La ‘guerra’ judicial prometida por Magyar Vagon (o Ganz-MaVag) tras el veto del Gobierno a la oferta pública de adquisición (opa) lanzada por el consorcio húngaro sobre Talgo será larga y su recorrido limitado. Así lo creen las diferentes fuentes jurídicas consultadas por ACTIVOS, el vertical económico de Prensa Ibérica. Tras conocerse la decisión del Consejo de Ministros y la Junta de Inversiones Extranjeras, la empresa del país de Europa central anunció que iniciaría «todas las acciones legales a su alcance, tanto en España como la Unión Europea, para defender la legitimidad de su oferta», la cual, según su criterio, «cumple con todos los requisitos legales vigentes».
«Las acciones que Magyar Vagon pueda emprender, tanto a nivel nacional como europeo, son legítimas, pero enfrentan varios obstáculos. A nivel nacional, la defensa del interés público por parte del Gobierno en decisiones sobre inversiones extranjeras suele ser un argumento fuerte que los tribunales tienden a respetar. A nivel europeo, si bien existe la posibilidad de que la Comisión Europea se interese por el caso, el proceso es largo y complejo, y no siempre garantiza un resultado favorable para el inversor. En resumen, si bien existen vías legales para que Magyar Vagon cuestione el veto, el éxito no está asegurado y el proceso podría prolongarse considerablemente«, resumen Antonio Benítez Ostos y Marcos Peña Molina, socio director y socio fundador, respectivamente, de Administrativando Abogados.
Otras fuentes jurídicas consultadas explican que detrás de la denegación de una opa de estas características debe haber una motivación adecuada para no ir contra el principio de libre circulación de capitales reconocido en el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea. Por el momento, el Gobierno ha declarado el expediente como clasificado, circunstancia que impedirá el libre acceso a la información, en el que se incluyen los motivos «seguridad nacional» y de «orden público» para vetar la operación. «Es esta motivación y la proporcionalidad de la medida para servir al fin pretendido, la protección del interés nacional de seguridad, lo que debería ser objeto de análisis por las autoridades y órganos de control que, en su caso, procedan a conocer del asunto como consecuencia de las acciones o medidas que tome Magyar Vagon y lo que determinará la posibilidad de prosperar o no de las mismas», explican.
Acciones jurídicas en España
El primer paso que podría iniciar Magyar Vagon para recurrir la decisión es interponer un recurso potestativo de reposición ante el propio Consejo de Ministros en el plazo de un mes desde su notificación, que debería ser resuelto en un mes. Después, la siguiente vía es un recurso contencioso-administrativo ante la Audiencia Nacional, aunque otras fuentes apuntan que este también podría realizarse en el Tribunal Supremo.
«Si bien esta es una vía legítima, hay que considerar que el margen de maniobra del inversor es limitado, ya que el tribunal revisará principalmente si la decisión gubernamental se ajustó a la legalidad vigente, más que a cuestiones de oportunidad o conveniencia económica. El recorrido de este tipo de recursos puede ser largo, extendiéndose entre uno y tres años, dependiendo de la complejidad del caso y del grado de saturación del tribunal. La principal cuestión es determinar si el «interés nacional» autoriza a una actuación pública de veto como la presente, debiendo el Gobierno motivar razonadamente cuál es el interés nacional que pretende proteger con la medida«, explican Antonio Benítez Ostos y Marcos Peña Molina.
Acciones jurídicas en Europa
Fuera de las fronteras españolas, Magyar Vagon tiene la opción, al tratarse de una empresa europea, de interponer en la Unión Europea una denuncia por vulnerar el derecho comunitario, en particular las normativas sobre la libre circulación de capitales. En el plazo de doce meses, la Comisión Europea la estudiaría y debería decidir si cabe abrir un procedimiento formal de infracción contra el país en cuestión, explican las fuentes jurídicas antes mencionadas.
«Si la Comisión Europea considera que hay mérito en la reclamación, podría iniciar un procedimiento de infracción contra España. Este proceso es complejo y suele prolongarse durante varios años. Sin embargo, aunque la Comisión Europea emitiera un dictamen en contra del Gobierno español, este no sería vinculante de inmediato. España podría ser llevada ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), y solo una sentencia de este tribunal tendría carácter vinculante, obligando al Gobierno español a acatarla», concluyen el socio director y el socio fundador de Administrativando Abogados.
