Tirón de orejas a Interior, Migraciones y a la Fiscalía. El Defensor del Pueblo respalda a Canarias en la gestión de la emergencia humanitaria que se vive en el Archipiélago por la acogida de niños y adolescentes migrantes y pide al Estado mayor implicación. Ayer hizo pública una serie de recomendaciones para aliviar el colapso de la red de acogida y proteger a los menores solicitantes de asilo, para lo que requiere la intervención del Estado y exige medidas inmediatas. Ángel Gabilondo, defensor del Pueblo, pone así el foco sobre las administraciones públicas estatales y no carga solo sobre los hombros de Canarias la gestión de la infancia migrante.
Gabilondo pide a los ministerios de Interior y de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones que «se facilite el acceso individualizado a la formalización de las solicitudes de protección internacional de los niños y niñas, mayores de 16 años», para así garantizar su traslado a los centros de Recepción, Atención y Derivación, gestionados por el Estado. Esta recomendación contradice la postura que defiende el Ministerio de Inclusión, que sostiene que, por tratarse de un menor no acompañado, la competencia para atenderle es exclusivamente de la comunidad autónoma que lo recibe.
Interior e Inclusión deben facilitar el acceso de los niños a la protección internacional
El Defensor del Pueblo también insta a ambos ministerios a habilitar en Canarias un centro de Recepción, Atención y Derivación para atender a los niños que piden asilo, con el objetivo de «formalizar sus solicitudes, acreditar su condición de solicitantes de protección internacional, así como su residencia legal en España desde su puesta a disposición de los servicios de protección de menores autonómicos, e identificar las necesidades particulares de acogida para su derivación al recurso más adecuado». Cuando estalló la guerra de Ucrania, España abrió en Madrid un recurso de este tipo para recibir a los ucranianos que escapaban del conflicto.
Niños que huyen de la guerra
También pone sobre la mesa una recomendación dirigida a la Fiscalía General del Estado, a la que sugiere que, en el ejercicio de sus funciones, «como superior vigilante de la actuación administrativa en protección de menores, valore la oportunidad de impulsar las actuaciones propuestas» a todas las administraciones públicas, en aras de mejorar la atención de los menores. Esta es la primera vez que el Defensor del Pueblo, como alto comisionado de las Cortes Generales, hace una recomendación directa a la Fiscalía.
Solicitantes de protección interncional
Gabilondo realiza estas propuestas tras realizar en julio una visita a dos centros de menores de Tenerife, para conocer de primera mano la realidad que se vive en las Islas. También hace una sugerencia a la Consejería de Bienestar Social, Igualdad, Juventud, Infancia y Familias del Gobierno de Canarias, a la que solicita que identifique «de manera individualizada» a los niños con necesidades de protección internacional, mayores de 16 años, que se encuentran bajo su tutela.
Cerca de 5.500 menores migrantes están bajo la tutela del Ejecutivo canario y, según Acnur, aproximadamente, la mitad reúnen las condiciones para ser solicitantes de asilo. En Canarias hay más de un millar de niños de Malí que huyeron de la guerra sin el soporte de un familiar adulto y, en España, la tasa de protección internacional de los malienses es superior al 90%.
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