PSOE y PP se vetan mutuamente en el diálogo por la inmigración

Se descarta interlocución. Mientras que Moncloa espera a que sea el PP quien, por la presión de Canarias y Ceuta, donde cogobiernan y gobiernan respectivamente, se torne a apoyar la reforma del artículo 35 de la Ley de Extranjería como primer paso para rebajar la tensión migratoria en lo que respecta a los centros de menores no acompañados, los populares se cierran en banda. Este viernes su portavoz nacional, Borja Sémper, bajaba la ventanilla y daba por imposible el diálogo en inmigración, pero también en otros asuntos de Estado. Todo pese a que el desbloqueo y la renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) en junio abrió las puertas para algunos más. Caso del nuevo gobernador del Banco de España u otras instituciones económicas así como la dirección de RTVE.

Hasta ahora el problema era el inmovilismo del Gobierno y el retrato de su ausencia de rumbo en inmigración, según el PP. Pero desde Génova se proponía un plan de al menos trece medidas como base de negociación con el PSOE para abrirse a apoyar esa reforma legal en el Congreso de los Diputados tras tumbarla a finales de julio. Se pedía reforzamiento de personal policial y recursos en las fronteras, actuación en origen, un fondo de contingencia para que las comunidades afronten las acogidas, la apertura de las infraestructuras gubernamentales cerradas, la petición de ayuda europea, y, extraoficialmente, que se convoque como punto de partida una Conferencia de Presidentes. Con todo, el Gobierno se refería a esto como «excusas» para no apoyar la reforma, se vinculaba al PP con las tesis migratorias de Vox y se le pedía «altura de miras».

Sin un cambio aparente en lo que va de semana, ahora el PP se opone a negociar, hasta nueva orden, con Sánchez por su pretensión de ocupar Moncloa «cueste lo que cueste», dijo Sémper ante los micrófonos de Carlos Alsina. Cabe destacar que esta misma denuncia ya se hizo con anterioridad al pacto judicial desde Génova. También el propio Sémper declaró que la poca fiabilidad que generaba Sánchez dificultaba otros acuerdos Estado más allá de ese. Otras figuras clave en el PP, como el portavoz parlamentario, Miguel Tellado, afirmó en enero que sería imposible pactar asuntos de Estado, para luego pactar la reforma del órgano de los jueces. Y replicó el mismo mensaje cinco días después de esa rúbrica, viendo complicado los consensos ante un partido que está «exclusivamente al servicio de los intereses personales de Sánchez» cuando las renovaciones de las direcciones del Banco de España, de la CNMV o la radio-televisión pública estaban sobre la mesa.

La vuelta al mismo argumentario ahora a cargo de Sémper se produce después de que el PP haya cuestionado el mismo recetario que hace no mucho defendió en materia migratoria. Al menos algunas propuestas iniciales. La polémica de la semana ha radicado en la sugerencia de Sánchez, durante su viaje de Estado por África [en Mauritania, Gambia y Senegal, principales zonas de partida de los cayucos que siguen la ruta atlántica hacia Canarias] de apostar por vías de inmigración regular desde esos países asociada a la temporalidad. Una inmigración, en definitiva, «circular». Eso hizo que el PP acusara al socialista de acudir a esos países de origen para promocionar la inmigración irregular. Un choque breve, pero intenso, que se saldó con Sánchez haciendo equilibrios 24 horas más tarde, el miércoles por la noche, y viendo compatible la misma junto con el control migratorio y la efectuación de deportaciones de aquellas llegadas irregulares. Algo que ya se está haciendo desde hace varios meses, a una velocidad parecida que nuestros principales socios europeos.

La escusa para el rifirrafe, en todo caso, se topa con el posicionamiento de los populares manifestado en el Congreso de los Diputados durante el debate protagonizado en la toma en consideración de una Iniciativa Popular Legislativa (IPL) para la regularización de casi medio millón de inmigrantes irregulares que ya trabajan en España. Propuesta que en las próximas semanas, de acuerdo al encaje en el calendario, volverá al hemiciclo. Y ello con esta crisis humanitaria en el mar y la frontera con Marruecos que apunta a implementarse en el último cuatrimestre por el apaciguamiento de las aguas del Atlántico. La jornada se afrontó el martes 9 de abril de este año, y la encargada de defender la postura crítica del PP, pero abierta al diálogo fue la diputada melillense y portavoz de la Comisión de Migraciones, Sofía Acedo. Defendió una vía intermedia con esas políticas «de calado» y «estructurales» ahora definidas por el PP, pero también el fomento de las vías legales.

Fue en un segundo debate de la enmienda a la totalidad de Vox a esta regularización ya convertida en proposición de ley, el 13 de junio, cuando Acedo trasladó una directriz similar a la que ahora ha generado criticas en el PP. Desde Alberto Núñez Feijóo a Tellado.

Acedo pidió «mayor control de nuestras fronteras (…) el impulso de acuerdos con terceros países de origen y tránsito para que la colaboración sea real y efectiva, y un sistema ágil de colaboración internacional». Pero también reclamó «la promoción de la migración circular, mejorando y agilizando los procedimientos de llegadas ordenadas a nuestro país«.

