Francia continúa en alerta máxima terrorista. Una obviedad teniendo en cuenta que este verano se celebran los Juegos Olímpicos y Paralímpicos de París, y los antecedentes del país. Aunque, según el ministro del interior en funciones, Gérald Darmanin, “no existe ninguna amenaza en particular sobre los Juegos”, sí que existe una preocupación de las autoridades: el conflicto en Oriente Próximo.
El pasado 24 de agosto, un argelino de 33 años atacó una sinagoga de la localidad de La Grande Motte, provocando una gran explosión frente al edificio e hiriendo a un policía municipal. El ataque fue catalogado por las autoridades francesas como terrorista, y la prefectura de Hérault solicitó refuerzo policial en los espacios judíos de la zona. En el país galo, se considera un ataque terrorista a toda agresión extrema con intención ideológica o política.
No es algo nuevo. Desde 2012, tras el ataque a una escuela judía en Toulouse, Francia mantiene un dispositivo de seguridad en centros educativos y de culto judíos. Un protocolo que con los años ha ido variando, y en el contexto actual de conflicto entre Israel y Hamás se ha reforzado de nuevo. A finales de 2023, tras las nuevas tensiones, el Ministerio del Interior aumentó el número de soldados que patrullan las calles francesas: han pasado de 3.000 a 7.000.
Francia cuenta con la comunidad judía más grande de Europa, unas 600.000 personas, que conviven con unos 5,4 millones de musulmanes residentes en el país galo. Unos números que obligan al gobierno a estar con un ojo vigilante puesto en casa y otro en Oriente Próximo. En 1999 se registraron en Francia 82 actos antisemitas, pero un año después con el estallido de la segunda intifada se registraron 744 ataques. Lo mismo ha sucedido en 2023: tras el inicio del conflicto, se registraron 1.676 actos antisemitas, un aumento de más del 1.000% respecto a años anteriores, según datos del Ministerio del Interior.
Aumento del discurso antiinmigración
Francia no baja la guardia. Los últimos ataques en territorio francés han ayudado a alimentar el discurso antiinmigración, motivo por el cual el gobierno endureció su ley de migración en enero de 2024.
La reforma de dicha ley levantó críticas entre la izquierda, que la acusó de “criminalizar a los inmigrantes”, y generó importantes movimientos sociales en las calles francesas. Unos cambios en la ley, que incluyen la reintroducción del delito de residencia ilegal, suprimido en 2012, la restricción al acceso de beneficios sociales y el endurecimiento de las condiciones para una reunificación familiar.
Las nuevas políticas migratorias del gobierno también han sido comparadas con las ideas de la ultraderechista Marine Le Pen. Precisamente, en una entrevista para ‘Le Monde’, el ministro del Interior afirmó que Marine Le Pen, le parecía «muy blanda» en cuestiones de inmigración. Gérald Darmanin argumentó que consideraba que su enfoque no era lo suficientemente firme.
Aun así, Le Pen ha hecho de la inmigración y de los problemas de inseguridad de Francia su principal fuente de captación de votos. Un comodín que le otorgó en las pasadas elecciones europeas y legislativas adelantadas sus mejores resultados electorales de la historia del partido.
«Es esencial controlar nuestras fronteras para detener la inmigración masiva y proteger a nuestros ciudadanos», manifestó Marine Le Pen en la pasada campaña electoral. Sin embargo, distintas asociaciones, como Utopia 56, advierten del problema de las ‘fake news’ que relacionan la inseguridad y el terrorismo con la inmigración. Según el Institut Convergences Migrations, solo el 16% de los delitos graves cometidos en Francia son cometidos por extranjeros, y según el Ministerio del Interior, el 23,6% de la población reclusa es extranjera.
«El peligro para la democracia es justamente explotar el discurso nacional que considera que todos los problemas vienen de la inmigración, ahí es cuando se pone en peligro los principios de la República», señala el historiador, Gérard Noiriel.
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