El Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial (CERD) de la ONU ha instado este viernes a las autoridades venezolanas a reforzar las medidas para acabar con la discriminación institucional y racial hacia los pueblos indígenas y afrodescendientes.
En sus observaciones publicadas en su página web, este órgano de expertos ha urgido al Gobierno venezolano a garantizar la efectividad de los planes y políticas públicas dirigidas a eliminar la discriminación racial, que tengan en cuenta «las brechas de desigualdad y las necesidades concretas» de la población indígena y afrodescendiente.
En este sentido, ha destacado la necesidad de que estas comunidades sean consultadas y participen «en el diseño e instrumentación de los programas sociales en su favor».
Entre las mayores preocupaciones del CERD figuran las altas tasas de deserción escolar y la falta de maestros calificados en las escuelas de las zonas donde principalmente habitan estos pueblos, así como las dificultades que enfrentan para acceder tanto a servicios de salud como al mercado laboral.
Asimismo, el Comité de expertos ha manifestado su preocupación por supuestos «actos de intimidación y represalias» contra defensores de Derechos Humanos y representantes de la sociedad civil en Venezuela, a quien ha instado a prevenir cualquier hostigamiento o amenazas contra estas personas y a investigar «exhaustivamente» todos estas actuaciones.
Los 18 expertos que conforman el Comité han mostrado además su inquietud por las imprecisiones de la Ley Constitucional contra el Odio promulgada en 2017, alertando de su instrumentalización para limitar la libertad de expresión y «el número de procesos penales relacionados con declaraciones en contra de las autoridades y en defensa de los Derechos Humanos».
«El Comité recuerda al Estado parte que las medidas encaminadas a vigilar y combatir el discurso racista no deben emplearse como pretexto para restringir las expresiones de protesta contra la injusticia, ni las de descontento social o de oposición», ha señalado.
Por otra parte, el Estado también debe tomar medidas en relación a «las tierras, los territorios y los recursos» de los pueblos indígenas, de modo que prevengan o mitiguen su desplazamiento, y puedan hacer uso de sus propios medios de subsistencia y desarrollo.
Para ello, las autoridades deben evitar «desplegar fuerzas militares y realizar operativos militares en territorios indígenas sin haber consultado previamente a sus habitantes para obtener su consentimiento libre e informado».
A este respecto, recomendó al redoblar los trabajos para garantizar la disponibilidad, accesibilidad, aceptabilidad y calidad de la educación para los niños indígenas, incluso mediante la promoción de procesos formativos y de capacitación continua de los docentes a fin de fortalecer la educación intercultural bilingüe.
En cuanto a los servicios de salud, llamó a Venezuela a asegurar su accesibilidad, disponibilidad, aceptabilidad y calidad teniendo especial consideración de las necesidades, tradiciones y diferencias culturales de los pueblos indígenas, principalmente en el caso de las mujeres.
Para el mercado laboral, el Comité pidió al país que garantice que las personas indígenas tengan un acceso sin discriminación y cuenten con condiciones de trabajo justas y satisfactorias.
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