Canarias importa alrededor de 200.000 toneladas al año de arena procedente del Sahara Occidental sin que esta gran cantidad de áridos pase por los controles necesarios para evitar la llegada de patógenos y especies invasoras de flora y fauna, debido a la falta de las infraestructuras necesarias en los puertos dependientes del Estado. La Asociación Canaria de Amigos del Pueblo Saharaui (Acaps) lo denuncia desde el año 2001, lo puso de manifiesto el diputado nacionalista Mario Cabrera en la última sesión plenaria del Parlamento el pasado mes de julio y lo reconoció el consejero de Política Territorial, Manuel Miranda: «la entrada de arena se produce a través de puertos estatales porque los autonómicos no tienen competencia para comerciar con terceros países, pero tampoco cuentan con las instalaciones que garanticen las condiciones sanitarias». Una situación que, además, supone un flagrante incumplimiento de la Orden del año 2001 por la que el propio Gobierno de Canarias establecía las «medidas generales y urgentes» para el «tratamiento de arenas procedentes del continente africano, destinados al uso de la construcción, asfaltado o cualquier otro, con excepción del utilizado para la generación de playas».
Tras el paréntesis estival, el asunto llega a la Cámara Alta de la mano del senador nacionalista Pedro San Ginés, que ha solicitado al Estado «los detalles sobre el nombre de las embarcaciones y los muelles canarios de destino» procedentes «del puerto de El Aaiún o cualquier otro del Sáhara Occidental en los años 2021, 2022, 2023 y 2024, que transportasen arena procedente del continente africano para su descarga» en esas instalaciones. El senador, además, reclama «confirmación acerca de si la arena importada fue sometida a algún tipo de control sanitario para evitar la llegada de patógenos, y explicación sobre el tipo de tratamiento aplicado».
Al respecto, las observaciones llevadas a cabo por asociaciones como Acaps, Fuerteventura Sáhara Fuerte y el Observatorio de Recursos del Sáhara Occidental arrojan sus propios datos: «las empresas Yecasa, Arabella Shipping Corp., Gramelcan y Ceisa son las principales que traen áridos procedentes del Sahara Occidental y los descargan en Arinaga, Arguineguín, el Muelle Reina Sofía de Las Palmas, la Dársena Pesquera y el Muelle de Ribera en el puerto de Santa Cruz, Arrecife y Puerto del Rosario«.
El senador de CC Pedro San Ginés pide información sobre las descargas en los puertos canarios desde el año 2021
Así lo asegura Anselmo Fariña, coordinador del área de expolios de recursos naturales de Acaps. Y añade: «en ninguno de esos puertos se llevan a cabo las normas establecidas para cribar la arena africana con garantías de que no contenga semillas, huevas de insectos o insectos mismos».
«Esta arena sin control se usa sobre todo como material para hacer cemento para la construcción de edificios y en acondicionar espacios infantiles y senderos en muchos parques municipales», insiste Fariña.
Una situación que ya han puesto en conocimiento, «sin que nos hayan hecho caso, pese a que la Guardia Civil ha levantado varias actas», tanto a las subdelegaciones del Gobierno central en ambas provincias como a los distintos consejeros de Política Territorial y a las autoridades portuarias de Las Palmas y Santa Cruz de Tenerife.
El consejero Manuel Miranda reconoció en julio que la arena «no está en las condiciones sanitarias necesarias»
En concreto, la orden autonómica de 2001 establece que las arenas procedentes del continente africano con destino a territorios de la Comunidad Autónoma de Canarias para ser utilizadas en la construcción, asfaltado o cualquier otro uso «deberán ser sometidas a fumigación química integrada con la aplicación del insecticida y herbicida; cribado y lavado en agua salada e incineración de la materia orgánica en suspensión resultante de la criba, y la esterilización térmica a temperaturas entre los 221-232º centígrados durante dos minutos; entre 110-120º durante 16 horas o con calor húmedo a 120º durante 30 minutos». Tras este proceso, que para Fariña «se incumple de forma sistemática», la orden mandata a todos los vehículos de transporte que porten arena desde el puerto hasta su descarga a ser «lo suficientemente herméticos como para que no salga la arena de su volumen», que los áridos descargados se almacenen en «depósitos en los que la arena no esté en contacto directo con el suelo» y evitar «lugares en los que el viento pueda dispersarla, debiendo cubrir los montículos de arena con plásticos u otro tipo de aislante».
El consejero de Política Territorial, Manuel Miranda, reconoció en julio en sede parlamentaria que la situación de incumplimiento de la Orden es preocupante y se comprometió, en colaboración con las consejerías de Transición Ecológica y la de Agricultura, a cumplir con la misma «y solucionar este problema, ya que se está trayendo una arena que no está en las condiciones sanitarias necesarias».
La importación de áridos del Sahara Occidental tiene, además de los efectos sanitarios y ecológicos -la arena es un recurso limitado, pues el yacimiento del que se extrae para exportarla a Canarias, tiene una capacidad de solo dos millones de metros cúbicos- tiene una vertiente política tras la sentencia dictada por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea en 2016 que aclara que Marruecos no puede exportar como propios los productos del Sáhara Occidental.
«Canarias es cómplice de un expolio de recursos naturales de los que es soberano el pueblo saharaui», concluye Fariña.
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