Manuel García Castellón, uno de los magistrados más mediáticos de los últimos años, cuelga la toga en la Audiencia Nacional. El juez que apuntó al expresident Carles Puigdemont por terrorismo en el caso ‘Tsunami’, buscó la imputación en el Tribunal Supremo del entonces vicepresidente Pablo Iglesias e instruyó el macrosumario contra el ex comisario José Manuel Villarejo, cuyas agendas y grabaciones sacaron a la luz las ‘cloacas’ policiales y mediáticas, se jubila por razón de edad.
El Boletín Oficial del Estado (BOE) publica el acuerdo alcanzado por el Conejo General del Poder Judicial del pasado mes de junio después de que el magistrado solicitara adelantar a este lunes su jubilación forzosa que le correspondería el próximo 16 de octubre, cuando cumple 72 años. Es este órgano, actualmente en una situación de bloqueo ante la falta de presidente, es el que debe convocar su plaza, y mientras tanto sus asuntos corresponderán a un sustituto o a un juez de refuerzo, según señalan a este periódico en fuentes del Consejo.
El titular del Juzgado Central de Instrucción número 6, que ingresó en la carrera judicial por oposición en 1977, ha vivido dos etapas muy diferentes en la Audiencia Nacional, un destino al que llegó por primera vez en 1993 para sustituir a Baltasar Garzón cuando éste se incorporó a las listas del PSOE, y del que se ausentó durante un largo paréntesis (2000-2017) para ser juez de enlace en Francia y posteriormente en Italia.
Nacido en Valladolid, García Castellón logro una gran proyección mediática desde los años 90 por tener que ocuparse de casos de importante repercusión política. Instruyó el caso Banesto y adoptó una de sus decisiones más sonadas, al ordenar el ingreso en prisión del entonces todopoderoso Mario Conde. Durante esos años también destacó en su lucha contra el terrorismo, al instruir el sumario por el asesinato de Miguel Ángel Blanco.
Tras concluir sus destinos internacionales y regresar a la Audiencia Nacional recuperó rápidamente la popularidad con los casos Púnica y Lezo las dos causas que, tras la investigación de la trama Gürtel, volvían a apuntar directamente a conductas de corrupción en el PP.
Villarejo, sin condena
Pero el procedimiento al que más tiempo ha dedicado este magistrado tras su reincorporación a la Audiencia Nacional es sin duda el caso Tándem o caso Villarejo. García Castellón ha abierto más de medio centenar de piezas separadas por las actividades del polémico comisario, que fue condenado en primera instancia a 19 de cárcel por las tres primeras causas del caso: Iron, Land y Pinto, si bien esta decisión fue anulada por el tribunal de apelaciones el pasado mes de mayo.
La que ha alcanzado mayor relevancia es la conocida como operación Kitchen sobre el espionaje a Luis Bárcenas. Y en ella García Castellón ha procesado a la cúpula del Ministerio del Interior. Entre las más polémicas, por apuntar directamente al Gobierno de coalición, fue la que adoptó en octubre de 2020 al remitir al Supremo una exposición razonada para que se investigara al entonces vicepresidente Pablo Iglesias por los delitos de descubrimiento y revelación de secretos, con agravante de género, daños informáticos y denuncia con relación al caso Dina.
El titular del Juzgado Central de Instrucción número 6 también ha instruido el caso de los denominados Comités de Defensa de la República (CDR) en Cataluña. La decisión del magistrado de enviar a juicio a sus responsables.
Influencia en la ley de amistía
Por lo que se refiere a Puigdemont, sus decisionen en relación con la posible influencia del expresident en las actividades de Tsunami Democràtic puso en un brete al Gobierno en plena negociación de la ley de Amnistía, dando lugar a cambios que acabaron reflejados en la norma finalmente aprobada con el fin de reforzar la defensa del expresident.
Por el momento, y a falta de la resolución de los recursos en el Supremo y los que puedan presentarse ante el Constitucional, la ley no le ha sido aplicada dadas las acusaciones de malversación que aún pesan contra él por el procés. Si bien el Supremo acordó investigar a Puigdemont por Tsunami junto al diputado del Parlament Ruben Wagensberg, la causa terminó archivada el pasado 9 de julio -al igual que para el resto de investigados aún en la Audiencia Nacional- después de que el propio García Castellón fuera advertido de un error procesal que le obligó a anular la parte central de su investigación.
