Una familia que se encuentra en riesgo vital en un velero semihundido del Muelle Deportivo de la ciudad «ya no puede más». Francisco Fernández y su esposa Shirley Correia llevan viviendo una situación insostenible desde el pasado 12 de junio en el que llegaron convencidos de que tendrían una nueva vida. Desde entonces, no solo no tienen una casa donde vivir, sino que también han perdido su trabajo y se les agotan los pocos ahorros económicos con los que cuentan. «Ya no sé qué más vender para comprar comida para mis hijos», dice Francisco.
Su abogado, Alexis Bethencourt explica que aunque la vía judicial ya está abierta con el inicio de las diligencias penales por lo que considera «una evidente estafa», la situación ha provocado un problema mayor, «y es el daño social a una familia que está ahora mismo tirada en un barco». A Bethencourt le preocupa la seguridad y bienestar de los seis miembros de la familia, cuatro de ellos menores de edad de entre 6 y 17 años. «Creo que las barquillas de los pescadores son más seguras que este barco, hay un riesgo vital de que en cualquier momento se pueda hundir».
Por esa razón, pide a las autoridades municipales intervenir «de manera urgente», añade. En la última llamada recibida por parte de personal técnico «nos vuelven a decir lo mismo que ya sabemos, que mientras no estén empadronados no pueden hacer nada». Bethencourt explica que «si bien es cierto que con la nueva Ley de Bienestar Social una persona se puede empadronar hasta en un banco de la calle o un coche, no dice nada de un barco, y ahí es donde les dejan en un vacío».
La solución, según su experiencia, vendría por ofrecerles un «alojamiento temporal breve para poder empadronarse» y, a partir de ahí, buscar un trabajo mientras sigue su curso legal el presunto caso de estafa.
Francisco Fernández: «Estamos muy afectados, ya no aguantamos más»
El abogado de la familia, y anterior director de la oenegé Las Palmas Acoge, puso como ejemplos otros casos en los que se actuó a pesar de que las personas no se encontraran en tierra firme. «Un armador dejó abandonado a 50 nigerianos en el Puerto, y aunque el Ayuntamiento no podía intervenir directamente, a través de nuestra oenegé se les llevó a tierra firme, se les alojó en un recurso de acogida y a partir de ahí tramitaron su empadronamiento hasta que pudieron volver a su tierra», explica. En cambio, en este caso «no estamos hablando de migrantes con cuyos países hay acuerdos de devolución, sino de españoles», y añadió que habría solución para esta familia «si hay buena fe, pero les están dejando en un vacío legal», subraya.
El abogado Alexis Bethencour insiste en que a la concejalía de Bienestar Social «sí le ha tocado casos de naufragios y gente abandonada, y pueden coordinarse con la Autoridad Portuaria para reubicarlos». Asegura que «el municipio tiene recursos de acogida suficientes para llevarlo a cabo para que, desde ahí, puedan tramitar su padrón como primer paso para acceder a ayudas». Es más, añade que, «si no hubiera casuística, habrá que inventarla ante esta situación».
Una de las complejidades que afronta la familia es que «no pueden abandonar el velero hasta no tener una vivienda porque la Autoridad Portuaria lo remolcaría y perderían lo poco que les queda», detalla.
Por su parte, el Consistorio informó ayer que tuvo conocimiento del caso el pasado 27 de junio «cuando se les atendió» y que fue entonces cuando «se les solicitó la documentación para poder facilitarles ayudas económicas».
Alexis Bethencourt: «Les han estafado y esto ha provocado un daño social a toda la familia»
Pero para el abogado defensor existe «incongruencia» por la manera en que se ha actuado, ya que «por un lado dicen que no se pueden empadronar si viven en un barco, pero al mismo tiempo sí les han dado un volante temporal para que puedan llevar a los niños al colegio y al médico, yo creo que es una cuestión de voluntad». Bethencourt añade que «los servicios sociales tienen que intervenir con toda la familia porque no se trata de menores en desamparo, sino un problema social fruto de una estafa judicializada».
La demanda interpuesta se centra en los presuntos delitos de estafa, apropiación indebida y falsedad, ya que Francisco y Shirley pagaron 1.900 euros «por una vivienda habitual, no un barco». Una práctica recurrente porque según el letrado, «se aprovechan de que estos casos rara vez llegan a los tribunales porque los estafados terminan por aburrirse y acaban marchándose y no denunciando», detalla.
El velero había sido ofertado en el portal Milanuncios. «Las fotografías no tienen nada que ver con lo que realmente es porque las ventanas, las habitaciones y parte de la cubierta están rotas», explica Francisco. Además, «el barco se está inundando porque entra agua por donde está el motor, y tenemos que estar achicando constantemente», comenta. Esta situación les está pasando factura. «Estamos física y psicológicamente mal, por nosotros y por los niños, ya no sabemos qué más hacer», reconoce angustiado Francisco.
«Nos sentimos amarrados a un barco»
Francisco Fernández y Shirley Correia llegaron desde Jerez por una oferta de trabajo. «Dejamos todo para darle una vida mejor a los niños, es la primera vez que venimos a Las Palmas, en la Península se habla muy bien de aquí, de que hay trabajo, del buen clima», explica Francisco. Por eso, se pusieron a buscar casas por internet. «No encontrábamos nada, hasta que vimos una oferta en Milanuncios de un velero de tres habitaciones y, como ya teníamos los pasajes comprados y me estaban presionando para incorporarme al trabajo, hablamos con el supuesto dueño para confirmarlo. Fue ahí cuando nos mencionó un piso donde los seis estaríamos mejor que en el barco por el mismo precio», relata. Pero, al llegar, 2nos dice que están terminando de pintar el supuesto piso y nos ofrece quedarnos en el barco por unas noches. Nos pareció bien en ese momento, pero a la mañana siguiente empezamos a ver las condiciones en las que estaba con humedades, roturas y hasta hundimiento porque se está metiendo el agua», continúa Francisco. «Le pedimos irnos ya al piso y ahí es cuando empieza el martirio porque no contestaba a las llamadas y sus mensajes eran para darnos largas», apunta. Para entonces, la familia, que ya había desembolsado 1.900 euros, dejó de pagar. «A partir de ahí, la verdadera dueña del velero nos bloqueó las tarjetas de acceso al pantalán y al no poder entrar y salir con libertad, era imposible llegar a tiempo al trabajo y lo he perdido», relata. Desde el 12 de junio «nos sentimos amarrados a este barco», asevera.
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