El Ministerio de Hacienda ya ha practicado la devolución de 707 millones de euros a favor de empresas como consecuencia de la sentencia del Tribunal Constitucional que, en este mes de enero, tumbó la subida del impuesto de sociedades que decretó el Gobierno de Mariano Rajoy en diciembre de 2016 (real decreto ley 3/2016).
En su último informe de recaudación mensual, correspondiente al mes de junio, la Agencia Tributaria eleva a 707 millones las devoluciones practicadas por esta sentencia. En febrero, un mes después del fallo del Constitucional, Hacienda ya devolvió 300 millones a sociedades que habían recurrido contra la reforma del exministro Montoro. En junio, la cifra alcanzó los 707 millones. Según cálculos realizados por Hacienda a mitad de año, el impacto total de esta sentencia podría rondar los 2.840 millones de euros.
En total, el Ministerio cifra en más de 11.200 millones el impacto en las cuentas públicas de las últimas sentencias judiciales contra normas fiscales dictadas por el último Gobierno de Rajoy (modelo de declaración 720 de bienes en el extranjero; decreto 2/2016 del impuesto de sociedades; decreto 3/2016; sentencia del TJUE contra el tramo autonómico del impuesto de hidrocarburos y sentencia contra el canon hidráulico).
En todo caso, el posible impacto de 2.840 millones por la sentencia del Constitucional de enero, contra la subida fiscal decretada por el exministro de Hacienda Cristóbal Montoro, es una cantidad muy inferior a las de diferentes cálculos de asesores fiscales difundidos en los últimos meses, que sitúan su efecto dentro de una amplia horquilla, entre los 8.000 y los 30.000 millones de euros. De un modo u otro, se espera que el impacto para las arcas públicas se concentre, sobre todo, en el ejercicio 2025.
La historia
En la primera mitad de 2016 la recaudación por el impuesto de sociedades se desplomó como nunca antes lo había hecho. El Gobierno del PP había puesto en marcha una rebaja del impuesto que, de forma insospechada para el Ejecutivo, provocó un hundimiento del 85% en su recaudación. La Comisión Europea apretó al Gobierno español y el entonces ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, reaccionó con la aprobación por decreto ley de cambios urgentes y drásticos que debían sacar a flote, como fuera, la recaudación del impuesto.
Entre otras cuestiones, aquel decreto 3/2016 de 2 de diciembre recortó de forma drástica la capacidad de las empresas para reducir su factura fiscal mediante la compensación de pérdidas (bases imponibles negativas) obtenidas en ejercicios previos. La medida de Montoro afectaba a las empresas con una facturación superior a 20 millones de euros. Para aquellas con una facturación entre 20 y 60 millones, la capacidad de compensar pérdidas pasadas se redujo del 60% al 50%. Para las de una facturación superior a 60 millones, el tope para reducir su base imponible con cargo a resultados negativos obtenidos en ejercicios anteriores bajó del 60% al 25%. Esta medida, junto con el endurecimiento en la deducción por doble imposición internacional y en el peor trato fiscal de los deterioros de las participaciones, permitió una recaudación adicional de 982 millones ya en 2017, según los datos de recaudación de la Agencia Tributaria.
En la práctica, el endurecimiento fiscal de aquel decreto ley de diciembre de 2016 ha impactado en las sucesivas declaraciones del impuesto presentadas hasta 2023 (sobre el ejercicio 2022), pues en enero de 2024 ya se publicó la sentencia del Constitucional.
Este 18 de enero, el Alto Tribunal tumbó las reformas introducidas en el real decreto ley 3/2016, de 2 diciembre, con el argumento de que aquella subida fiscal no debía haber sido adoptada por vía de un decreto ley, sino que tendría que haber sido incorporada a través de una ley. Al mismo tiempo, el Constitucional limitó la capacidad de reclamar las cantidades pagadas de más solo a aquellas sociedades que ya hubieran recurrido contra aquella subida fiscal y que no hubieran obtenido aún una sentencia firme.
«La punta del iceberg»
Esta condición es la que hace muy difícil poder calcular a cuánto ascenderá finalmente la cantidad que Hacienda tendrá que devolver a las sociedades por la inconstitucionalidad del decreto. De un modo u otro, los 707 millones devueltos hasta ahora «son solo la punta del iceberg», para Fernando de Vicente, socio de litigación tributaria de EY Abogados. «Hay muchas reclamaciones que están pendientes en los tribunales y la Agencia Tributaria no podrá practicar la devolución hasta que no se resuelvan», explica De Vicente. Estos procedimientos se llevan su tiempo y, lo normal, es que aún no formen parte de la cantidad ya devuelta. «El año que viene es donde se va concentrar la mayor cantidad de las devoluciones», vaticina este experto.
Cabe pensar que existe un número muy elevado de reclamaciones pendientes de resolver. Puede ser que en un principio no fueran muchas las empresas que dieran el paso de recurrir contra el decreto de Montoro. Pero en abril de 2023, la Audiencia Nacional, que estaba juzgando una reclamación planteada por Globalia con ayuda del bufete Cuatrecasas, planteó una cuestión de inconstitucional. «Es muy probable que en aquel momento se animaran a recurrir algunos contribuyentes que no lo habían hecho antes», argumenta De Vicente. Y ello es lo que hace pensar que «puede haber cientos, si no miles» de expedientes abiertos.
Además, existe otro elemento añadido. Después de la sentencia del Constitucional, los inspectores de Hacienda están obligados a tener en cuenta sus efectos en todos los procedimientos abiertos. En 2024 se han podido abrir expedientes que proceden del ejercicio 2019. Pero es probable que aún permanezcan abiertas actuaciones inspectoras sobre el ejercicio 2017. Y este es un argumento más que lleva al socio de litigación tributaria de EY Abogados a opinar que la cantidad que finalmente tendrá que devolver Hacienda a las empresas podrá resultar muy superior a la estimación inicial de 2.840 millones que ha realizado el Ministerio de Hacienda.
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