El juez Joaquín Aguirre expone en un auto del pasado martes que la Guardia Civil ha hallado transferencias del FC Barcelona a Concepción Díaz (Conchi), secretaria de José María Enríquez Negreira. 

Según el auto, al que ha tenido acceso EL ESPAÑOL, el FC Barcelona realizó cuatro pagos entre 2005 y 2006 a una cuenta en la que es titular la empleada del exvicepresidente de los árbitros. El importe total de estas transferencias asciende a 35.555 euros. 

La Guardia Civil destaca que la operación «carece de coherencia», ya que se justificaron como pagos de facturas a la empresa Soccercam SL, de la que es dueño Javier Enríquez Romero, hijo de Negreira.

Los investigadores aseguran que «no existe ninguna relación de dependencia comercial, mercantil ni profesional entre esta empresa y la señora Díaz, ni entre el Barcelona y esta persona que pudiera justificar los pagos».

El magistrado Aguirre, titular del Juzgado de Instrucción nº1 de Barcelona, recalca que la propia Audiencia Provincial ya señaló que hay «claros indicios de criminalidad relativos a la comisión de un delito de corrupción en el deporte» y «otro independiente de blanqueo de capitales». 

En su escrito, el juez reafirma que «no se le ocurre ninguna otra razón convincente que la de alterar la competición deportiva nacional (Liga y Copa del Rey)» como razón de los pagos del FC Barcelona al que fuera vicepresidente de los árbitros entre 1993 y 2018. 

Aguirre pide investigar también diez nuevas cuentas bancarias. Seis de ellas tienen como titular a la secretaria de Negreira y cuatro a José Martínez Alfonso, amigo personal del ex número dos de los árbitros y la otra persona que cobró cheques al portador de las cuentas de las empresas investigadas.  

El Juzgado de Instrucción número 1 de Barcelona ha decidido también esta semana imputar a Ana Paula Rufas, actual pareja de José María Enríquez Negreira, por un delito de blanqueo de capitales.

La Guardia Civil halló tres millones de euros «injustificados» y de «origen desconocido» en sus cuentas bancarias entre 1992 y 2023, tal y como expuso la Guardia Civil en un informe de 168 páginas que fue desvelado por EL ESPAÑOL.

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