Han pasado tres semanas desde que el PSOE y ERC alumbraron un acuerdo que fijaba un nuevo modelo de «financiación singular» para Cataluña. Tres semanas en las que no han cesado las críticas, tanto en la oposición como en los partidos que forman el Gobierno de coalición. En el PSOE, distintos barones cargaron duramente contra la propuesta y advirtieron que no consentirían una reforma que concediese privilegios a unas comunidades frente a otras. Mientras, distintos sectores de Sumar también se opusieron, por romper la solidaridad entre territorios. El ala socialista del Gobierno arranca ahora el nuevo curso tratando de calmar las aguas, garantizando que regirá la «igualdad» entre españoles y abonando la idea de que lo acordado para Cataluña se hará extensivo a otros territorios.
El mensaje era claro y fue reproducido por distintos miembros del Ejecutivo a lo largo de este miércoles. «El Gobierno quiere lanzar un mensaje de tranquilidad», dijo María Jesús Montero, ministra de Hacienda y responsable última de una eventual reforma del sistema de financiación. «Seguiremos trabajando para garantizar la igualdad de todos los españoles en la financiación de los servicios sociales”, defendió. Una idea en la que insistía, casi al mismo tiempo, la ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, que en declaraciones a periodistas insistió en dar «mensaje de tranquilidad«.
Después de guardar absoluto silencio en estas tres semanas desde que se firmó el acuerdo, la también vicepresidenta del Gobierno reapareció en Rota (Cádiz) para marcar el camino discursivo y rebajar los términos de lo acordado. «Ni es un concierto económico ni es una reforma al uso del modelo de financiación«, sostuvo.
Las palabras de Montero rebelaron a ERC, que horas después lanzó un comunicado amenazando a Pedro Sánchez con retirarle su apoyo en el Congreso, dinamitando así la legislatura, y mencionando expresamente los Presupuestos Generales del Estado, el examen más importante que deberá afrontar en los próximos meses el Ejecutivo. «Si los socialistas incumplen su palabra con la financiación singular u otras medidas incluidas dentro del acuerdo, ERC retirará su apoyo y los socialistas deberán buscar otras alternativas o convocar elecciones», advirtió ERC, cuyos votos son necesarios para lograr una mayoría parlamentaria. Después de esta amenaza, fuentes del Gobierno se esforzaron en reiterar su «compromiso con el cumplimiento» del acuerdo y redujeron la polémica a un debate nominal.
«Garantizar la igualdad»
Si bien es cierto que el documento firmado por socialistas y republicanos no incluye el término «concierto», sí se contemplaba «impulsar un sistema de financiación singular que avance hacia la plena soberanía fiscal, basado en la relación bilateral con el Estado» y «cambiar el modelo de financiación común sobre un nuevo paradigma basado en la singularidad y bilateralidad y que sea la Generalitat la que gestione, recaude, liquide e inspeccione todos los impuestos soportados en Cataluña». Un sistema que también incluiría una «aportación a las finanzas del Estado» compuesta por dos patas: una, «el coste de los servicios que el Estado presta en Cataluña» y otra, una cuota de «solidaridad».
Pese a esto, la dirigente afirmó que la solidaridad «es el eje» del acuerdo y quiso hacer extensivo lo acordado para Cataluña para el resto de comunidades, en la suerte de café para todos que viene deslizando el Gobierno. «Tiene que haber tranquilidad en todos los territorios porque todo lo que el Gobierno impulse para hacer viable esa mayor aspiración que tiene Cataluña, y que también tienen otras comunidades autónomas». Después de asegurar que el acuerdo va a «garantizar la igualdad en todos los territorios», defendió que «va a ser bueno para el conjunto del Estado y para Andalucía».
La mención expresa a Andalucía no es baladí, puesto que la federación socialista del territorio, liderada por Juan Espadas, ha sido una de las que ha mostrado sus reticencias al pacto. «Los socialistas andaluces no estamos de acuerdo con un concierto económico catalán«, defendió el dirigente socialista, que reclamó un «nuevo modelo» por el cual se pondere «las singularidades de las comunidades de régimen común que garantice que cualquier ciudadano tenga acceso a los servicios públicos básicos en cualquier punto del territorio».
Oleada de críticas en el PSOE
Pero Espadas no fue el único. Nada más conocerse el acuerdo, el rechazo llegó desde distintos lugares del país en el PSOE. «No votaremos nada en materia de financiación autonómica que perjudique a Asturias», defendió el Adrián Barbón en Asturias. El líder de la federación socialista de Castilla y León, Luis Tudanca, fue otra de las figuras que más claramente se expresó, asegurando que el acuerdo «no se llevará a cabo nunca». «No vamos a defender ninguna quiebra del régimen común de financiación autonómica. No vamos a tolerar que haya un sistema singular que perjudique los intereses de Castilla y León».«Las comunidades más ricas deben aportar más a la solidaridad del sistema de financiación», ahondó Tudanca, en una oposición frontal al principio de «ordinalidad» que se recoge en el documento firmado entre PSOE y ERC, por el que las comunidades más ricas y que más recauden serán las que más perciban.
Una de las personas que más duramente se pronunciaron sobre le acuerdo fue el presidente de Castilla-La Mancha, el socialista Emiliano García-Page, que el pasado 31 de julio se revolvía contra al acuerdo anunciado por ERC, que calificaba como «obsceno, feo y bochornoso«. «¿Por qué abrimos la puerta a que una comunidad diga que tiene que recibir lo mismo que aporta? Es obsceno, feo y bochornoso este planteamiento», defendió. «¿Vamos a pasar de la mentira de que España lleva robando mucho tiempo a que la caja la gestionen ellos? Vamos, ni los hombres de negro de la Unión Europea», agregaba. «Estoy convencido de que mi partido no va a acabar avalando esto. Como presidente no me representa ese documento y no me vincula».
Tensiones en Sumar
En el socio minoritario de la coalición también han arreciado las tensiones, y distintos sectores de Sumar se han mostrado abiertamente en contra del nuevo sistema de financiación para Cataluña. El primero en hacerlo fue Compromís, que rechazó votar una reforma de este tipo si no se aplicaba también para la Comunidad Valenciana, y después lo hizo Izquierda Unida, que denunció la ruptura de la redistribución y la solidaridad interterritorial. Un argumento al que también se adhirieron dirigentes del núcleo duro de Yolanda Díaz como fue el máximo responsable económico del grupo parlamentario, Carlos Martín, que cargó duramente contra el acuerdo entre PSOE y ERC.
En Sumar trataron también de calmar las aguas y se pusieron en contactos con los distintos partidos, pidiendo posponer las valoraciones hasta la existencia de una propuesta de reforma concreta. La tesis del equipo de Yolanda Díaz, y que está extendida en el Gobierno, es que el acuerdo para Cataluña sólo podrá salir adelante si incluye también cambios favorables para el resto de comunidades autónomas. Si bien es cierto que la polémica interna cesó levemente en la coalición de izquierdas, la concreción parlamentaria de los cambios prometidos a Cataluña deja por delante meses de debate en los que está en juego la mayoría parlamentaria que sostiene al Ejecutivo.
