Alberto Núñez Feijóo reúne a finales de semana a sus presidentes autonómicos para exhibir el poder territorial del partido una vez más y, sobre todo, para asegurar la unidad de su formación en un asunto especialmente sensible: la financiación autonómica. El acuerdo fiscal entre el PSC y ERC para investir a Salvador Illa sigue sin concretarse lo suficiente. Aunque el Gobierno se esfuerza por hablar de “financiación singular”, los independentistas celebran el concierto conseguido, similar al modelo vasco. Y voces autorizadas del socialismo como Josep Borrell también lo han señalado en los mismos términos.
El miércoles, dos días antes de que la plana mayor del PP se reúna la vicepresidenta económica, María Jesús Montero, comparecerá en el Senado por exigencia de los conservadores. Esa intervención será la antesala del cónclave de Feijóo y los suyos ya el viernes en Madrid, con el objetivo de tener nuevos detalles.
Que el Gobierno saliera al paso de las críticas por su pacto con ERC abriéndose a hablar con otras autonomías y atender a su singularidad volvió a poner en un brete al PP. Ya ocurrió el pasado otoño cuando Pedro Sánchez acordó una quita de deuda para Cataluña (gobernada entonces por ERC) de 15.000 millones de euros. El PP logró entonces mantener la unidad, pero hubo dudas. Sobre todo por comunidades autónomas que también necesitan un alivio similar al catalán como ocurre en la Comunidad Valenciana. Esa promesa de “café para todos” hizo saltar las alarmas a los conservadores, convencidos de que necesitaban mantener una posición conjunta y no sucumbir a los cantos de sirena de Hacienda.
Lo mismo, dicen ahora en el entorno de Feijóo, que con el concierto fiscal. “Confiamos y sabemos que nuestros presidentes van a defender la solidaridad”, repiten en Génova. Hay dirigentes en la cúpula que, sin embargo, esperan que el Gobierno no meta excesiva presión buscando una brecha en el partido de la oposición. “Es difícil para algunas autonomías resistirse a una ayuda similar. Algunas lo necesitan mucho y acumulan años de agravios muy fuertes por el sistema de financiación”, reconoce un dirigente nacional a este diario.
El propio Carlos Mazón, presidente de la Generalitat valenciana, trataba de despejar dudas esta semana: “Está fuera de toda duda que tiene que haber un muro contra la insolidaridad, el privilegio y la desigualdad. No se puede consagrar la idea de que por vivir en un lugar determinado tu capacidad de financiar tu salud sea mejor o peor que la de otro español”, decía en una entrevista en Espejo Público. Sin embargo, el presidente valenciano también hacía hincapié en que existen “esas singularidades” en cada territorio.
Sobre el acuerdo llegó a decir que habría que esperar a ver los detalles: “Otra cosa es la letra pequeña. La autonomía y la singularidad de cada uno… Es verdad que algunos partimos de muy abajo”, se quejaba, recordando que su comunidad y la Región de Murcia son las últimas de la cola. Llegó a hacer comparaciones con el caso catalán: “La diferencia es que nosotros cuando pedimos una singularidad, lo que pedimos es una nivelación para estar con los demás. No lo hacemos por separarnos y romper con el resto, sino para empezar a negociar un sistema de financiación en igualdad con todas las comunidades”, remarcaba.
En Génova señalan que tanto Mazón como el resto de presidentes “están dando una lección” de institucionalidad y «generosidad» al defender sus territorios, pero dejando claro que la igualdad es una línea roja. La confianza en que no habrá interlocución con el Gobierno de forma bilateral en ese sentido parece existir. Aún así, el portavoz del partido, Borja Sémper, no fue capaz de garantizar que no fuera a haberla tras el comité de dirección del pasado lunes.
Hay dirigentes que reconocen que en un momento de tanta tensión y debilidad para el Gobierno, cuando se abre un escenario desconocido y muy sensible si realmente Cataluña sale del régimen común, el PP “no puede permitirse” una ruptura en su posición. Algunos consideran que “en este asunto”, como ocurrió con la inmigración antes del verano, “Feijóo tiene que tener liderazgo y autoridad” sobre los suyos.
Un presidente autonómico recordaba en julio, en plenas tensiones con Vox -que terminó rompiendo con el PP- que Feijóo dejó claro a sus barones en una ocasión que exigiría lealtad en todas las políticas de Estado, pero dejaría a cada uno de ellos gestionar siempre lo relativo a su autonomía. La financiación está más cerca de lo segundo que de lo primero, sino fuera por la vertiente que todo lo relacionado con los independentistas tiene para la continuidad del Gobierno nacional.
El viernes los presidentes autonómicos volverán a comprometerse con la posición pactada en un documento conjunto, impulsado por Génova para romper el discurso del Gobierno sobre que podía haber fisuras dentro del PP. Pero, además, el partido establecerá prioridades y objetivos políticos en un curso en el que una vez más las autonomías del PP son clave. El futuro del pacto migratorio y la relación con la ultraderecha, ya fuera de los gobiernos autonómicos, serán los otros temas clave encima de la mesa.
