El prejuicio. El estigma. Son cargas asociadas a las personas con problemas de salud mental. «Siempre ocurre lo mismo y es muy duro. La gente tiende a estigmatizar«. Es el testimonio de Inma Puchades, presidenta de la asociación de Trastornos de la Personalidad (ASVA TP) con sede en Mislata; una de las tantas entidades valencianas que reivindica la no asociación entre dolencias mentales y violencia. Lo ha pedido también la Federación de Salud Mental de la Comunitat Valenciana. Y, también, lo ha hecho el Ministerio de Sanidad con la petición de su comisionada de Salud Mental, Belén González, en relación con el asesinato del menor de 11 años en Mocejón el pasado fin de semana.
Muchos medios de comunicación y, también, las redes sociales han asociado el crimen del presunto asesino con sus supuestos problemas psicológicos. En los titulares de los medios de comunicación, en los mensajes en varias aplicaciones e, incluso, con los testimonios de los vecinos de la familia. «Es el hijo de Fernando ‘el loco'», explicaba un vecino. Lo cierto es que se desconoce si el presunto autor padece una enfermedad de salud mental crónica diagnosticada; su padre lo niega, aunque sí que parece tener una minusvalía del 75 %.
¿Entonces por qué esta asociación? «Se banaliza», Puchades, presidenta de la asociación de Trastornos de la Personalidad (ASVA TP) con sede en Mislata. Para ella, la desinformación sigue siendo uno de los grandes problemas y esto, unido al foco de los medios de comunicación, ha hecho una asociación que la Administración y las asociaciones de pacientes piden romper porque «es muy duro porque la mayoría de personas con problemas de salud mental no son violentas«. Más bien, al contrario. «Habitualmente, suelen ser las víctimas de actos violentos por rechazo, odio o estigma«, añade la presidenta de la federación, Rosa Bayarri, quien explica que el porcentaje de actos violentos ejercido por personas con problemas de salud mental es «muy bajo, las estadísticas lo demuestran».
La diana contra los crónicos
Ambas representantes reconocen que se ha avanzado mucho en cuestiones relacionadas con la salud mental. Se habla más, hay referentes con gran proyección y la Administración traza planes y estrategias; la propia Conselleria de Sanidad cuenta con un programa estratégico para la presente legislatura dotado con casi 724 millones de euros. De hecho, Mazón anuncia hace poco la creación de 22 unidades en la red escolar con 56 psicólogos para la detección precoz de estas dolencias.
La sociedad camina hacia una «democratización de la salud mental«, según Bayarri. Un concepto que, también, tiene su parte negativa. «Al final, se lanza el mensaje de que nos puede tocar a cualquiera -, afirma-. Se habla de problemas comunes, pero se sigue escondiendo a las personas con trastornos mentales graves«. A los pacientes diagnosticados con esquizofrenia, bipolaridad o trastorno de la personalidad.
En el caso de que alguno de estos perfiles ejerza un acto violento, «suele ser contra su propia persona«. Así lo explica Santiago Azpilicueta, psicólogo clínico y director del CRIS Centro de Rehabilitación e integración de personas con salud mental de Ontinyent, el primero de la Comunitat Valenciana. Por eso, insiste en no generalizar tras lo sucedido en Mocejón porque «los pacientes que siguen un tratamiento -farmacológico, de intervención psicológica y social- son menos violentos que la población en general«. Si se deja de recibir, como ocurre con la diabetes o la tensión arterial, la dolencia se agrava. En muchos casos, además, la agresividad puede derivar más bien «del bullying o las agresiones sexuales sufridas» que de la propia enfermedad. De hecho, desde que el centro abrió sus puertas hace 28 años, Azpilicueta reconoce no haber «tenido ningún problema de esta índole».
Recursos para la detección precoz
Lo habitual es que los problemas de salud mental se manifiesten en la etapa final de la adolescencia y, por eso, Alzpilicueta insiste en la importancia de diagnosticarlos cuanto antes para «garantizar la salud de las personas» y poder trabajar en su integración futura en la sociedad porque hay mucho estigma latente en asuntos vitales como el acceso al trabajo o a la vivienda. «También serviría para reducir el número de suicidios», añade.
Para ello, son necesarios los recursos. Y las asociaciones de pacientes señalan, nuevamente, las carencias del sistema de salud público. «Nuestra principal demanda es incrementar el personal en las escuelas y en los centros de Atención Primaria -, pide Bayarri-. El centro de salud es la puerta de entrada al sistema sanitario, que debería ofrecer equilibro y estabilidad, una vida normalizada para todas las personas«.
El listado de deberes de la Generalitat Valenciana es extenso: viviendas sociales, plazas en los centros de media y larga estancia para los pacientes más allá de los casos agudos, plazas especializadas en las residencias, unidades de hospitalización psiquiátrica en todos los departamentos de salud, plazas en centros de día… Y más porque la Comunitat Valenciana es el territorio con mayor tasa de trastornos mentales de España, el segundo con más casos de suicidios y autolesiones y a la vez uno de los más pobres en cuanto a recursos para atender esta nueva pandemia.
La realidad es que «la sanidad está desbordada«, defiende Puchades. Tanto es así que, en su asociación, tiene en lista de espera a personas derivadas desde los centros de salud y hospitales porque ellos «no pueden con todo». Son las asociaciones y entidades las encargadas de ofrecer servicios necesarios en el día a día de las personas con problemas de salud mental. Lo hacen con la incertidumbre de su estabilidad presupuestaria; muchas se nutren de las subvenciones de la Administración. «Necesitamos nuevas formas de financiación porque vamos muy justos y no podemos atender a más gente», concluye.
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