Los Estados miembros son quienes proponen a sus respectivos candidatos a comisarios y la presidenta de la Comisión Europea —Ursula von der Leyen en este caso– quien decide si acepta los nombres propuestos. Pero es el Parlamento Europeo quien determina, tras una serie de audiencias con cuestionario por escrito, interrogatorio oral y revisión de las declaraciones de interés de los nominados, si son adecuados o no para el cargo en un procedimiento exhaustivo cuyo resultado no está garantizado de antemano, y que en el pasado ha generado más de un quebradero de cabeza y muchas tensiones.
Además de responder a un cuestionario, los candidatos a comisarios tienen que someterse a una audiencia oral de tres horas que culmina con una carta de evaluación. Si obtienen el apoyo de los grupos -necesitan el apoyo de dos tercios en la reunión de coordinadores-, la aprobación se notifica a la conferencia de presidentes. La última palabra la tiene el pleno del Parlamento Europeo, que solo puede aprobar o rechazar al conjunto del colegio propuesto en un voto colectivo. Eso significa que, en la práctica, la Eurocámara no puede vetar a un aspirante de forma individual porque la composición de la Comisión se vota en bloque, pero si un candidato no supera el examen parlamentario y recibe una evaluación negativa, ello se convierte en un elemento de presión para que el Estado en cuestión reconsidere su propuesta.
Esta vía de confirmación fue utilizada por primera vez en 1995, tras la entrada en vigor del Tratado de Maastricht, para examinar al colegio de comisarios presidido por Jacques Santer. El resultado de aquel primer examen fue la petición de reasignación de cartera para el irlandés Padraig Flynn, por su falta de conocimientos en la materia y su vaguedad en las respuestas, un criterio que desde el Tratado de Lisboa prima en la selección lo mismo que el compromiso europeo de los nominados y su independencia. El reglamento interno de la Eurocámara también incluye otros criterios como los conocimientos específicos de la cartera asignada, la capacidad de comunicación o el equilibrio de género aunque esto último por sí mismo no puede ser un motivo para discriminar a un candidato.
La mayor polémica hasta ahora se suscitó en 2004, con el portugués José Manuel Barroso como presidente designado, cuando la Eurocámara tumbó al candidato propuesto por Italia y obligó a reajustar el equipo. En el foco de aquella tormenta estuvo el italiano Rocco Buttiglione, propuesto como comisario de justicia, libertad y seguridad, y cuyas declaraciones sobre la homosexualidad, el papel de la mujer y la familia, al afirmar que la homosexualidad era pecado y el matrimonio permitía a la mujer tener hijos con la protección del hombre, desataron una riada de críticas que obligaron a Barroso a pedir al Gobierno de Silvio Berlusconi un nuevo candidato.
También se vio obligado a cambiarle de cartera al húngaro László Kovács por sus lagunas en energía (posteriormente fue nombrado comisario de fiscalidad), mientras Letonia optó por retirar a su nominada, Ingrida Udre, por posibles irregularidad políticas y jurídicas. Y lo mismo le ocurrió en 2010 con la búlgara Rumiana Jeleva. Von der Leyen no tiene que mirarse en el espejo de Barroso para saber que la formación del equipo no es un mero trámite y que la Eurocámara podría poner muchos palos en la rueda.
En su primer mandato dos de los candidatos propuestos, la rumana Rovana Plumb y el húngaro László Trócsányi, suspendieron sus respectivos exámenes ante las comisiones parlamentarias encargadas que consideraron que sus perfiles no eran adecuados y Von der Leyen se vio obligada a pedir nuevos candidatos a Bucarest y Budapest. Si la lista de candidatos termina siendo tan desequilibrada como, a priori, parece la alemana, podría encontrarse con un muro en el procedimiento de audiencias que se abrirá una vez se confirme la lista.
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