El presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo, ha anunciado este lunes que su Ejecutivo abrirá un «proceso jurídico contra el Estado» por el «abandono» al que considera que el Gobierno de Pedro Sánchez ha sometido a las islas en materia migratoria.
Así lo ha explicado en una entrevista en la Radio Canaria recogida por Europa Press en la que ha asegurado que Canarias «tomará decisiones» y, «si no hay lealtad y compromiso, el Gobierno de Canarias va a ponerse en su sitio».
«Vamos a entablar un debate jurídico con el Gobierno de España sobre este asunto. Lo que no puede ocurrir es que la emergencia se convierta en lo normal», ha explicado el presidente en una entrevista.
El presidente canario ha convocado este lunes al consejo de Gobierno regional para debatir los posibles escenarios jurídicos relacionados con la crisis migratoria, con el objetivo de fijar posiciones y tomar decisiones.
Discutir las competencias sobre los menores
Clavijo considera que Canarias ha respondido durante todo este tiempo tal y como debía, «atendiendo» tanto a los mayores, a los que da asistencia sanitaria, como a los menores, sobre los que ha asumido su tutela, pero ha remarcado que eso se hizo ante una situación de emergencia, dando a entender que su Ejecutivo podría cuestionar que sea la comunidad autónoma la que deba hacerse cargo de las competencias sobre la tutela de los migrantes que no han cumplido la mayoría de edad.
Así, calcula que Canarias lleva gastados más de 150 millones de euros en «política migratoria que no es competencia de la comunidad autónoma». «Seguimos sin ver un duro, aunque no es el dinero la solución», sentenció, solicitando que se concrete ya el acuerdo «para que los menores puedan ser ubicados en el resto del territorio nacional» y Canarias pueda recuperar cierta normalidad en los recursos de atención a menores, que superan el 200% de su capacidad.
Aseguró también que este mismo fin de semana el Gobierno central ha ejercido «presiones y amenazas» sobre algunas ONG que están realizando la asistencia de los menores para que sigan acogiendo menores pese a estar saturados.
Si no hay acuerdo, avanzó, «habrá que tomar otras medidas». «Hay gente que confunde la lealtad, la comprensión y la apuesta por el interés general del menor como debilidad. Y están equivocados», sentenció.
