El PP no ha dado ni un día de tregua al Gobierno. No ha habido jornada del mes de agosto en el que algún dirigente popular no arremetiera contra el Ejecutivo de Pedro Sánchez. Y temas no les han faltado: las numerosas incidencias ferroviarias, las elecciones en Venezuela, el pacto entre ERC y PSC o la llegada masiva de migrantes a Canarias. Todo ello va a converger ahora en una suerte de «septiembre intenso», como han querido calificar los conservadores al escenario escogido para los planes que han tejido durante este verano con el fin de cercar al Gobierno.
En la estrategia urdida por el PP para las próximas semanas, la primera parada será el próximo martes, cuando se reúna en la Cámara Baja la Diputación Permanente. Tras un mes de parón se debatirán las nueve peticiones de comparecencia que reclaman los de Alberto Núñez Feijóo. Tres de ellas para que Sánchez dé explicaciones ante el Pleno del Congreso: sobre la postura del Gobierno ante las elecciones venezolanas; sobre la política migratoria del Ejecutivo ante la saturación de los servicios de acogida de menores extranjeros en Canarias y Ceuta; y sobre el regreso y posterior huida del expresident de la Generalitat, Carles Puigdemont.
Además, los populares reclaman que comparezcan otros cuatro ministros: la vicepresidenta primera y responsable de Hacienda, María Jesús Montero, por el acuerdo alcanzado entre el PSC y ERC que contempla un concierto económico para Catalunya; el ministro de Transporte, Óscar Puente, por el caos ferroviario, pese a que este viernes ya dio explicaciones en el Senado; el ministro de Exteriores, José Manuel Albares, sobre las actuaciones de España ante el «posible fraude electoral» en Venezuela; y la ministra de Igualdad, Ana Redondo, por los fallos en varias leyes de su departamento.
El Senado y los presidentes autonómicos
Los populares necesitarán la ayuda de alguno de los socios del Ejecutivo para aprobar estas peticiones, un escenario que tampoco resulta descabellado a la vista de la estrategia seguida por Junts. Además, los populares podrán hacer uso de su mayoría absoluta en el Senado para que los ministros que consideren deban comparecer. Por el momento, ya han registrado en la Cámara Alta la solicitud para que acuda Montero por la financiación catalana y la ministra de Sanidad, Mónica García, para explicar la acción del Ejecutivo ante la expansión de la viruela del mono.
Será también en el Senado donde los populares reactiven la comisión de investigación sobre el ‘caso Koldo’ y las actividades de la mujer Sánchez, Begoña Gómez. Por el momento, el PP se resiste a citar en este foro al presidente del Gobierno, pero podría llamarlo en cualquier momento. La secretaria general popular, Cuca Gamarra, ha anunciado que pondrán en marcha también la comisión sobre el Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS).
Presidentes y diputados
El plan de los conservadores para este regreso de las vacaciones continuará con una reunión de Feijóo con todos los presidentes autonómicos del PP para establecer una estrategia unitaria contra el concierto económico catalán. Desde la formación popular explican que el objetivo de ese encuentro, fechado para el viernes 6 de septiembre, es analizar todos aquellos «mecanismos institucionales y estatutarios» que les permitan hacer frente a este pacto de los socialistas con ERC.
Una semana más tarde, cuando el Congreso vuelva a estar a pleno rendimiento, el PP quiere poner al Ejecutivo entre la espada y la pared, para lo que ya ha registrado varias iniciativas con el ánimo de obligar a pronunciarse al Gobierno sobre asuntos de actualidad. Por un lado, intentarán que el Congreso ratifique la victoria del candidato venezolano Edmundo González, para lo que creen que tendrán apoyos. Por otro, llevarán a debate su plan migratorio ante la «inacción» del Ejecutivo, con propuestas que pasan por reforzar el control de fronteras, dotar de más recursos a las comunidades o reclamar ayuda a la Unión Europea.
Contra la amnistía
A todo esto se suma que en los primeros días de septiembre el PP presentará en el Tribunal Constitucional un recurso de inconstitucionalidad contra la ley de amnistía. El líder popular avisó que agotarían el plazo máximo que tienen para registrarlo ante las dudas sobre la «imparcialidad» de este órgano. En este sentido, han anunciado que recusarán al su presidente del TC, Cándido Conde-Pumpido, y los dos miembros que proceden del Gobierno, el exministro Juan Carlos Campo y la exdirectora general de Moncloa Laura Díez.