El discurso de populares y socialistas converge en cuanto a mínimos. La postura matizada de Sánchez, con un alegato a la inmigración legal para disuadir a las mafias y a quienes recurren a ellas, al menos, así lo evidencia. Se pide cumplimiento de la legalidad y deportaciones bajo los parámetros del Derecho Internacional. El PP, aunque Tellado apeló a «deportaciones masivas», ha recalcado que la descarta, pero exige mano dura y de contención frente a las llegadas. Y ahí puede haber un punto de inicio de conversaciones que ambos se niegan a contemplar. «Cuando rectifica, acierta», dijo de Sánchez respecto a esto Tellado ayer desde San Sebastián (Guipúzcoa).

La presión de los socios

A diferencia de consensos como el judicial o el institucional comentado, el tema migratorio tiene un amplio componente visceral que, en ocasiones, impide un debate racional. La presión de Vox al PP es clara, especialmente tras la ruptura política de las alianzas regionales que se produjo a mediados de julio por la aceptación de los de Feijóo para aceptar un realojamiento peninsular de 347 menores migrantes de un total de 400 presentes en Canarias y en menor medida en Ceuta. Con un partido como Vox ahora liberado más allá de los municipios y que en lo que va de año ha apostado su resistencia y futura recomposición nacional a niveles de antaño, cuando sumaba 52 diputados, al PP se le antoja crucial endurecer sutilmente su postura en un intento de resistencia y confrontación. Un equilibrio entre las posturas más centristas y conservadoras de las siglas a modelo europeo, que no mira con malos ojos ya las políticas de Giorgia Meloni en materia de Extranjería.

Cualquier acercamiento al PSOE supondría la apertura de una brecha argumentativa para que desde Bambú se establezca un relato más contundente contra ellos. Además, la situación de minoría en la que han quedado los populares en seis comunidades requiere tener disponible capacidad de acuerdos ante la posibilidad de que los socialistas no los faciliten sin contrapartidas o reformas de la actividad emprendida con Vox hasta la ruptura. Si el Ejecutivo se abriese a reforzar el control migratorio como se ha pedido en esas trece propuestas registradas en el Congreso, el PP podría esgrimir un discurso sustentado en sus exigencias frente a Abascal como respuesta migratoria realista.

La negativa del PSOE a cambiar su postura, pese a la demanda de Fernando Clavijo, presidente de Canarias, demuestra que Sánchez no quiere dejarse condicionar por el PP en esta materia. De ahí que sus ministros, como la portavoz, Pilar Alegría, obviara la existencia de propuestas de los populares. Sobre todo, porque si la premisa es asemejar lo máximo posible al PP y Vox, cualquier asunción de alguna de esas propuestas sería visto como asumir las tesis de la misma. Ya se le ha criticado que entre las filas socialistas se tache a Tellado de «xenófobo» por hablar de esas deportaciones, mientras que al hacerlas Sánchez no se interprete así.

Sumar y Podemos, de hecho, se han mostrado duros tras la ‘rectificación’ de Sánchez. Si bien los magentas no han querido hacer avisos condicionales, Yolanda Díaz ya ha acusado al presidente de comprar las tesis de la derecha. «Seguir las mismas recetas en migración que la derecha es un fracaso y un error. Nuestras políticas tienen que ser de acogida y de solidaridad, no de deportaciones masivas. Hablamos de derechos humanos». Se trata, en definitiva, de un remarque de posiciones frente al PSOE de cara al electorado que, en las últimas campañas, han priorizado en un porcentaje elevado a los socialistas.

Sí amenazó Ione Belarra, secretaria general de Podemos, con tumbar la mayoría de investidura, ya afectada notablemente, si Sánchez seguía comprando el relato de la derecha respecto a las deportaciones. Ello pese a que España es quinto en deportaciones en Europa desde hace meses, con cifras mínimas, cabe destacar. Y que se alcanzó el récord más reciente a principios de 2023 cuando compartían gobierno.

«Si Sánchez compra todo el argumentario racista de la derecha nos tendrá tan enfrente como ellos», escribió. Ante vídeos promocionales del ministerio de Seguridad Social y Migraciones, en la que la ministra Elma Sáinz reivindica proyectos ya vigentes de «migración circular», Belarra, también vía X, ha espetado que la defensa del PSOE y del PP a estas vías, «no es más que un eufemismo» para contar con «mano de obra barata que las empresas del agronegocio puedan explotar para seguir obteniendo beneficios millonarios». Al PSOE le advierte: «Para eso ya tenemos al PP. Por no hablar de los casos de violencia sexual que sufren estas mujeres».

Frente al estancamiento del diálogo, la llamada de auxilio que ya hacen Clavijo desde las islas y Juan Jesús Vivas desde Ceuta al diálogo y una respuesta consensuada, apunta a la única vía que puede terminar abriendo una salida de mínimos. De momento, el gobierno canario solo tiene la promesa de proseguir con un apoyo económico que ve insuficiente al ser similar, de 50 millones de euros, que en 2022 y 2023 con menor presión migratoria. Ceuta sí ha visto duplicado por cinco, hasta los 4,5 millones actuales, el presupuesto para atender a esos menores migrantes, también visto como muy insuficiente. Superan el 500% de sobreocupación de las 88 plazas disponibles.