El asesinato del pequeño Mateo, un niño de 11 años que fue presuntamente apuñalado por un vecino, ha desatado, además de una oleada de indignación, una tormenta de bulos que se puso en movimiento prácticamente desde que se conoció el crimen. Amparados en el anonimato, y en la falsa seguridad que da estar detrás de una pantalla, tuiteros de extrema derecha —entre ellos el europarlamentario Alvise Pérez—, se lanzaron a difundir ‘fake news’ que apuntaban a que el asesino era un supuesto joven de origen extranjero.
Lo sucedido en redes sociales, que hace no tanto habría pasado sin mayores consecuencias, ya está siendo estudiado por la unidad de delitos de odio de la Fiscalía. Una unidad que está cada vez más presente en los tribunales españoles, pues el pasado mes de julio el Ministerio del Interior informó de que, a lo largo del pasado año, se investigaron un total de 2.268 infracciones penales e incidentes de odio en España, lo que supone un incremento del 21,3 por ciento respecto a 2022.
Una parte de esas agresiones, y muchas otras que no se denuncian, se cometen en la red. Por ejemplo, según ha podido saber El Periódico de España, durante el último año se ha condenado a un usuario de Instagram que intentó organizar una «cacería de moros» en el País Vasco; a un juez de Murcia que volcó por Facebook su homofobia contra unas madres adoptivas; a un ultraderechista de Ávila que alentó al antisemitismo por Twitter y que pidió «derramar sangre» para acabar con el Gobierno de Pedro Sánchez y a siete personas que pedían violencia contra los menores extranjeros no acompañados en Melilla.
Las víctimas, además, también están cada vez más concienciadas de no dejar pasar este tipo de hechos. En febrero de este año, por ejemplo, un tribunal de Cataluña también ordenó reabrir el caso de una mujer transexual que denunció que un grupo de tuiteros había aprovechado unas fotografías de su cuenta personal para burlarse de ella y humillarla públicamente por su identidad sexual. El asunto, que había sido archivado previamente, se reabrió por su recurso.
El odio a los extranjeros
Esta semana, el Fiscal de Sala de Delitos de Odio, Miguel Ángel Aguilar, pedía más herramientas para poder combatir a quienes se aprovechan del anonimato de las redes sociales para volcar su odio. A pesar de que, dice, la ley es suficiente para condenarles, necesitan más herramientas para poder identificarles o para garantizar que estén alejados de la red durante algún tiempo.
Llegar hasta quienes esparcen su odio por internet, como ha sucedido en el caso del pequeño Mateo, no siempre es fácil, pero se puede. Por ejemplo, la Audiencia de Málaga condenó ens eptiembre a siete personas de Melilla, que habían sido previamente absueltas, a penas de entre uno y dos años y medio de prisión por escribir expresiones «humillantes, agresivas e hirientes» hacia los menores extranjeros no acompañados, más conocidos como ‘menas’.
En la sentencia, a la que ha tenido acceso este periódico, se explica que en su grupo de Facebook, en el que había más de 17.000 usuarios suscritos, se encontraron mensajes llamando a tomarse «la justicia por su mano» y a hacer «patrullas ciudadanas» para limpiar las calles de la ciudad de «ratas» (en referencia a los menores).
Algo parecido intentó hacer un hombre del País Vasco cuando, a finales de 2021 y «guiado por el ánimo de incitar a la violencia y el odio contra un colectivo determinado», decidió intentar organizar por Instagram una «caza de moros» en Irún. «Hay que salir a limpiar los barrios de ratas asquerosas», decía una de las convocatorias, que alentaba a ir «bien armados» adjuntando emoticonos de cuchillos. Su condena, dictada por la Audiencia de San Sebastián en octubre, fue de un año de prisión.
La homofobia, una lacra en las redes
Otro de los objetivos habituales del odio en las redes sociales son las personas a las que se las ataca por motivo de su identidad o condición sexual. A finales del año pasado, el Tribunal Superior de Justicia de la Región de Murcia ratificó en noviembre una condena que ejemplifica el cambio de tendencia en la sociedad y los tribunales españoles.
El magistrado Fernando Ferrín Calamita, un juez que durante años presumió de haber intentado paralizar en los tribunales a una pareja de mujeres lesbianas en la que una intentaba adoptar a la hija de la otra, fue condenado por un delito de odio a 16 meses de cárcel.
Y lo fue no por su actividad en el juzgado, sino porque en 2020, cuando la niña ya tenía 12 años, el juez publicó en su cuenta de Facebook una carta dirigida a ella difundiendo el bulo de que había sido abandonada por sus madres. A pesar de que pidió disculpas más tarde, y de que este caso ya le costó la inhabilitación por parte del Tribunal Supremo en 2009, el TSJM ratificó su condena después de que las madres denunciasen una situación de acoso por su parte.
