La vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, afirmó durante una visita a Rota (Cádiz), este miércoles, que el borrador de los nuevos Presupuestos Generales del Estado (PGE) de 2024 está «muy avanzado». Su aprobación será, junto a la inmigración irregular y la reforma de la Ley de Extranjería, el gran reto del Gobierno en este nuevo inicio del curso político. Para ello, tendrá que lidiar con los dos partidos independentistas de Cataluña que sostienen la mayoría de investidura en una ecuación de siete fuerzas. Las negociaciones, en las que PP y Vox quedan descartados por Montero por no considerar que tengan interés en negociar, echarán a andar en septiembre, a la vuelta plena de actividad. Las afrontará con «mano tendida y diálogo permanente» con todos los grupos «que quieran que España cuente con presupuestos».
No obstante, y como ya ocurrió a principios de año por el adelanto electoral catalán del expresidente Pere Aragonés, el diálogo para las nuevas cuentas se verá afectado por la coyuntura partidista. Tanto Junts como ERC tienen previstos congresos políticos en octubre y noviembre, al que se une el del socio prioritario del Gobierno, Sumar. Y de ellos, pueden salir dos posturas más ariscas y condicionantes con Moncloa. Cabe destacar que Junts tumbó los objetivos de déficit y deuda fijados por el Gobierno en el último pleno extraordinario de julio. Por lo que el Congreso deberá dar ese paso sine qua non y primigenio, para ponerse a avanzar en los Presupuestos. El Ejecutivo se asegura sortear el veto del Senado a la senda de estabilidad, al haber añadido una enmienda para ello dentro de la Ley de Paridad.
De hecho, ayer por la tarde, los republicanos trasladaron un comunicado advirtiendo al PSOE: si hay un incumplimiento en relación a la financiación singular pactada para la investidura de Salvador Illa en Cataluña, «ERC retirará su apoyo y los socialistas tendrán que buscar otras alternativas o convocar elecciones«. Lo hicieron después de que la propia Montero rechazara denominar como «concierto económico» el consenso con ellos. «Sabe perfectamente lo que firmó, aunque no quiera llamarlo así» y «en un contexto de presión» de las comunidades. La izquierda independentista, de este modo, mostró capacidad de condicionamiento a los socialistas.
La respuesta tardó unas horas. Fuentes de Hacienda se comprometen al cumplimiento íntegro del acuerdo, aunque insisten en que «este es un debate nominal estéril». «El Gobierno está comprometido con lo pactado y abre un nuevo paradigma. Pero no pone que sea un acuerdo para un concierto, lo que no implica restarle importancia o valor», añaden en conversaciones con El Independiente.
Al margen de la financiación, de no poder legislar las cuentas por tensiones con sus socios, el Gobierno quedaría notablemente tocado, arrastrando una deriva de al menos una decena de votaciones perdidas a finales del ciclo anterior. Conseguirlas llenarían de oxígeno a los socialistas, al contrario, frente a la presión de oposición del PP. Sobre todo con aspectos como el migratorio. Este martes los populares tomaban la iniciativa parlamentaria aprovechando el arrinconamiento del PSOE, sin capacidad de tener el apoyo de Junts en esta materia.
Desde ERC no se habla, en cambio, de tumbar los Presupuestos. El trámite de la financiación exigirá un debate profundo en el tiempo más allá entre el Estado, Cataluña y el resto de las autonomías, que se verán de un modo u otro afectadas. Montero trasladó tranquilidad a las del mismo color político, pero también a las contrarias al PSOE. Ambas inquietas. Hay que destacar la Castilla-La Mancha de Emiliano García-Page, pero también la Asturias de Adrián Barbón. Ambos defienden el «no» al concierto. Sin dar detalle alguno, Montero sostuvo que el nuevo encaje se guiará por la «solidaridad» y que será «beneficioso» para todos. Como adelanto, en estas cuentas ya estará presente la financiación, en todo caso. Los territorios quieren mayor margen de déficit, y el riesgo a una nueva prórroga los dejaría muy limitados. Será una exigencia en el PP.
