Aunque la paralización por ArcelorMittal de sus proyectos para sustituir los hornos altos alimentados con coque por hornos de reducción directa del mineral de hierro mediante el uso de hidrógeno verde (DRI) afecta por igual a sus principales plantas de España, Francia, Bélgica y Alemania, Gobiernos y sindicatos europeos se miran con suspicacia, y siguen los movimientos de unos y otros, en la convicción de que no solo se está produciendo una competencia por costes energéticos y ayudas entre Europa y otras áreas económicas –que es la fase en la que se está–, sino que muy previsiblemente terminará por abrirse la puja entre territorios europeos, si es que no se ha abierto ya de facto. El destino futuro de la siderurgia integral descarbonizada podría decidirse en función de las políticas ventajistas de los países.
El temor lo verbalizó en febrero Dirk Vogeler, un sindicalista alemán, miembro del comité laboral de la factoría de ArcelorMittal en Eisenhüttenstadt, cuando señaló, en referencia a su país: «Los precios de la energía siguen siendo un problema» porque «son más elevados que en otros países de Europa. El gobierno debe actuar en este aspecto».
La referencia implícita en la declaración de Vogeler apunta a Francia. El país galo cuenta con el más elevado despliegue de energía nuclear de Europa y además dispone de una tarifa especial para la industria (Arenh) que, junto con otras compensaciones, permite a su estructura productiva gozar de unos costes eléctricos inferiores a los de las factorías españolas. Y esto incluso cuando, como viene ocurriendo desde 2022 –como acaba de señalar el último barómetro energético de la Asociación Española de Empresas con Gran Consumo de Energía (AEGE)–, el precio medio anual del mercado diario arroja importes inferiores en España.
En 2023 el Estado francés ya tenía el 98% del capital del gigante energético galo EDF, pero, aun así, lo amplió ese año hasta el 100% para ejercer el control total sobre la multinacional eléctrica. Y también posee el 27,27% de Engie, la segunda compañía energética del país.
«EDF es un brazo de la política industrial del Gobierno francés», comentó en privado a este diario un representante del sector industrial español. «Y la tarifa Arenh también lo es», indicó. Otro cualificado miembro del sector fabril nacional y conocedor de sus vicisitudes energéticas opinó en sentido similar: «En Francia, la política energética está al servicio de la política industrial».
Por esta razón, la visita el 15 de enero del ministro de Economía francés, Bruno Le Maire, a la planta de ArcelorMittal en Dunkerque, en el norte del país, y la firma de un convenio entre la siderúrgica y EDF para el suministro de energía en condiciones ventajosas a la planta acerera desde la cercana central nuclear de Gravelies avivaron los temores.
Bélgica –cuya factoría de Gante sigue a la espera de la inversión de ArcelorMittal en DRI, al igual que las de Gijón, Dunkerque y las alemanas de Bremen y Eisenhüttenstadt– hizo un primer movimiento con la entrada del Estado en el capital de dos centrales nucleares ampliadas (Doel 4 y Tihange 3), de las que ha pasado a ser accionista con la eléctrica francesa Engie, y, acto seguido, el Gobierno firmó una carta de intenciones con la multinacional siderúrgica para garantizarle electricidad barata mediante su suministro desde ambas plantas nucleares.
Se sabe que el Gobierno español mantiene incesantes conversaciones con la dirección española de ArcelorMittal para remover obstáculos y garantizar que la compañía confirme la inversión de 798,61 millones prometida el 13 de julio de 2021 en el DRI en Gijón y para la que el ejecutivo le otorgó el 5 de abril del año pasado una ayuda pública de 450 millones. Pero sin los resortes que tiene a su disposición el Gobierno francés, la pugna puede ser desigual en el caso de que la acerera priorice un país de la UE sobre el resto de los aspirantes en función de los costes.
