La Policía Nacional ha desmantelado un piso prostíbulo en el centro de Alicante y liberado a trece mujeres extranjeras que eran explotadas sexualmente en las instalaciones, según ha informado la Comisaría de Alicante Las mujeres eran obligadas a ejercer la prostitución 24 horas al día bajo unas condiciones lamentables de salubridad. Un total de trece mujeres han sido liberadas y cinco personas han sido detenidas en la operación, entre ellas la presunta cabecilla de la organización, de la que se estima que pudo obtener un beneficio anual de 500.000 euros durante veinte años. El establecimiento, que estaba registrado como empresa de masajes, ha sido clausurado.
La operación se ha llevado a cabo como consecuencia de que la Policía haya observado un traslado de la prostitución ejercida en los tradicionales clubes de alterne hacia domicilios particulares o pisos de citas. Desde la Comisaría se tuvo conocimiento de que en un piso céntrico de la ciudad, había mujeres extranjeras presuntamente sometidas a ejercer la prostitución, por lo que establecieron un dispositivo especial que terminó por confirmar las sospechas policiales.
Los agentes observaron que, sobre el edificio donde se encontraba la vivienda investigada, había un trasiego inusual de varones. Además, el piso en cuestión, estaba registrado como domicilio social de una empresa de masajes. Por último, se hallaron en páginas web y redes sociales, anuncios vinculados a la prestación de servicios sexuales que terminaban por conducir hacia ese lugar a los clientes.
Una vez cerciorados los investigadores de que la información que manejaban era completamente fidedigna y, tras identificar plenamente a los responsables del grupo criminal, se llevó a cabo la explotación de la operación que culminó en dos fases.
El registro del piso
En una primera fase de la operación, los agentes llevaron a cabo la entrada y registro en el domicilio, localizando dentro del mismo a tres de las investigadas que resultaron detenidas y a las mujeres víctimas del delito, localizando a una cuarta investigada en otra vivienda de la ciudad.
Las víctimas no sólo eran obligadas a “trabajar” las 24 horas del día, durante los siete días de la semana, con tan sólo dos horas diarias para el descanso, condicionado esto a que no tuvieran que atender a ningún cliente, sino que también eran conminadas a vender droga a los clientes e igualmente a consumirla para aguantar las extensas jornadas e insalubres condiciones de trabajo impuestas por sus proxenetas.
Imagen del material intervenido durante la operación. / Información
Asimismo, a pesar de vivir en el domicilio, las víctimas no tenían habitación asignada, teniendo que dormir a veces hacinadas en la mesa de la cocina, dado que la alta demanda de los servicios sexuales imposibilitaba que pudieran pernoctar en las habitaciones, proporcionándoles una sábana a cada una, la cual debían utilizar tanto para dormir, como para la práctica de los servicios que realizasen.
En el registro, se intervinieron 18 envoltorios de cocaína de medio gramo cada uno, preparados para su venta y una bolsa con otros 40 gramos de dicha sustancia, además de 2.000 euros en efectivo y diversa documentación que probaba la explotación sexual de las víctimas.
Medio millón de euros de beneficio anual
Tras la liberación de las víctimas y, gracias a los nuevos indicios hallados en la vivienda, se obtuvieron contundentes pruebas sobre la identidad de quien, presuntamente, ejercía de cabecilla del grupo criminal, a la sazón dueña del piso, por lo que en una segunda fase fue localizada y detenida en su propio domicilio.
En el domicilio de esta última detenida, se intervinieron alrededor de 50.000 euros y diversa documentación relativa a la explotación sexual de las víctimas, incluyendo libretas de contabilidad de las que se pudo inducir que, la arrestada, llevaría alrededor de 20 años desarrollando esta actividad durante los cuales, habría ganado a costa de sus víctimas unos 500.000 euros al año.
Las cinco arrestadas, por delitos relativos a la prostitución, contra la salud pública y pertenencia a grupo criminal, eran de nacionalidades española, colombiana y rumana, y sus edades estaban comprendidas entre los 27 y 51 años. En cuanto a la líder del grupo criminal, dada la gravedad de los hechos y el riesgo de fuga, el Juzgado de Instrucción decretó su ingreso en prisión, así como la clausura definitiva del establecimiento.
