La legislatura no parece dispuesta a dar tregua. Tras un primer año marcado por la ley de amnistía, regresa la actividad política a un Congreso con una aritmética parlamentaria aún más compleja, si cabe, que la de hace dos meses. El pacto entre el PSC y ERC para investir a Salvador Illa ha tensado aún más las cosas entre Junts y los socialistas, lo que augura un otoño tenso en las Cortes Generales. A esto se suma que el Ejecutivo deberá encarar varios asuntos clave (y polémicos) en su segundo año de mandato. A continuación, los temas que marcarán la agenda política de los próximos meses:
El Gobierno no se quiere dar por vencido. Pese a que Junts tumbó a finales de julio la senda de estabilidad, el paso previo para la aprobación de los Presupuestos, el Ejecutivo quiere volver a intentarlo. «Nuestra intención, nuestra tarea y nuestra responsabilidad es, como hemos hecho prácticamente la totalidad de todos los años de nuestra legislatura, presentar unos Presupuestos», aseguró este martes la portavoz del Gobierno, Pilar Alegría.
El problema es que los números no dan. El Gobierno necesita de todos sus socios, incluidos los posconvergentes, para aprobar la senda de estabilidad y, ya después, sentarse a negociar las cuentas públicas. La actitud belicosa de Junts hace improbable que quiera dar aire al Ejecutivo, por lo que en la Moncloa ya preparan el terreno para una prórroga presupuestaria. Sería la segunda consecutiva, después de que el adelanto electoral en Catalunya echara por tierra las conversaciones para los Presupuestos de 2024.
Si hay un tema que traerá polémica, como lo hizo la amnistía, será la financiación autonómica. El Ejecutivo lleva años pretendiendo reformar el sistema actual, caducado en 2014, pero en el mientras tanto han acordado con ERC «un sistema de financiación singular» para Catalunya. Los republicanos prefieren llamarlo concierto económico. Con independencia del nombre, la iniciativa deberá pasar por el Congreso para ser aprobada. Para ello deberá contar con todo el bloque de la investidura y eso no está tan claro. Compromís o Chunta Aragonesista -ambos dentro de Sumar- no lo apoyan.
Para intentar calmar las aguas, desde la Moncloa quieren invitar a todos los territorios a sumarse a un modelo similar al pactado para Catalunya. Lo hagan o no, la reforma del sistema de financiación autonómica será imprescindible y, además, el Gobierno prefiere contar con el respaldo del PP para ello, ya que gobiernan la mayoría de comunidades.
A mediados de julio, Pedro Sánchez presentó en el Congreso el esqueleto de su plan de regeneración democrática. Aunque no se haya hablado sobre ello durante el mes de agosto, el jefe del Ejecutivo aseguró que en septiembre arrancarán las conversaciones con todos sus socios para impulsar para aprobar medidas que pueden ir desde la transparencia en las empresas que controlan los medios de comunicación a una reforma de la Ley Orgánica del Sistema Electoral General para hacer obligatorios los debates electorales o mejorar la protección del derecho al honor.
Sánchez regresó este jueves de un viaje por Mauritania, Gambia y Senegal para tratar la cuestión migratoria tras un verano con cifras récord en el que los servicios de acogida de menores de Canarias y Ceuta se han visto sobrepasados. La solución que se intentó alcanzar a comienzo de la época estival fue una reforma de la ley de extranjería para obligar al reparto de los jóvenes entre todas las comunidades autónomas. El PP se negó y votó en contra. Ahora, Canarias sigue pidiendo activar ese mecanismo, pero sigue sin haber una mayoría que lo respalde.
Salvo la entrega de más recursos a Canarias y Ceuta, cualquier solución estructural deberá ser debatida en la Cámara Baja. El PP ya ha presentado su propio plan, que se tratará en la segunda semana de septiembre. Además, partidos como Podemos reclaman que se apruebe una iniciativa legislativa popular (ILP) que reclama la regularización de medio millón de migrantes que están trabajando en España.
El excesivo precio de los alquileres se ha convertido también en los últimos meses en un tema de debate en el Congreso. Buena prueba de ello es que la mayoría del bloque de la investidura se desmarcó del PSOE para registrar una proposición de ley que pretende regular los alquileres temporales, un subterfugio usado por los arrendadores para evitar la aplicación de la Ley de Vivienda.
Y, además, los socialistas deberán contentar a sus socios parlamentarios que ya han criticado en reiteradas ocasiones la escasa actividad normativa del primer año de legislatura. El PNV, por ejemplo, demanda la reforma de la ley de secretos oficiales, algo que Sánchez parece estar dispuesto a conceder, y Sumar insiste en derogar de una vez la ley mordaza, aunque aquí el problema está en las exigencias de ERC y EH Bildu.
