de la gravedad del caso.
Estas medidas se han implementado principalmente con el objetivo de combatir el fraude fiscal, ya que en ocasiones los propietarios intentan evadir el pago de impuestos al vender sus viviendas a precios simbólicos, especialmente cuando se trata de transacciones entre familiares.