Un adelanto de ERC
Tras las elecciones catalanas y el apoyo al PSC, más allá de la dinámica pactista con Sánchez ya desplegada desde 2020 en el Congreso, ERC ha quedado en una posición de debilitamiento patente. Junts ya amenazaba su influencia entre los electores independentistas por el desgaste que suponía el respaldo al PSOE, pero las elecciones autonómicas certificaron el desplome regional y el adelantamiento de los de Carles Puigdemont. Pasaron de 33 a 20 escaños catalanes. Tras la renuncia de Oriol Junqueras de la presidencia al apreciar la falta de apoyos y el deterioro con su tándem con Marta Rovira, para que se produzca un debate interno en la formación, los republicanos deberán elegir su nuevo liderazgo. Se volverá a presentar Junqueras, con una apuesta continuista, y competirá con su hasta la renuncia segunda, Rovira, la actual secretaria general, quien defiende renovar las voces del partido y el rumbo para recuperar solidez.
Frente al pragmatismo de Junqueras, ejercido hasta el momento, un replanteamiento estratégico podría desencadenar en un tensionamiento en el trato con el Gobierno. A quien le une el corte social de medidas, pero a quien aleja los objetivos independentistas en los que entra a competir con Junts. Rovira, de hecho, ya viene advirtiendo, como ha hecho en las últimas horas ERC, de que cualquier incumplimiento en relación al cupo catalán haría caer a Sánchez. Representan a las dos facciones, en definitiva, mayoritarias del partido.
Una victoria de Rovira podría hacer que ERC avance hacia una postura de tensión con el Gobierno central
Hay un movimiento que puede ser fundamental para el Gobierno. Y es que Junqueras quiere que se adelante el cónclave del 30 de noviembre a finales de septiembre. Solventar el trámite para entonces, daría algo más de aire al Ejecutivo para las negociaciones. La razón del republicano: que Rovira cuente con menos tiempo para configurar una alternativa ganadora.
Junts decide su estrategia
Junts desarrollará su congreso los días 26 y 27 de octubre. Hay dos objetivos de por medio. El primero, y motivo del adelantamiento del evento a ahora respecto a 2026, es la renovación del liderazgo de Laura Borrás, cuya confianza interna se ha ido achicando. Especialmente, por la condena judicial por trocear contratos públicos para beneficiar a un conocido durante su etapa al frente de la Institució de les Lletres Catalanes. Ahí entra en juego el papel que decida tener Puigdemont, quien prometió en campaña que si no era president dejaría la política. El actual líder de facto de los neoconvergentes ha sido reclamado para ocupar la presidencia por figuras de peso como Xavier Trías.
Por otro lado, el objetivo de crecer a costa de ERC entre el público independentista es la senda que más en peligro puede poner la sostenibilidad del Gobierno. Se aprecia atendiendo a la reacción de Junts, en palabras de su portavoz parlamentaria en el Congreso, Miriam Nogueras, quien a última hora de la tarde acusaba a ERC de «mentir» sobre su pacto de investidura con el PSC. «No tiene ninguna credibilidad cuando amenaza con retirar su apoyo al PSOE, en cinco años ha sido incapaz. Junts sí lo ha hecho, y cuando nos hemos tenido que plantar lo hemos hecho», dijo para reivindicarse. La nueva mayoría política en la Generalitat es, para Nogueras, producto «de un engaño», valoró tras las palabras de Montero y de ERC.
La estrategia que perfilará Junts será la de partido de oposición al nuevo mandato del PSC, con los republicanos como socio externo. Hasta entonces, los maximalismos son previsibles para llegar con fortaleza y tener de cara el apoyo de la militancia. Lo que pone más en riesgo esas cuentas a las que aspira Montero tras un año en blanco. A diferencia de ERC, la marca reivindica, en palabras de Jordi Turull, que la cita «no es para recomponer el partido, sino para relanzar el independentismo desde el liderazgo de Junts«
La asamblea de Sumar, también en otoño, va orientada a renovar el encaje de los socios dentro del partido y refrescar los objetivos dentro del Gobierno. Pero difícilmente derivará en una mayor dureza de los magentas hacia el PSOE. Si bien, dentro del grupo plurinacional del Congreso de los Diputados, socios como Compromís o Chunta Aragonesista, especialmente al calor de la financiación regional, están aumentando las tiranteces.
El compromiso de Sumar, ahora bien, es añadir sí o sí la prestación universal de crianza de 200 euros hasta los 18 años o la continuidad de los impuestos a la banca o a las energéticas. Esto último, que también exigen ERC, Podemos o EH Bildu, es una línea roja para PNV o Junts, lo que complicará aún más el entendimiento.
