El hasta hoy número 3 de Transportes, Jesús Manuel Gómez, entendió que fue el entonces ministro de Transportes, Jose Luis Ábalos, quien validó que se duplicara la compra inicialmente prevista de mascarillas –de 4 a 8 millones de unidades– que se adjudicó a Soluciones de Gestión, la empresa investigada en el caso Koldo. El cambio de opinión sobre las necesidades de EPI en este organismo público tuvo lugar en tan solo 38 minutos, según obra en el informe de auditoría realizado por el propio Ministerio del que ha dado cuenta este viernes su titular, Óscar Puente, en el Senado.
El informe, de 89 páginas, incluye el resultado de una entrevista realizada por los auditores al alto cargo defenestrado este viernes –recientemente imputado en la causa que se instruye en la Audiencia Nacional-– en la que preguntado por este cambio Gómez manifestó que el entonces asesor del ministro Koldo García le dijo que “el proveedor suministraba 8 millones o nada”. Por su parte, «entendió que esta decisión venía avalada por el ministro pues, de hecho, la nueva Orden para adquirir un máximo de 8 millones de mascarillas vino firmada por él«.
Puente anunció el cese del subsecretario de Transportes y la petición al presidente de Adif, Ángel Contreras, de que cese también al director general de Gestión de Personas de esta entidad, Michaux Miranda –igualmente imputado– al concluir su comparecencia parlamentaria, en la que dio cuenta de la auditoria.
El informe contiene todo un rosario de irregularidades en relación con los dos contratos adjudicados por Transportes, que fueron el ya mencionado de 8 millones y un segundo de 5 millones de tapabocas para Adif, por 20 y 12,5 millones de euros, respectivamente.
Un cambio en 38 minutos
En relación con la justificación del alcance de la emergencia de mascarillas en Transportes al inicio de la pandemia de covid, el informe detalla que éste «se duplicó, pasando de 4 a 8 millones de mascarillas en 38 minutos», incluso después de que la Orden ha sido firmada. «El único dato obrante en el marco de la auditoría en relación con dicha duplicación es que habría señalado que la empresa ofrecía 8 millones o nada».
Además, la oferta de la empresa adjudicataria fue aceptada por el órgano de contratación «sin que existiera mayor motivación para el órgano de contratación que su procedencia del Ministerio (al parecer, del Gabinete del Ministro)», agrega el documento.
A la pregunta sobre los motivos para aprobar una nueva Orden ministerial de adquisición y distribución de 5 millones de mascarillas, el subsecretario respondió a los auditores que no recordaba quién decidió que fueran 5 millones, «pudo ser el propio ministro». Dijo también que no sabían qué necesidades había de la primera Orden (la de los 20 millones).
Declaración de Puente
Tras tener conocimiento del cese de Gómez, la asociación Liberum –personada en el caso Koldo en la Audiencia Nacional– ha solicitado al juez Ismael Moreno que cite al ministro como testigo. Lo hace en un recurso contra la decisión del titular del Juzgado Central de Instrucción número 2 de permitir que el subsecretario fuera defendido en la causa por la Abogacía del Estado.
La auditoría detectó además otras muchas anomalías, como por ejemplo que la comunicación entre el órgano de contratación y el Ministerio de Transportes, o, más bien, con Koldo García, era “continua”.
La auditoría también señala las irregularidades que existieron en la entrega del material. A pesar de que, es cierto que en ese momento los envíos no podían ser tan fácilmente predecibles, el informe destaca que la oferta inicial era que las mascarillas fueran en un solo vuelo y que llegaría en 48 horas. De hecho, se comprometieron a que fuera el 23 de marzo, apenas una semana después de declarar el estado de alarma.
Muchos vuelos
Sin embargo, “finalmente fueron siete vuelos, siendo el primero en la madrugada del 28 de marzo y el último el 8 de mayo” para transportar esas 8 millones de mascarillas. Apesar del volumen de la entrega, “no consta acto formal de recepción ni de liquidación del contrato de suministro”.
La orden ministerial tampoco obligaba a Puertos a hacerse cargo de la distribución, pero lo hizo igualmente. “No se realiza una motivación de la elección del adjudicatario, si bien en aquel momento encontrar empresas suministradoras de mascarillas podía ser complicado, se considera que la oferta de logística probablemente no era tan limitada”, destaca la auditoría. Una adjudicación directa que se le dio a Raminatrans por 300.000 euros sin IVA.
Para la compra de 5 millones de mascarillas destinadas a Adif se llevó a cabo un estudio de mercado y quedaron dos empresas: Soluciones de Gestión, la empresa de la trama, e Injoo Technology, “resultando mejor valorada y siendo más ventajosa económicamente” la oferta de esta última. Sin embargo, finalmente se decantaron por la empresa que había elegido Puertos del Estado, a pesar de que “no todos los departamentos de Adif consideraban adecuada la elección”.
