El Gobierno de Canarias anunció este lunes que ya no puede atender a más menores migrantes y que rechaza acoger a los que lleguen a partir de ahora. El Ejecutivo defiende que, ante la imposibilidad de darles el auxilio que requieren por el colapso de los centros, el Estado es el responsable de la guarda y custodia de los chicos. Los servicios jurídicos estudian cómo acudir a los tribunales en busca de amparo ante lo que consideran una dejación de las competencias estatales en el cuidado y la protección de los menores.

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