207 entes, 374.000 funcionarios y el doble de altos cargos que Madrid

Entretanto, la otra cara de la moneda, permanece oculta: el líder del PSC hereda un gasto singular que se sintetiza en: 207 entes públicos, con infinidad de fundaciones y consorcios, muchos de ellos creados ad hoc para llevar a cabo el procés; más de 374.000 trabajadores públicos y el doble de altos cargos que la Comunidad de Madrid. 

Cataluña, en definitiva, cuenta con una administración mastodóntica, la más gasto público soporta en España. De ahí la reivindicación al Estado de algunas medidas como la condonación de la deuda. En términos absolutos, la comunidad catalana se sitúa a la cabeza como la región más endeudada de España. 

A cierre del primer trimestre del año, acumulaba un pasivo de 87.300 millones de euros. Eso sí, el ratio con respecto al PIB es todavía superior en la Comunidad Valenciana. Aunque si se compara la deuda catalana con la de la Comunidad de Madrid, la diferencia es sideral: 31% frente al 12,6%. 

De todo el gasto al que tiene que hacer frente Cataluña, una parte importante viene de la mano de los entes públicos. Entre ellos, hay algunos que resultan elementales para dar cobertura a los servicios públicos básicos, como los relativos a la Sanidad, la Educación o la Cultura. 

No obstante, hay una maraña de entes dependientes de la Generalitat que consolidan toda una estructura nacionalista. Son conocidos como los chiringuitos. En los últimos Presupuestos que presentó Pere Aragonès y que naufragaron por el rechazo de los Comunes, el dinero destinado a financiar las distintas fundaciones, consorcios o sociedades mercantiles se incrementaba hasta los 4.819 millones de euros. 

Hasta hace algunos años, era el propio PSC el que exigía a la Generalitat una mayor contención a la hora de destinar recursos a estas entidades que, desde la administración, han servido a los intereses de los partidos independentistas, pues su único fin ha sido promover el proceso separatista. 

Entes inconstitucionales

Algunas de esas entidades, de hecho, fueron anuladas en su momento por el Tribunal Constitucional, aunque el Govern las ha mantenido y no sólo, ha incrementado su inversión en ellas. Por ejemplo, la Agencia Tributaria de Cataluña, creada para asumir la gestión de todos los tributos y cancelada en 2015 por el Órgano de Garantías, hubiese recibido con las últimas cuentas públicas casi 103 millones de euros. 

Otro organismo que figuraba en los Presupuestos y que en su día fue declarado nulo por el TC es el Servicio Metrológico de Cataluña, cuyo coste supera los 10 millones. De la misma manera, el erario sigue engordando el afamado Diplocat, el consorcio para la proyección internacional de Cataluña, con más de 2 millones.  

Antaño, este fue el instrumento del que se sirvieron los gobiernos de Mas y Puigdemont para vender el procés en el exterior. Entre 2011 y 2017, llegó a recibir más de 417 millones de euros que se destinaron, entre otras cosas, a agasajar a periodistas en Suiza para convencerles de las bondades de su causa política. 

Desde hace años, los partidos y asociaciones constitucionalistas en Cataluña vienen denunciando que la Generalitat, primero con CiU al frente, luego con Junts y, finalmente, con ERC, se ha dedicado a tejer toda una red clientelar para privilegiar a la parroquia independentista con empleos públicos y contratos amañados para familiares y amigos.

Un ejemplo de ello es la pena que pesa sobre una de las principales dirigentes de Junts, la expresidenta del Parlament, Laura Borràs: cuatro años y medio de prisión y 13 de inhabilitación para cargo público por los delitos de falsedad documental y prevaricación durante su etapa como directora de la Institució de les Lletres Catalanes. 

El Tribunal Superior de Cataluña probó que Borràs había adjudicado a dedo hasta 18 contratos menores a un amigo personal. 

Más allá de los llamados chiringuitos, Cataluña sigue incrementando su presencia en el exterior a través de las famosas embajadas. A fin de «desplegar la red de 21 delegaciones de la Generalitat en 72 países», los últimos Presupuestos de Aragonès contemplaban 102 millones de euros para la partida de Acció Exterior.

Si una de las cruzadas que mantienen las asociaciones de castellano en Cataluña es la inmersión lingüística en catalán… en las citadas cuentas para el presente ejercicio, el Govern aumentaba el gasto para la promoción de la lengua cooficial: de 59 a 63 millones. De la misma manera, a los abogados de oficio se les premia en la actualidad con una bonificación de 25 euros por cada escrito que presenten en catalán. 

Para dar cobertura a todo este entramado, Cataluña cuenta con la cifra más alta de empleados públicos: 374.442. De ellos, un total de 290.196 dependen, directamente, de la Generalitat. Es decir: casi 8 de cada 100 empleados en la región. Una plantilla que no ha dejado de crecer en los últimos años, con un aumento del 23% desde el año 2010, cuando estalló la crisis financiera. 

En el plano político, no es menor otro dato: los dirigentes catalanes son, con creces, los que más cobran en España. El sueldo del president, por ejemplo, es de 136.177 euros al año. El del presidente del Gobierno, de 90.010,20 euros anuales. Así mismo, los consejeros autonómicos están sustancialmente mejor pagados que en el resto de regiones: 120.773. 

Por otro lado, el número de altos cargos que están a cargo de la Generalitat y el Parlament se sitúa en 368. Es más del doble de los que tiene la Comunidad de Madrid.