El Ministerio de Economía acordó con la banca hace casi dos años un plan para hacer llegar los servicios financieros a los pueblos pequeños desatendidos, una iniciativa que según ha reconocido el actual ministro, Carlos Cuerpo, ha registrado ya «avances significativos». Tanto es así que su departamento ha puesto los ojos en un nuevo objetivo, para preocupación de las entidades. Economía ha comenzado a analizar la situación del acceso a la banca en los distintos barrios de las grandes ciudades. Y las entidades temen que el Gobierno les pueda forzar a acordar un plan más adelante para garantizar la inclusión financiera de las zonas urbanas desatendidas, similar al pactado en octubre de 2022 para las rurales, según reconocen fuentes del sector.
El 15 de julio, Cuerpo presentó a las patronales bancarias (AEB, CECA y Unacc), así como a representantes de los consumidores (Asufin) y de las personas mayores, los resultados «muy preliminares» del análisis que ha comenzado a elaborar su departamento sobre la situación en las 15 ciudades españolas más pobladas. El estudio consiste en medir la distancia desde el centro de cada una de las secciones censales en que están divididas las ciudades hasta las sucursales. «Lo que vamos viendo es que existe un cierto sesgo en la distribución de las oficinas bancarias hacia los barrios -secciones censales, que es lo que hemos ido mirando- de mayor renta«, apuntó el ministro en la rueda de prensa posterior a la reunión del ‘foro de seguimiento de inclusión y buenas prácticas financieras’.
El director general de la CECA, José María Méndez, y la presidenta de la AEB, Alejandra Kindelán. / Eduardo Parra / EP
Según ha podido saber este diario, Cuerpo explicó durante el encuentro a puerta cerrada que Vigo es la gran ciudad que está en mejor situación, mientras que el 25% de los barrios más pobres concentran solo el 10% de las sucursales en Madrid y apenas el 6% en Sevilla y Las Palmas de Gran Canaria. En general, el 80% de los ciudadanos de estas 15 urbes tiene una sucursal a menos de un kilómetro, un porcentaje que no ha variado mucho en los últimos años. Pero a Economía le preocupa la evolución en las distancias más cortas: el 80% de la población de Madrid tenía una oficina a menos de 250 metros en 2015, pero ese porcentaje ha bajado ya al 57%. Medido según esta variable, el peor resultado es el de Murcia, donde solo uno de cada tres habitantes (33% de la población) tiene una oficina a menos de 250 metros. En cambio, en Barcelona son siete de cada diez (70%).
Ampliar el estudio
Desde el máximo histórico de septiembre de 2008, los bancos han cerrado 28.147 oficinas, hasta contar con 17.560 en marzo, debido a la anterior crisis financiera, los años de bajos ingresos por los tipos de referencia ultrabajos y la digitalización de la economía. El Ministerio está centrado en analizar cómo ha afectado ese proceso de cierre masivo de sucursales al porcentaje de población que tiene una oficina a menos de 250, 500 y 1.000 metros. Su temor es que dicha reducción de oficinas se haya centrado en los barrios de menor renta. Para comprobarlo, va a seguir avanzando en el estudio con ayuda de expertos en economía urbana y lo va a ampliar a un mayor número de ciudades, teniendo también en cuenta características específicas de las urbes, como su orografía o los patrones de desplazamiento de sus habitantes.
Tras la reunión, Cuerpo se mostró públicamente comprensivo con que los barrios más ricos concentren más oficinas bancarias: «Este sesgo hasta cierto punto podemos pensar que puede deberse a que aquellos barrios con mayor renta suponen más oportunidades de rentabilidad o de negocio para las entidades, y por tanto ese elemento de demanda también sesga la presencia de las oficinas en esos barrios». Sin embargo, advirtió de que el Gobierno quiere asegurarse de que el «acceso a los servicios personalizados financieros también se mantiene en estas secciones censales, en estos barrios, de menor renta, donde también suele coincidir una mayor presencia de personas mayores de 65 años«.
Cajeros y oficinas de los bancos del Ibex 35. / activos
El ministro no dio por seguro, pero tampoco descartó, acabar pactando un plan con los bancos. Así, apuntó que el objetivo del análisis que está haciendo Economía es «ver con todo lujo de detalles cuál podría ser, si es que es necesaria, alguna medida paliativa para asegurarnos ese acceso a los servicios financieros personalizados también en los barrios». Eso sí, descartó imponer dichas posibles medidas al sector por la vía normativa y aseguró que, llegado el caso, volvería a abrirse una negociación con las patronales para pactar un plan. «Queremos defender este modelo de colaboración público-privada porque está funcionando bien. Así es como encararemos también las medidas, si es que hay que tomarlas, en el ámbito urbano», subrayó.
Rechazo bancario
La posibilidad de tener que pactar un nuevo plan no ha gustado al sector, pues supone aumentar sus costes para un fin que considera innecesario. La presidenta de la AEB, Alejandra Kindelán, dio una educada pero contundente muestra de ello tras la reunión de julio. «No podemos hablar en España de un problema de exclusión financiera en los barrios, creo que esto todos lo tenemos claro y los datos que vimos así lo reflejan. De hecho, tenemos la segunda red de oficinas más densa de Europa si lo medimos por número de habitantes», argumentó.
La líder patronal, en esta línea, recordó que la digitalización está cambiando los hábitos de sus clientes, que acuden menos a las sucursales, y aseguró que las entidades están implementando soluciones distintas a las oficinas para la operativa más básica, como los cajeros automáticos o el ‘cash-back’ (retirada de efectivo en comercios). Asimismo, pidió respetar la política comercial y el modelo de negocio de los distintos tipos de bancos. «La casuística en las ciudades es muy distinta al mundo rural, aquí los núcleos de población están perfectamente conectados por buenas redes de transporte público, y hay un montón de opciones para los ciudadanos que viven en los centros urbanos», insistió.
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