El Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones ha presentado una nueva propuesta a patronal y sindicatos para reformar el sistema de pensiones. El departamento liderado por Elma Saiz ha retirado su propuesta de exigir tener cotizados un mínimo de 38 años y medio para poder acceder a la jubilación parcial sin contrato de relevo asociado tres años antes de la edad legal de jubilación, es decir, a los 62 años. Y cuando hubiere un contrato de relevo asociado, el nuevo planteamiento pasa por elevar de 33 a 34 años los mínimos trabajados, según han hecho público los sindicatos tras la reunión de diálogo social mantenida este martes.
Las conversaciones iniciadas el pasado diciembre superan los siete meses de duración y el objetivo de alcanzar un principio de acuerdo antes de que finalice julio, tal como se planteó el Gobierno, parece complicado. Al menos a tenor de las declaraciones realizadas este martes por las centrales sindicales.
«De momento, tanto los elementos de avance como los de preocupación nos hacen tener dudas sobre que esa cuestión [preacordar antes del 31 de julio] se pueda plantear, pero vamos a trabajar en los próximos días para poder ver si es posible alcanzar un acuerdo», ha afirmado el secretario de políticas sociales de CCOO, Carlos Bravo. «Tenemos que ver punto por punto, […] hemos quedado emplazados a una nueva reunión el próximo lunes 29 de julio«, ha afirmado la secretaria de política institucional de UGT, Cristina Estévez.
La patronal, como suele ser habitual tras los cónclaves del diálogo social, ha declinado hacer declaraciones al respecto. Y el Ministerio, por su parte, tampoco ha valorado si considera que ha habido avances o no y se ha limitado a confirmar la fecha de la próxima reunión, a dos días de finalizar el mes. Si bien el 31 de julio es una fecha límite compartida, esta es orientativa y no hay ninguna obligación de cerrar antes de la misma los detalles de la reforma.
Encallados en la jubilación parcial
Uno de los puntos que separan actualmente a las partes es la jubilación parcial. Los sindicatos acusan al Gobierno de querer introducir, indirectamente, un sesgo de género en detrimento de las mujeres. Ya que al endurecer los requisitos de acceso por la vía de exigir más años cotizados, las mujeres, que hasta ahora se han caracterizado por una incorporación más tardía o intermitente al mercado laboral, sean las más excluidas.
En la anterior reunión el Gobierno movió ficha y planteó endurecer los requisitos de acceso, a cambio de permitir adelantar un año adicional -pasando de dos a tres- la posibilidad de acceso a la jubilación parcial. Uno de los elementos considerados más lesivos por los sindicatos era exigir 38,5 años cotizados como requisito para adelantar un año, es decir, avanzar tres años en vez de dos, para acceder a este tipo de retiro escalonado, siempre que no estuviera aparejado a un contrato de relevo. Ahora, según ha hecho público CCOO, el Ejecutivo habría retirado dicha oferta.
Como contrapropuesta, la Seguridad Social ha planteado mantener esos tres años de adelanto, pero elevando los años mínimos cotizados para acceder a la jubilación parcial con contrato de relevo. Es decir, que cuando alguien reduce su jornada, la empresa contrate a otra persona para cubrir las horas que el jubilado parcial deja de trabajar y uno le haga el relevo al otro.
Aquí las centrales reclaman un punto que difiere de las demandas patronales. Y es que las centrales quieren regular la calidad del empleo de ese relevista y reclaman que tenga un contrato indefinido a tiempo completo, en un puesto de trabajo no amortizable -es decir, que sobreviva más allá de la jubilación total del veterano- y con una base de cotización mejor que el anterior -es decir, mejor sueldo-.
Coeficientes reductores, mutuas y jubilación activa
La jubilación parcial es un punto de disenso, pero no el único. La mesa de diálogo social está abordando también reformar las condiciones para acceder a la jubilación activa, es decir, aquellos empleados que una vez alcanzan la edad legal de jubilación acceden a la misma, pero mantienen un empleo y compatibilizan pensión y salario. Ahí el Gobierno plantea endurecer las condiciones al inicio del acceso, para mejorarlas a medida que el pensionista alarga su carrera profesional, algo que no convencen a los representantes de los autónomos.
Los agentes sociales también están negociando para cambiar los coeficientes reductores, que permiten a determinadas profesiones -las teóricamente más desgastantes- jubilarse a una edad más temprana sin que ello perjudique a su futura pensión. Estas y otras cuestiones, como pactar un protocolo para derivar trabajadores de baja a las mutuas, están todavía en liza y pendientes de acordarse antes de poder concluir la negociación.
