Un día después del rechazo del Gobierno de la oferta pública de adquisición (opa) lanzada por el consorcio húngaro Magyar Vagon sobre Talgo, el ambiente continúa caldeado. Los accionistas minoritarios han tomado la decisión de acudir a los tribunales con el objetivo de impugnar la normativa que permite la suspensión de inversiones extranjeras. En palabras de la Asociación Española de Accionistas Minoritarios de Empresas Cotizadas (AEMEC), «para defenderse de la injerencia del Gobierno» puesto que, para ellos, el proceso de tramitación de la opa en curso «es altamente irregular y está políticamente intervenido». Así, los accionistas minoritarios se suman a la guerra judicial prometida por Magyar Vagon poco después de conocerse el posicionamiento emitido por el Consejo de Ministros.
Más de 8.000 accionistas de Talgo se encuentran en una situación de «indefensión» ante la limitación de la opa lanzada por el consorcio húngaro el pasado mes de febrero que ha sido vetada por el Gobierno para «proteger los intereses estratégicos y la seguridad nacional de España» y evitar riesgos de «orden público». Ante la actual situación de incertidumbre sobre el futuro del fabricante de trenes español, la AEMEC iniciará ha comunicado que iniciará las acciones que correspondan tanto en vía administrativa, contencioso-administrativo, civil e incluso penal «para resarcir los daños que se produzcan a los accionistas».
La asociación toma como base de sus acciones legales el conocido popularmente como ‘escudo antiopas’, la normativa en vigor desde 2020 que restringe la libertad de los inversores extranjeros para adquirir empresas estratégicas en España y la posible suspensión de las inversiones que afecten a la salud, seguridad y orden público. A su juicio, la operación entre el consorcio húngaro y Talgo no se enmarca en estas materias, por lo que el procedimiento de autorización iniciado por el Ejecutivo «no se ajusta a la ley». Por esta razón, la AEMEC recurrirá cualquier decisión del Consejo de Ministros que impida a los accionistas ejercer su legítimo derecho de venta en un proceso de oferta, que resulte arbitrario, injusto «u obedezca a razones políticas o ideológicas».
Magyar Vagon confirmó el pasado mes de febrero su intención de lanzar una opa «amistosa» y «positiva» sobre el 100% del capital del fabricante de trenes español por un valor total de 619 millones de euros. Sin embargo, esta opa incomodó en el seno del Ejecutivo. El ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, fue el primero en asegurar a ‘activos’, el vertical económico de Prensa Ibérica, en levantar sospechas sobre la posible injerencia rusa en la operación.
Sin consenso en los mercados
Los analistas no se ponen de acuerdo sobre las posibles consecuencias del veto del Gobierno a la opa. Para Aránzazu Cortina, de Bankinter, la decisión del Ejecutivo «deja sin opciones económicas a los accionistas de Talgo para monetizar su inversión a través de una operación corporativa» y dificulta cualquier otra oferta por parte de grupos extranjeros al alegar motivos de seguridad nacional y orden público para rechazar la operación. Al mismo tiempo, Cortina avisa de que el veto del Gobierno «supondrá la disolución de Pegaso», que agrupa accionistas que controlan el 40% del capital de grupo (Trilantic, Torreal, Oriol) y proporciona libertad a sus socios para vender títulos en el mercado, algo que «podría ejercer presión sobre el valor».
Por otro lado, el head of institutional research de Renta 4, César Sánchez-Grande, apunta que, si bien la decisión del Gobierno es muy negativa y ha afectado negativamente en la cotización de la compañía, «Talgo se encuentra en un excelente momento. «Estimamos que, hasta que no veamos una solución óptima al problema de capacidad de la compañía, la cotización no reflejará el verdadero valor de Talgo«, añade. Eso sí, desde XTB señalan que el fabricante de trenes debe «buscar una solución a sus problemas de producción». «Por el contrario, difícilmente se podrá justificar el precio actual», agregan, que se sitúa en los 3,93 euros por título.
