Cuando el PSC y ERC sellaron su pacto para la investidura de Salvador Illa, que recoge un nuevo sistema de financiación para Catalunya por el que la comunidad recaudará todos los impuestos generados en su territorio, el Gobierno dejó que los republicanos monopolizaran el relato. En un acuerdo sometido a tantos riesgos como este, la Moncloa no quería añadir nuevas amenazas por alguna declaración de Pedro Sánchez y sus ministros. Así que se mantuvo en silencio, mientras las críticas se multiplicaban entre los líderes territoriales del PSOE, hasta que Illa llegó al Palau de la Generalitat. Pero ahora que ha conseguido este objetivo, la situación ha cambiado.
Frente al discurso de ERC, que en un diagnóstico ampliamente compartido fuera de las las filas republicanas considera que el nuevo sistema supondrá un “concierto económico” para Catalunya, el Gobierno, a través de la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha pasado en los últimos días a negar esta expresión. El Ejecutivo se limita a hablar de “financiación singular” y a ceñirse al contenido literal del acuerdo. Pero también va más allá de las palabras que aparecen en el documento. Al nuevo sistema, que todavía tiene que ser aprobado en el Congreso para entrar en vigor, en un trámite parlamentario de resultado incierto, también podrán sumarse las autonomías que así lo deseen, empiezan a apuntar los socialistas. No se trata, por tanto, de un modelo cerrado, específico para Catalunya. Como la quita de la deuda también pactada con ERC a cambio de su apoyo a Sánchez, está abierto a otros territorios.
En unas palabras que quedaron opacadas por su rechazo frontal a emplear la expresión “concierto económico” y la reacción posterior de ERC, que amenazó con retirar su apoyo al Gobierno si se incumplía lo pactado, Montero llamó el miércoles a las comunidades a “inspirarse” en el nuevo modelo catalán para “explorar otras rutas y caminos” distintos al sistema de financiación de régimen común, que opera para todas salvo para Euskadi y Navarra. El nuevo modelo, añadió, “arroja una nueva mirada que puede tener interés para todo el territorio”.
La falta de apoyo en el Congreso
La oferta del Ejecutivo busca desactivar el malestar que ha despertado el entendimiento con ERC en muchas autonomías, tanto las gobernadas por el PP como por el PSOE, y va especialmente dirigido a aquellas menos favorecidas con el sistema actual, aprobado en 2009 y caducado desde 2014: Andalucía, Comunidad Valenciana, Castilla-La Mancha y Murcia.
Se trata de una apuesta a medio plazo. Para entrar en vigor, el modelo catalán, que habla de “solidaridad” interterritorial sin grandes concreciones y evita cuantificar el cupo que abonaría la Generalitat al Gobierno central para sufragar los servicios que el Estado presta en la comunidad, necesita ser validado en el Congreso de los Diputados a través de una reforma de la ley orgánica de financiación de las comunidades autónomas. El Gobierno no lo tendrá nada fácil con varios de sus socios tradicionales. Sin contar el descontento dentro del PSOE, con barones tradicionalmente cercanos a Sánchez como el asturiano Adrián Barbón y el castellano-leonés Luis Tudanca criticando el acuerdo, hay varias piezas que no terminan de encajar. Junts habla de “engaño”, mientras el PNV, varias de las corrientes que integran Sumar y el BNG han tomado mucha distancia ante el pacto con ERC.
Contra el debate «nominal»
Y después están los republicanos, que el miércoles se revolvieron contra las palabras de Montero sobre la “mentira” que a su juicio supone hablar de “concierto económico” para Catalunya. Algunos miembros del Gobierno sostienen que la vicepresidenta no estuvo especialmente “hábil” ese día, pero la Moncloa pide centrarse en las consecuencias de la investidura de Illa, dejando atrás la larga década de gobiernos separatistas en la Generalitat, y celebra que ya no se esté hablando de la independencia de Catalunya, sino de autogobierno.
El Ejecutivo, en este sentido, da la bienvenida a que la financiación autonómica se encuentre ahora en el primer plano del debate político. Es un asunto en el que Sánchez se siente cómodo, resaltando siempre que le preguntan que desde 2018, año en el que llegó a La Moncloa, el Gobierno ha inyectado al sistema 250.000 millones de euros más que el PP en los seis años anteriores. Frente a los debates “nominales” que no conducen a ninguna parte, La Moncloa insiste en que el pacto con ERC no es en ningún caso un “concierto económico” y se compromete a cumplirlo, poniendo el foco, ante el malestar en las filas socialistas, en que la solidaridad continúa garantizada.
El acuerdo con los republicanos, continúa el Ejecutivo, supone reforzar el autogobierno catalán, pero sobre todo implica dejar atrás el ‘procés’ independentista y la quiebra unilateral de la Constitución por parte de la Generalitat en 2017. Entonces, subraya siempre el Ejecutivo, gobernaba en España el PP. Ahora lo hace el PSOE. Y la situación, dicen los colaboradores de Sánchez, ha cambiado por completo.
