El ritual es conocido, Gracias a la tecnología y desde la pandemia está cada vez más extendido y ha llegado a los sitios más peregrinos. Para incomprensión especial de los europeos (pese a ser quienes lo originaron en la Edad Media), es también costumbre y norma no escrita pero ineludible en Estados Unidos: cuando llega la hora de pagar muchas cuentas, a lo que dice el total hay que sumarle la propina.
Ese gratificación solo supuestamente voluntaria siempre ha sido controvertida en EEUU, un país donde la discriminación racial hacia los esclavos liberados contribuyó a su popularización. Pero el debate sobre este uso económico que compensa salarios míseros y falta de prestaciones ha escalado ahora a nivel nacional una vez que, en año electoral, primero Donald Trump y luego Kamala Harris han propuesto eliminar los impuestos que gravan las propinas.
Que ambos lo hicieran en Nevada, uno de los estados bisagra que será determinante en noviembre, no es casual. Los restaurantes y hoteles del estado, donde está Las Vegas, emplean a más del 20% de mano de obra del estado. Y la propuesta tiene el respaldo del Culinary Union, uno de los mayores sindicatos del sector,
La idea
La idea, sobre el papel, resulta atractiva y se entiende su tirón populista. En 43 de los 50 estados el salario mínimo de trabajadores que reciben propinas (de camareros a taxistas, peluqueros y otros muchos del sector servicios) está estancado desde 1991 en 2,13 dólares por hora, frente a los 7,25 dólares del salario mínimo federal, con lo que las propinas representan la parte fundamental (hasta el 71% según algunos cálculos) de los ingresos de esos trabajadores.
La propuesta de Trump, que ya ha tenido eco en iniciativas de legislación presentadas por los republicanos en el Congreso que han apoyado las dos senadoras demócratas de Nevada, es por ahora carente de detalles. La de Harris es algo más específica pero tampoco está perfectamente delineada.
En principio, la idea de la demócrata es aplicarla solo a trabajadores de hospitalidad y servicios que ganan al año 75.000 dólares o menos, pondría un límite a la cantidad que se puede excluir de la tasación y solo aplicaría en los impuestos federales sobre la renta pero no a las retenciones en la nómina que financian la seguridad social o Medicare.
Harris también ha dicho que buscará legislación en el Congreso para evitar que otros, como abogados o gestores de fondos, exploten la medida y reestructuren sus compensaciones para tratar de sacar partido de la exención fiscal, algo que se denuncia que hacen las propuestas de ley republicanas. La candidata ha prometido además seguir trabajando para defender, a la par, la subida del salario mínimo.
El rechazo
Numerosos economistas, expertos fiscales y defensores de los derechos de los trabajadores, no obstante, han mostrado escepticismo y rechazo y alertan de los riesgos y carencias de la propuesta de dar esa exención fiscal a las propinas.
Uno de los elementos de crítica es que beneficia a un número muy bajo de trabajadores. Según un análisis del Laboratorio de Presupuesto de la Universidad de Yale solo unos cuatro millones de personas, menos del 3% de la mano de obra en EEUU, entra en la categoría de empleados con propina. De ellos, actualmente, el 37% no paga impuestos federales porque sus ingresos no alcanzan el mínimo anual que les obligaría a declarar.
Con la exención fiscal de las propinas, además, se advierte que algunos podrían entrar en una horquilla más alta de ingresos que les podría dejar sin otros beneficios como el crédito fiscal que actualmente ayuda a trabajadores y especialmente a familias de bajos ingresos. Y si se llega a aplicar la medida en las cotizaciones en la nómina los trabajadores podrían acabar con menores prestaciones de jubilación o cobertura sanitaria.
Quitar los impuestos a las propinas es además una medida injusta, según los críticos, pues pasa el peso fiscal a trabajadores también con sueldos bajos que no reciben propinas. La pregunta es por qué, por ejemplo, debería pagar más impuestos un empleado de almacén sin propinas que gana lo mismo que un camarero con ellas.
Los expertos advierten igualmente de las pérdidas en ingresos fiscales que representaría la medida, restando de las arcas públicas entre 10.000 y 15.000 millones al año según los cálculos del Comité para un Presupuesto Federal Responsable. Además, según el grupo no partidista, si se abrieran las puertas a que empleadores y trabajadores reclasificaran otros ingresos como propinas, las proyecciones se elevarían el agujero fiscal hasta entre 165.000 y 275.000 millones de dólares en una década.
Saru Jayaraman, presidenta de la organización One Fair Wage (Un salario justo), ha denunciado que la idea es “meramente un intento superficial de lidiar con la crisis de asequibilidad que enfrentan los trabajadores de servicios”. También Silvia Allegreto, del Centro para Investigación y Política Económica, ha escrito que “hay mejores opciones que un truco mal diseñado de “no impuestos” que deja fuera a la mayoría de quienes reciben propinas y a otros trabajadores de bajos salarios” y ha advertido de los peligros de que “sin salvaguardas apropiadas, gente de altos ingresos reclasifique una parte de sus ingresos como propina, dando otra avenida a los ricos para evitar pagar una parte justa”.
Betsey Stevenson, profesora de política pública y economía en la Universidad de Michigan y que fue principal economista del Departamento de Trabajo, ha escrito en un artículo en Bloomberg que si cualquiera de sus estudiantes hubiera propuesto la idea “habrían suspendido”. “Cualquier política fiscal debe juzgarse en tres dimensiones: los incentivos que crea, la justicia que promueve y las distorsiones que genera”, escribió. “Es raro ver una propuesta que fracase en los tres”.