A diferencia de Francia, España renunció a la empresa estatal eléctrica española Endesa con su privatización completa en 1998 en aras de una liberalización muy en boga en las doctrinas imperantes de la época. Hoy la española Endesa ha vuelto a ser estatal, pero no está en manos del Gobierno español sino del italiano a través de la empresa pública trasalpina Enel. En España también opera la estatal China Tres Gargantas –lo hace directamente y a través de su participación en EDP–, la francesa Engie –con un tercio de su capital en manos del ejecutivo galo– , la estatal francesa EDF a través de su filial italiana al 100% Edison, y los fondos soberanos y compañías estatales de Argelia, Qatar, Emiratos Árabes, Noruega y Singapur, que tienen participaciones en el sector energético español, al igual que la petrolera italiana ENI, participada por el Estado de su país en el 32,4%. Hoy grandes energéticas españolas, como Iberdrola, Naturgy, Enagás, Endesa, Cepsa, Repsol y Nortegás tiene participaciones públicas extranjeras, y en algunos casos –Cepsa y Endesa– con dominio hegemónico.
En Europa hay otros ejemplos de control público sobre actores relevantes: el Gobierno alemán elevó su posición en la gasista Uniper hasta el 99,12%.
En el caso español, el Estado conserva participaciones en el sector, y con elevada capacidad decisoria, pero solo en los gestores de infraestructuras de transporte: el 5% en Enagás (operador y gestor de la red de gas natural y de la futura de hidrógeno verde) y el 20% en Redeia (red de transporte de energía eléctrica).
La asimetría entre unos países y otros en la capacidad de intervenir y en los resortes de que disponen es evidente, sobre todo respecto a Francia, donde la derecha y la izquierda han mantenido incólume su respaldo a las grandes participaciones públicas en sectores clave para disponer de instrumentos de intervención que les permita proteger los intereses económicos e industriales nacionales cuando entran en colisión o en competencia con los de otros países, incluidos los socios de la UE.
No es un caso aislado. La era de los años 80, que impuso la lógica de la no intervención –adscrita a las corrientes neoliberales triunfantes desde 1979–, está en revisión. En EE UU la ley IRA de Joe Biden es una norma dirigida no tanto a luchar contra la inflación –como indica su nombre– sino a favorecer la reindustrialización. Y su efecto ya se nota en el destino de las inversiones en DRI de la siderurgia, entre otros sectores. «Algunas industrias ya han optado por irse allí», comentaron medios patronales españoles.
Desde la última crisis financiera de fines de 2008, Global Trade Alert ha cuantificado 58.000 medidas gubernamentales que restringen la libertad de comercio e inversión y solo 10.900 que la favorecen, señaló ayer «Cinco Días».
La ofensiva de grupos estatales extranjeros sigue al alza en la economía española
El intervencionismo de los estados está al alza y España no es sujeto activo, pero sí pasivo. El país asumió que los Estados no deben competir con sus propias empresas en el sector productivo, pero hoy lo hacen en España otros Estados con sus grupos públicos y de modo creciente. La antigua eléctrica estatal española Endesa –hoy propiedad del Gobierno italiano– constituyó una alianza en julio con Masdar –el grupo de energías renovables de la compañía estatal Taqa, de Abu Dhabi– para controlar un gigante de las energías verdes en España. Antes, Taqa intentó hacerse con la eléctrica y gasista española Naturgy y negoció hasta junio el lanzamiento de una opa con Criteria, brazo inversor de La Caixa y accionista de la energética española, para compartir la gestión. Diversos Estados europeos han reforzado su participación en energía, defensa y telecomunicaciones, sectores considerados estratégicos. El Gobierno español lanzó este año una operación de compra de acciones de Telefónica para proteger esta antigua sociedad estatal española ante la entrada en su capital del grupo estatal árabe Saudi Telecom (STC). Otros países europeos nunca renunciaron a participar en sus grandes operadoras, como la alemana Telekom (30,5% del Estado), la francesa Orange (23%) –presente en España y Asturias, y hoy dueña de la marca asturiana Telecable a través de Masorange–, la sueca Telia (41,1%), la noruega Telenor (53,9%) y la suiza Swisscom (51%). El Estado húngaro quiere hacerse con el fabricante español Talgo a través del consorcio público-privado Ganz-Mavag Europe, y la ferroviaria española Renfe tiene vetos para operar en Francia mientras que en España compiten las estatales SNCF (Francia) y Trenitalia (Italia). Mubadala y CIG (fondos soberanos de Emiratos Árabes Unidos y de Singapur) han tomados participaciones en las españolas Tubacex (metalurgia) y Bruzon (seguros).
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